El pasado 13 de marzo se conoció que el gobierno de Estados Unidos puso la economía de Nicargua y la de otros 59 países bajo vigilancia con el fin de determinar si estas cumplen con la aplicación de regulaciones justas y efectivas sobre los derechos laborales y evitan el trabajo forzoso, cláusulas indispensables para ser sus socios comerciales.

Sumado a eso, la revisión que ejecutó Estados Unidos a finales del año pasado sobre la continuidad de Nicaragua dentro del DR-CAFTA tenía un enfoque importante en este punto y sobre todo en el trabajo infantil, que según decían el régimen Ortega-Murillo no se esforzaba en evitar.

Estados Unidos pone bajo vigilancia la economía de Nicaragua

Dictadura «pone su barba en remojo»

Consientes de los riesgos que implican estas investigaciones estadounidenses, la Asamblea Nacional, bajo total control del sandinismo, aprobó una reforma a la Ley 265 Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes.

En sus redes sociales, la Asamblea Naciconal explicó que el fin de esta reforma es «garantizar que las mercancías que ingresan al país no provengan de prácticas de trabajo forzoso y fortalecer los controles en el comercio exterior».

Para ello incorporan el artículo 16 «que establece que los operadores de comercio exterior deberán presentar una declaración certificando que las mercancías no han sido elaboradas mediante trabajo forzoso».

La reforma incluye que la Dirección General de Servicios Aduaneros pueda solicitar información adicional ante cualquier alerta sobre el origen de los productos y en caso de presunta falsedad, se activarán investigaciones junto a las autoridades competentes, aplicando también las sanciones correspondientes.

Sandinistas callan sobre sus razones

«Nicaragua prioriza el comercio justo y una participación ética en las cadenas de valor», dijo el diputado sandinista José Figueroa, que agregó que es necesario modernizar los estándares éticos del comercio exterior conforme el resto de paises de la región centroamericana.

«Con esta reaforma se reafirma la vocación del Estado nicaragüense y del gobierno de Reconciliación Nacional de erradicar en cualquiera de sus formas el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre o cualquier tipo de trata de personas», indicó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, sin reconocer que se vieron presionados por las investigaciones estadounidenses.

El pasado 18 de marzo Joseph M. Humire, subsecretario en funciones del Departamento de Defensa, afirmó de forma explícita durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el impacto de la Operación Resolución Absoluta —la acción militar que en enero de 2026 permitió capturar y sacar de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa— generó efectos directos en toda la región, entre ellos conversaciones de alto nivel con Cuba y este ajuste de postura por parte de Managua, que según dijo, se encontraba en fase de «cumplimiento».