La Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este domingo por la noche, rodeó la casa del exjefe del ejército, Humberto Ortega, hermano y cuñado de los dictadores, y le quitaron teléfonos celulares y computadoras.
El mismo general en retiro, a través de cercanos, le comunicó al diario La Prensa que los policías rodearon su residencia en Carretera a Masaya y que para hoy está citado a declarar, en las oficinas centrales de la Policía en Plaza El Sol, ante Horacio Rocha, comisionado que estaba en retiro pero que Daniel Ortega rescató para utilizarlo como su mano derecha en temas de seguridad.
La acción policial contra el hermano del dictador se produjo horas después de que el medio argentino Infobae publicó una entrevista que Humberto Ortega les concedió y en la que afirma que muriendo su hermano no existe sucesión en la dictadura, ni a través de su cuñada Rosario Murillo ni por sus sobrinos, los hijos del dictador.
Además, en la entrevista, el general en retiro confirma que no tenía comunicación con su hermano, pero que este último lo llegó a ver en diciembre de 2022, debido a que está enfermo, y desde entonces conversan.
Afirma que han querido matarlo
Humberto Ortega anima a su hermano, de quien afirma que no es asesino, a negociar una salida que existe en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018, las que el dictador reprimió con armas de guerra y paramilitares, causando los asesinatos de más de 300 ciudadanos nicaragüenses.
Además, el exmilitar criticó a otros exmiembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista (FSLN) porque no escriben analizando la coyuntura del país, y que él sí lo hace. Pero, ahora, su hermano y su cuñada lo están mandando a callar.
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En una parte de la entrevista, en la que es cuestionado que él si puede hablar en Nicaragua porque se atiene a que es hermano de sangre del dictador, el general en retiro reveló que cercanos a su hermano han pensado en matarlo.
Y, también, Humberto Ortega aseguró que el ejército fue cómplice de los paramilitares que el régimen usó en contra de la población civil y desarmada en 2018.
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