El Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro anunció sanciones al subdirector de la policía de Nicaragua Ramón Avellán, al Presidente del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell y al Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Roberto López.
Según el comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos, las sanciones responden a vínculos de los sancionados con actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Las sanciones se aplican de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua aprobada en 2018, conocida como Nica Act, indica el comunicado.
«Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso de derechos humanos y la corrupción «, dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich. «Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas», recalcó.
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Con esta acción, se congelarán los bienes y activos que tengan estos funcionarios públicos en Estados Unidos, así como cualquier empresa de la que sean propietarios o en las que tengan acciones. Al igual que en el caso de los otros sancionados, Avellán, Campbell y López, no pueden realizar transacciones bancarias en prácticamente todo el mundo, lo cual obligó a Ortega a cambiar de cargo a los funcionarios que fueron sancionados anteriormente.
Los delitos asociados
Ramón Avellán:
«Avellan llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales», dice el comunicado del Gobierno norteamericano.
Además lo acusa de haber dirigido la «Operación Limpieza en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Los ataques del PNN y la parapolicia bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos».
Lumberto Campbell
A Campbell lo relacionan con múltiples fraudes electorales desde su papel de dirigente del poder electoral y desde antes, como vicepresidente de la institución. «El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN», dice el comunicado.
Roberto López
Al Director del INSS, lo relacionan a actos graves de corrupción. «El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno», indica la misiva estadounidense.
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«El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma. El INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo», señala.
Con estos nuevos sancionados, asciende a 14 el total de funcionarios castigados por el Gobierno norteamericano con la Ley Nica Act, ya antes estaban en la lista: Roberto Rivas, Francisco López, Fidel Moreno, Francisco Díaz, Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau, Laureano Ortega, Gustavo Porras, Sonia Castro, Orlando Castillo y Óscar Mojica, además de una institución bancaria propiedad del conglomerado familiar de Ortega, El Bancorp.
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marcos Arteta
noviembre 7, 2019 at 11:41 pm
Excelente trabajo mis mejores saludos.