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Ortega confirma que robo por confiscaciones es millonario y amenaza a bancos que reclamen

El dictador dijo que investigará a bancos que al parecer reclaman por confiscación de propiedades que aun no han sido pagadas totalmente por los deudores.

Daniel Ortega confirma que son «varios millones» los que se ha tomado en propiedades inconstitucionalmente confiscadas a opositores, organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación desde que inició la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018.

Ortega hace estas declaraciones después de que una investigación del Observatorio Protransparencia y anticorrupción de Hagamos Democracia publicara una investigación que revela que el régimen se ha tomado al menos 135 propiedades con un valor estimado en 250 millones de dólares.

El dictador asegura que esas propiedades ya fueron declaradas del Estado y según él serán usadas para beneficiar al pueblo, aunque no ha dado a conocer un listado oficial de lo confiscado ni una cuantificación de las mismas, con los que vuelve a la discrecionalidad empleada durante los años 80 e inicios de los 90, cuando se calcula se apoderaron de más de 28 mil propiedades, incluyendo empresas y fincas.

“En estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero”, dijo el dictador ante un reducido grupo de simpatizantes que fueron convocados para celebrar el 129 aniversario del natalicio Augusto C. Sandino.

“Todas estas propiedades, varios millones que están en manos del Estado nicaragüense, ya el Estado las declaró propiedad del Estado para beneficio de los pobres, para invertirlo en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social”, dijo Ortega.

Amenaza a bancos y reaviva el temor

El dictador sandinista amenazó a los bancos al asegurar que “investigan” cómo se adquirieron muchos de estos bienes de opositores, pues según él “se estafaba para quedarse con propiedades de gente que con buena intención quería vender la propiedad”, e indicó que otra de las investigaciones es sobre “los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de otorgar un préstamo”.

Ortega no explicó claramente de qué acusa a los bancos, pero dijo que luego de tener resultados de esas supuestas investigaciones, aplicarán sanciones, porque los acusa de “cómplices”.

Al parecer los bancos se han quejado porque muchas de las propiedades que el régimen se ha tomado aun están prendadas porque no han sido canceladas por los deudores.

“Ahí están pegando gritos algunos bancos que mas bien parecen cómplices de los estafadores”, dijo Ortega, que agregó que “esa riqueza mal habida esta ahora en manos del estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud”.

El 17 de mayo, la Procuraduría General de la República publicó un comunicado en el que aseguraba que el gobierno respeta el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe clara y contundentemente la confiscación. Por lo que atribuyen el origen de las propiedades tomadas a “procesos de incautación” derivados, según ellos, de acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y comisión de delitos contra la seguridad ciudadana.

El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca + dijo que evidentemente la toma de propiedades del régimen no tienen nada que ver con incautación, porque el Código Penal establece que la persona debe ser condenada y en el caso de los confiscados no todos tuvieron un juicio y menos una sentencia firme.

«El que no exista seguridad jurídica impacta gravemente en la inversión que puedan hacer empresas extranjeras en el país» y sobre todo cuando es el mismo presidente quien amenaza a los bancos «por haber realizado préstamos, por haber realizado sus actividades normales», advierte Arce.

Además explica que aunque Ortega dice que estas propiedades son «para beneficio del pueblo», en realidad «al no existir ningún mecanismo de rendición de cuentas es imposible saber si la población tiene algún beneficio» y que lo que queda claro es que «la confiscación es uno de los nuevos elementos que está utilizando la dictadura para financiar su sistema de represión».

«Si se sigue con esta amenaza a la empresa privada el panorama que le espera a Nicaragua es muy desolador porque al no haber seguridad jurídica no hay inversión y al no haber inversión evidentemente se sume al país en una mayor pobreza, advierte el abogado.

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Afectados se pronuncian

Algunos de los afectados han reaccionado a lo declarado por Ortega. Miguel Mora, Director y propietario de 100% Noticias, un canal de televisión por cable allanado y confiscado en diciembre de 2018, indicó en sus redes sociales que “en el caso del robo y la confiscación de 100% Noticias, la dictadura sandinista no tiene manera de demostrar que la toma de nuestro canal proviene del narcotráfico o de alguna sentencia judicial”, además recordó que “la ONU ordenó al régimen la restitución del bien robado y el resarcimiento de los daños y perjuicios, así como del lucro cesante”.

Según Mora, solo el edificio del canal “tiene un valor de mercado de $900,000 según una tasación realizada por el Banco de Finanzas en 2018”.

“Solo por el alquiler de los metros cuadrados del edificio, la dictadura debería pagar, como mínimo, $5,000 al mes. Multiplicando esta cantidad por 65 meses, el total en concepto de alquiler asciende a $325,000”, explicó.

En una entrevista a Nicaragua Investiga publicada hace un año, Amaru Ruiz, Director de la confiscada Fundación del Río, asegura que a ellos el régimen les tomó, entre otras cosas, 22 propiedades, tres oficinas, un centro de capacitación, un centro de atención a la niñez trabajadora, casas de habitación de técnicos y radios comunitarias.

“Nosotros con nuestros abogados hemos tratado de investigar si hay un cruce legal de las propiedades, hacia qué actor y a quienes beneficiaron con la expropiación de esas propiedades, pero lo que nos hemos encontrado es que no existen legalmente un proceso de traspaso legal de esas propiedades”, indicó Ruiz, desmintiendo la versión de Ortega de que lo tomado está ya a nombre del Estado.

La primera piñata se sigue pagando

Durante los años 90 el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro creó los bonos de pago por indemnización BPI, con el objetivo de asegurar que el Estado pagara a los confiscados a cuotas anuales.

Se cree que unas mil de esas propiedades pertenecían a ciudadanos estadounidenses que lograron recuperar el dinero de lo confiscado por unos 2 mil 200 millones de dólares. La deuda de la primera piñata sigue siendo parte del presupuesto general de la república. En 2023 se pagaron 192.4 millones de córdobas en BPI.

 

Autor
Nicaragua Investiga

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