A US$330 millones de dólares asciende la deuda que el Gobierno de Nicaragua adquirió en esta misma semana con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El BCIE informó en un comunicado de prensa publicado en su sitio web este miércoles 25 de septiembre, la aprobación de un nuevo financiamiento por US$130 millones de dólares, dirigido al programa de mejoramiento y ampliación en cuatro sistemas de agua potable de 5 ciudades de Nicaragua.
“Este Programa propone como objetivo general mejorar el nivel y la calidad de vida de la población en los municipios de Ocotal, Camoapa, Diriamba, San Jorge y Buenos Aires, mediante la ampliación y mejora de sus sistemas de agua potable”, indicó la nota de prensa del organismo.
Esto ocurre tan solo un día después que el mismo organismo multilateral renovó este martes 24 de septiembre, una línea de crédito por un monto de hasta 200 millones de dólares al Banco Central de Nicaragua (BCN), para inyectar liquidez a esa institución.
Este crédito fue celebrado por Rosario Murillo, quien lo anunció en uno de sus discursos transmitidos durante esta semana.
Estos nuevos créditos millonarios que el BCIE otorgó a Nicaragua, continúan financiando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar que este organismo ha recibido fuertes señalamientos por la inyección económica que brindó su anterior presidente al régimen.
Sin embargo, mientras la comunidad internacional ha dado la espalda al Gobierno de Ortega, el BCIE representado por su actual presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, continúa respaldando financieramente la dictadura sandinista.
Créditos millonarios del BCIE
Las críticas que ha recibido el organismo multilateral surgieron porque al mando de su expresidente Dante Mossi, desde 2018 a 2023, el BCIE se convirtió en el principal soporte financiero del régimen orteguista, al otorgar durante ese período un total de 2,068.5 millones de dólares.
Actualmente, el expresidente del BCIE, Dante Mossi enfrenta un acusación en su contra por parte del mismo organismo en una corte de Estados Unidos, por incumplimiento del deber fiduciario, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Ley de Organización Federal para organizaciones de influencia corrupta y de extorsión).
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