Una corte de la OEA concluyó que el secretario general Luis Almagro causó «daños morales, personales y profesionales» a Paulo Abrao por manifestaciones alteradas cuando no interrumpió su mandato al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la sentencia.
Abrao, un brasileño de reconocida trayectoria internacional, asumió como secretario ejecutivo de la CIDH en agosto de 2016 y en 2020, días después de que venciera su contrato, Almagro decidió no renovarlo en el cargo debido a decenas de denuncias en contra del funcionario presentado ante la Oficina del Defensor del Pueblo.
La CIDH fue favorable a renovarlo y calificó de «grave embate» la decisión de Almagro.
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Durante el tira y afloja, la CIDH y Almagro realizarán declaraciones públicas que según el fallo del tribunal administrativo ocasionaron «daños morales, personales y profesionales» a Abrao por lo que la secretaría general de la OEA deberá indemnizarle con el equivalente a 12 meses de salario , además de pagarle los gastos legales y costas.
La corte estima no obstante que el contrato terminó «por el vencimiento de su plazo» por lo cual Almagro no tendrá que indemnizar a Abrao por este motivo.
Consultada por la AFP, la oficina de la secretaria general de la OEA afirma que «siempre ha cumplido con las decisiones y recomendaciones del Tribunal» y hace hincapié en que la corte «reconoce que el contrato en cuestión feneció no por terminación decidida por la autoridad nominadora, sino por el vencimiento de su plazo».
En declaraciones a la AFP, Abrao considera que este punto también está a su favor debido a que la corte estima «que el contrato terminó porque indicaba una fecha de vencimiento», lo que equivale a que no fue «por otros motivos».
«Para mí eso es una victoria muy significativa porque limpia mi nombre», declaró el jurista sobre este fallo judicial con fecha del 21 de octubre.
Abrao asegura que para él lo principal era saber si Almagro había cumplido con los requisitos formales y que «el tribunal dijo de manera contundente que no, que no lo hizo».
La AFP se puso en contacto con la CIDH, que declinó hacer comentarios al respecto.
Dos de los seis jueces del tribunal emitieron una opinión discordante.
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