El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, advirtió a la banca privada que investigará y tomará medidas contra aquellos que obtengan ganancias cambiarias “excesivas” por encima de las ganancias ya garantizadas por los contratos de préstamos.
Reyes afirmó que el Banco Central está recopilando evidencia de casos en los que los bancos cobran tasas de cambio más altas que la tasa oficial, lo que para él es inaceptable y amenaza con actuar en cualquier momento.
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“La ganancia ya está garantizada con la rentabilidad de la inversión que ellos realizaron, que está expresada en la tasa de interés. Pero si ya encima de la ganancia, que ya está garantizada por el contrato del préstamo y se pretende realizar una ganancia cambiaria onerosa, eso lo vamos a revisar”, dijo Reyes en una entrevista este martes.
La tasa oficial de cambio que fijó el Banco Central es de 36.62 córdobas por un dólar. “Si observamos comisiones exageradas (de los bancos) que no tienen sentido, podemos actuar”, sentenció Reyes, quien mencionó que la nueva Ley de Administración Monetaria y Financiera establece que el Banco Central puede establecer límites a las comisiones de pagos.
Las nuevas reformas bancarias que implementó el régimen
El régimen hizo un nuevo ajustes al sistema bancario y financiero de Nicaragua, entre ellas la incorporación de dos personas ajenas al negocio en la junta directiva de los bancos, así como la nueva facultad de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), para intervenir en el proceso de jación de las tasas de interés en los servicios del Sistema Financiero Nacional.
Estos ajustes se hicieron en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, Ley de Reformas y Adiciones, y la Ley del Comité de Estabilidad Financiera.
Los bancos eran los que decidían quiénes integraban su junta directiva, la que debía estar estructurada con por lo menos cinco directores y suplentes.
Otro elemento que incorpora la reforma es que ahora será la Superintendencia de Bancos la que definirá la metodología que deben aplicar los bancos para el cálculo de los intereses que deben pagar a los depositantes en cuentas de ahorros y a plazo, una potestad que antes quedaba a discrecionalidad de las entidades financieras.
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