La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley de Concertación Tributaria que cambia las reglas del juego para el sector de bebidas alcohólicas, gaseosas y azucaradas. El objetivo central, según el sandinismo, es trasladar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del punto de venta final (detallista) hacia los importadores y distribuidores.
El diputado sandinista José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, defendió la medida asegurando que con este ajuste “se fortalece el sistema tributario vigente asegurando la recaudación del IVA de manera ordenada y controlada en la cadena de comercialización de dichos bienes”.
Control sobre la evasión fiscal
Uno de los argumentos principales de la bancada sandinista es que el control fiscal es más sencillo cuando se trata con grandes empresas que con pequeñas pulperías o comercios locales. Figueroa explicó que la reforma busca brindar “seguridad jurídica, contribuyendo a un mejor control de la evasión tributaria y en la reducción de la complejidad contable”.
Según el legislador, el cambio es estratégico porque el distribuidor es un “negocio formal con registro contable, lo cual permitirá una fiscalización más efectiva, expedita y ordenada”. Al centralizar el cobro en estos eslabones de la cadena, el Estado reduce la cantidad de sujetos a fiscalizar, enfocándose en quienes tienen estructuras administrativas más robustas.
Es decir, el gobierno no quiere tratar con cientos de miles de pequeñas pulperías informales que no reportan impuestos y centrarse en las grandes empresas productoras o distribuidoras que tienen más dificultad para evadir. Así al aplicar el impuesto a ellos y no a las pulperías al momento de la venta se aseguran los ingresos.
Dinero inmediato
La reforma no solo busca orden, sino inmediatez en el ingreso de los recursos al Estado. Figueroa fue claro al señalar que la administración tributaria no quiere esperar a que el producto llegue al mostrador para percibir el impuesto.
Con el nuevo mecanismo, “se simplificará el trámite en la recaudación tributaria del IVA, ya que este se pagará en una etapa más temprana de la cadena de comercialización asegurando el ingreso fiscal sin esperar la venta de estos bienes al consumidor”, sentenció el diputado.
¿Qué implica esto para el consumidor?
Aunque el discurso oficial se centra en la «eficiencia contable», el pago anticipado del impuesto por parte de los distribuidores genera una presión financiera en la cadena de suministros.
Al basar el impuesto en el valor en aduana (para importados) y en el precio del distribuidor (para ventas internas), el Gobierno garantiza su cuota desde el primer día, dejando en manos de las empresas la decisión de trasladar estos costos operativos al precio final que pagan los nicaragüenses en las pulperías y supermercados del país, lo que podría traducirse en un aumento en los precios.
Además de bebidas alcohólicas, cervezas y vinos, esta reforma impacta también en bebidas gaseosas, agua gaseada, bebidas energéticas, puros, cigarros y cigarrillos.
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