La Unidad de Análisis Financiera (UAF) publicó este viernes 17 de enero de 2025, en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa UAF-N-026-2025, que obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a reportar al Banco Central de Nicaragua (BCN) cualquier transacción de los usuarios nicaragüenses que supere los 1,000 dólares.
La medida busca centralizar la supervisión y rastreo de los movimientos financieros en plataformas digitales, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sin embargo, críticos del régimen advierten que estas disposiciones se suman a la escalada de control estatal, al obligar a empresas y usuarios a revelar información sensible y exponerlos a una vigilancia aún mayor.
Cada transacción que se realice desde un PSAV por más de 1,000 dólares deberá ser notificada cuando se considere sospechosa. Este reporte no solo incluye los detalles habituales de la transacción, sino también la identificación de la persona que la ejecuta y el beneficiario final.
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Los proveedores deberán ejercer un control estricto sobre las conexiones que se utilicen, revisando las direcciones IP con las que se efectúen las operaciones bancarias o digitales. Esto amplía la capacidad de rastreo, al asociar personas y ubicaciones con las transacciones virtuales.
La normativa permite a las empresas suspender o terminar contratos con clientes sospechosos de infringir la Ley 977 (Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
De no cumplir con la obligación de reportar y actuar contra estas transacciones, las licencias de operación de los proveedores serían revocadas.
La UAF considera sospechosos aquellos casos en que existan “hechos, conductas, comportamientos transaccionales, situaciones especiales, referencias, avisos o indicios” que, al combinarse con otros factores, evidencien la posible presencia de operaciones ilícitas.
Remesas bajo la lupa del régimen
Nicaragua depende fuertemente de las remesas familiares para sostener su economía, especialmente en un contexto de crisis política y social. Ahora, con esta nueva normativa, los envíos podrían enfrentar mayores retrasos o ser bloqueados bajo el pretexto de “monitoreo” contra el lavado de dinero.
Desde el año pasado, la administración de Daniel Ortega ha estrechado la vigilancia financiera con la aprobación, el 26 de diciembre de 2024, de la “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero”.
Esta legislación concede amplios poderes al Banco Central (BCN) y a la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) para requerir a cualquier persona —nacional o extranjera— datos de carácter económico y financiero, so pena de imponer sanciones o emplear la fuerza pública en caso de resistencia.
Bajo el artículo 24 de la citada ley, ambos órganos tienen potestad para solicitar información económica y financiera de manera ilimitada. Esto eleva su estatus a instancias casi policíacas, que pueden decidir sobre la validez de las operaciones y utilizar la fuerza pública de ser necesario.
La unificación de ambos ámbitos (monetario y bancario) bajo un solo órgano directivo elimina la posibilidad de contrapesos y supervisiones independientes. En el contexto de un gobierno autoritario, esto significa menos transparencia y más vulnerabilidad para ciudadanos, emprendedores y empresas críticas al régimen.
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Con estas normativas, cualquier persona o institución que sea percibida como opositora podría enfrentarse a investigaciones o auditorías arbitrarias, facilitando el hostigamiento a organizaciones civiles, medios de comunicación independientes o activistas. El pretexto legal se basa en la sospecha de “lavado de dinero” o “financiamiento” a movimientos contrarios al oficialismo.
Represión financiera
El nuevo marco legal y las disposiciones de la UAF, UAF-N-026-2025, no solo incrementan la presión sobre empresas y usuarios de activos digitales, sino que amplían las facultades de control y represión del régimen sandinista.
En un país donde las remesas son vitales para la subsistencia de miles de familias, este entramado normativo coloca el sistema financiero bajo la lupa gubernamental y amenaza con reforzar la persecución contra cualquier sector que se atreva a cuestionar o disentir del poder.
Mientras el régimen de Ortega alega luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo, las disposiciones actuales ponen en riesgo libertades económicas y facilitan el cerco a organizaciones y ciudadanos críticos con el oficialismo, consolidando un panorama cada vez más restrictivo y centralizado.
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