El procurador laboral José Antonio López del colectivo de abogados Defensores del Pueblo, asegura que el sector privado debe sentarse en la mesa de negociación del salario mínimo y exponer sus puntos de vista, y no solamente decir que no se sentaran a negociar un aumento salarial.
«Considero desatinado y desacertado que el COSEP no se presente a la mesa» manifiesta López y asegura que mientras los empresarios sostuvieron el modelo de diálogo y consenso con Ortega, siempre lograban ponerse de acuerdo para reajustar el salario mínimo a los trabajadores nicaragüenses.
El argumento de los sectores empresariales para no sentarse en la mesa de negociación del salario mínimo es que se necesita un acuerdo político antes de reformas económicas.
El empresario Michael Healy afirma que un aumento del salario mínimo «vendría a endurecer la situación económica de las empresas y de los nicaragüenses»
Sin embargo, López no cree en esa versión porque esto no se trata de un asunto político si no con el cumplimiento de la ley. «Aquí hay una Ley 625, Ley del Salario Mínimo y esa ley te dice que se va a basar en tres rubros, inflación, crecimiento económico y la canasta básica» expresa López.
Por su parte, el sindicalista de la Central Sandinista de Trabajadores Roberto González dijo a medios de comunicación que su criterio difiere de los grupos empresariales por diversos motivos.
Uno de ellos es que el año pasado no hubo negociación para reajustar el salario mínimo, por lo cual los salarios de los trabajadores permanecieron congelados mientras los productos de la canasta básica y los servicios encarecían.
Gonzalez resalta que tras no haber aumento de salarios, «todo ese dinero que se ahorraron prácticamente fue un subsidio que los trabajadores le otorgamos al sector empresarial».
Con el congelamiento del salario mínimo en 2019, los trabajadores absorbieron el incremento de más de 700 córdobas en la canasta básica desde que el gobierno aprobó una reforma tributaria, quitó exoneraciones y exenciones a varios productos de primera necesidad, por lo que la pobreza incrementó.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, la canasta básica ronda los 14 mil córdobas, y López comenta que desde el estallido de la crisis política, no ha habido crecimiento económico y tampoco ha habido aumento salarial mientras los productos y servicios aumentan de precio.
González explica que la canasta básica se incrementó, al rededor de 600 córdobas, de 13,400 a 14 mil, durante el año 2019 y asegura que la inflación acumulada del 2019 estaría sobre el 6%, mientras que el poder adquisitivo de los nicaragüenses se ha disminuido en un 5% en cuanto al aumento de los precios.
«Eso nos ha obligado a considerar seriamente en proponer un ajuste del salario mínimo del 5%» comenta López y agrega que hay preocupaciones porque según el BCN «hay dificultades con la información y el procesamiento de la misma porque un sector de la empresa privada que sobre todo està vinculado a la oposición no han estado entregando información que sirve de referencia para los análisis macroeconómicos».
El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, dice que aumento al salario mínimo no debería seguir justificándose con el contexto sociopolítico actual.
Para González, esto significaría «un boicot a las posibilidades de que haya un salario digno para los trabajadores nicaragüenses».
«Como es posible que el salario se mantenga estático y ahora la libra de arroz la estás comprando más alta, los frijoles más caros» cuestiona el procurador laboral del colectivo de abogados Defensores del Pueblo.
Tras no haber aumento salarial en la empresa privada el año pasado, «el COSEP no dijo nada, más bien se quedó encantado que no hubo aumento salarial a los trabajadores». Sin embargo, el vicepresidente del COSEP Michael Healy argumenta que no puede haber aumento salarial mientras no se cumpla con la norma base.
«La empresa privada ha estado recibiendo entre 1200 y 1500 millones de dólares en exoneraciones y dispensas a la Dirección General de Ingresos (DGI) manifiesta López y recuerda que hasta abril del 2018, al menos 43 miembros del COSEP formaban parte «del gabinete de gobierno de don Daniel Ortega, incluyendo al honorable y excelentísimo presidente del sector privado José Adán Aguerri como miembro directivo del Banco Central».
El procurador laboral José Antonio López del colectivo de abogados Defensores del Pueblo considera imprudente que el sector privado no se siente a negociar el salario mínimo. Foto: Nicaragua Investiga
Lòpez cuestiona que si antes de la crisis funcionaban los acuerdos tripartitos entre el Gobierno de Ortega, sindicatos y empresa privada para reajustar el salario mínimo, «¿Porqué ahora no va a poder funcionar? (…) yo creo que debe sincerarse la empresa privada con los trabajadores»
El argumento de los empresarios es que al haber un reajuste al salario mínimo, se tendría que despedir a màs trabajadores, pero para el procurador laboral López se debe buscar un acuerdo negociado entre los actores para no afectar a los nicaragüenses.
Por su parte, Michael Healy explica que además de su rechazo a un aumento salarial, el COSEP propuso al gobierno en diciembre del 2019 que eliminara los impuestos a los productos de la canasta básica para así no afectar a los nicaragüenses.
Asimismo, Healy advierte que si el gobierno de Ortega y los sindicatos llegan a un acuerdo para aumentar el salario mínimo, lo que se prevé es màs despidos y cierre de empresas.
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