El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó su más reciente informe sobre los Indicadores del Sistema Bancario y Financiero (SBF) al mes de noviembre de 2024.
El documento muestra un panorama positivo para la actividad bancaria nacional, gracias al aumento en la colocación de créditos, impulsado principalmente por la cartera de consumo e industrial, así como por el incremento de los depósitos del público.
Según el informe oficial, la cartera de crédito aumentó en 19.1% de forma interanual, mientras los depósitos del público crecieron en 9.4%.
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El BCN también subrayó que la morosidad se mantiene baja (1.6%) y que la liquidez continúa por encima de lo establecido, con una proporción de 32.4%.
De acuerdo con el reporte, los recursos adicionales en el sistema bancario se destinaron, en gran medida, al incremento de la cartera bruta de créditos (C$ 33,141.0 millones) y de las inversiones (C$ 3,930.2 millones).
La institución asegura que la calidad crediticia continúa siendo “adecuada” gracias a la alta proporción de cartera vigente (94.7% de la cartera bruta total).
Nueva ley: mayor poder para el régimen sobre el sistema financiero
Este anuncio del BCN se produce pocos días después de que, el pasado 26 de diciembre de 2024, la dictadura de Daniel Ortega aprobara la “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero”, concediendo al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos facultades más amplias para solicitar información económica y financiera de todas las personas con residencia en Nicaragua, sean nacionales o extranjeras.
La nueva norma obliga a entregar datos detallados de carácter económico y regulatorio a estas entidades, y contempla la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de resistencia al cumplimiento de inspecciones y supervisiones.
Organizaciones independientes y expertos han expresado preocupación por el alcance de estas disposiciones, pues temen que se utilicen con fines políticos o de persecución y no únicamente para supervisar la salud financiera del país.
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Mientras el Banco Central celebra los indicadores positivos del sector y su alto índice de liquidez y solvencia, la reciente ley introduce una fuerte capacidad de injerencia de las autoridades en la actividad de bancos y usuarios.
El temor de muchos es que el régimen de Ortega utilice este entramado legal para ejercer un mayor control sobre ciudadanos y entidades financieras, en un contexto en el que la vigilancia gubernamental se ha endurecido.
Para la comunidad nacional e internacional, la duda que queda es si estas nuevas facultades se aplicarán de manera estrictamente técnica y transparente, o si terminarán convirtiéndose en otra herramienta de represión financiera.