En el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Nicaragua”, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, el régimen Ortega-Murillo promete no confiscar bienes y propiedades a los inversionistas chinos, pero sí expropiaría bajo “excepciones”.

Desde 2018 hasta la fecha, el régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado un significativo número de bienes y propiedades a críticos, a empresarios y a más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, lo que ha causado temor entre los inversionistas, por lo que se vio obligado a comprometerse a no confiscar a los chinos para así poder atraer inversiones del gigante asiático.

En el artículo 11.4 del Tratado de Libre Comercio (TLC), ambas naciones establecen que cada parte concederá a las inversiones cubiertas “un trato justo y equitativo y una protección y seguridad plenas”, esto de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

Sostiene que cada parte brindará un “trato no discriminatorio” respecto a las medidas que se adopten o mantengan en relación a pérdidas que pudiera tener los inversores producto de conflictos armados, estado de emergencia nacional o contienda civil.

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En caso de otro tipo de pérdidas causadas por un Estado al otro, se deberá proporcionar al inversionista “la restitución, la compensación, o ambas, según corresponda”, señala el inciso “b” del artículo 11.5.

Habrá expropiaciones

Pese a estas promesas de no confiscación, delito que incluso desde mucho antes es penado por la Constitución Política de la República de Nicaragua y que el régimen ha irrespetado, el TLC firmado con China establece que sí se puede expropiar cuando sea bajo “propósito público”.

Casi de inmediato de la expropiación o “nacionalización”, como también refieren en el extenso documento de 1,767 páginas, se deberá pagar “sin demora” el “equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada”. El proceso se deberá llevar a cabo “de manera no discriminatoria” y “de acuerdo con el debido proceso de su legislación nacional”, según se detalla en el artículo 11.6 del mismo documento.

Pese a estas promesas de no confiscación, el régimen ha violado las leyes de Nicaragua e incluso la misma Constitución Política, según han señalado en reiteradas ocasiones varios juristas. La Carta Magna prohíbe los procesos confiscatorios en el artículo 44.

En caso de presentarse algún conflicto entre las partes firmantes del TLC, el mismo documento establece que se deberán resolver en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

No se usará en yuan para pagar indemnizaciones

Y en cuanto al pago de las indemnizaciones por expropiaciones, el documento de 22 capítulos, establece que se deberán realizar en alguna de las monedas de libre uso establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que precisamente, de acuerdo a este organismo, no se toma en cuenta el yuan chino, solo el “dólar de EE.UU., el euro, la libra esterlina (Inglaterra) y el yen japonés”.

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El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China fue aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional en tiempo récord de 10 días. En ese poco tiempo se consultó, ratificó y posteriormente se publicó el viernes 17 de noviembre de 2023 en La Gaceta – Diario Oficial.

El acuerdo, que también se conoce como Decreto 8868, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024 y se espera que más del 90 por ciento de los productos de exportación de Nicaragua entren al mercado chino con preferencias arancelarias.