Reforma a Ley del Consumidor ¿realmente beneficiará a sancionados?

La aprobación de reformas a la Ley de Protección de Personas Consumidoras y Usuarias generó fuertes polémicas por presuntamente tratarse de una iniciativa que obligaría a los bancos a mantener abiertas las cuentas de personas sancionadas por Estados Unidos. Los cuestionamientos crecieron aún más tras el comunicado de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) que sugería que Nicaragua podría incluso ser excluida del sistema financiero internacional al pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, este martes el economista Néstor Avendaño sostuvo a través de una entrevista en el oficialista TN8 que la reforma en realidad no obliga a las entidades bancarias a reintroducir a las personas sancionadas por Estados Unidos al sistema bancario comercial y que el anuncio de Asobanp fue una “acción precipitada” que maximizó la incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional.

Entran en vigor reformas a Ley que protege a sancionados

Nicaragua ha suscrito convenios con el GAFI y la UAF, y por ello el economista asegura que no es posible que personas sancionadas retornen a las entidades bancarias, sino que en todo caso establecería que se respeten los derechos de los familiares de los sancionados, y con ello alega que estarían aplacándose las polémicas.

Pero en cuanto a que, si los familiares podrían funcionar como testaferros de la persona sancionada, Avendaño sostuvo que es “ridículo” ya que los banqueros tienen la potestad legal de investigar si esos fondos que llevan los familiares tienen orígenes lícitos o ilícitos, y considera que una investigación a fondo “facilita disipar la preocupación que tienen de devolver los derechos que les inculcaron a los familiares de los sancionados”. Para el economista, lo que este tema necesita para llegar a un cierre final es que los bancos “recapaciten” a través de una aclaración formal de parte de las autoridades gubernamental donde digan abiertamente “señores nosotros seguimos adscritos al GAFI y a la UAF” y que por tanto no estará obligándose a ninguna entidad bancaria a beneficiar a ningún funcionario sancionado.

Dudas y más dudas

Otra experta en temas económicos que prefirió no abordar públicamente el tema, comparte que existen “diversas variables” y que aunque la Ley dice que no pueden restringir ese derecho a tener una cuenta bancaria, puede referirse a otros aspectos no necesariamente ligados al tema de las sanciones.

Destaca que es muy pronto para saber que estará sucediendo y que también depende de cómo lo manejara cada institución financiera. Sin embargo, agrega que fuentes bancarias le han informado que hasta el momento no han tenido ningún llamado sobre el tema por lo que hasta ahora no existen efectos directos por esta normativa.

La diputada Azucena Castillo, miembro de la comisión económica del Parlamento, coincide en que esto se verá en la medida en que algún afectado decida reclamar sus derechos como consumidor y espera que realmente no ocurra “ya que el sector financiero es muy delicado”.

“Esa ley puso a los bancos entre la espada y la pared, poniendo en peligro las relaciones del país con el mundo exterior, ya que se pueden perder corresponsalías que dejarían al país fuera de la comunidad financiera y del comercio al no poder realizar los trámites comerciales financieros de exportar e importar” alegó.

Por su parte, el economista Luis Murillo reconoce que el ordenamiento jurídico interno estaría rozando con el internacional con esta nueva reforma y que en todo caso las que terminarían privando son las normas internas de Nicaragua. Hasta el momento los expertos desconocen si esta normativa verdaderamente será en pro de las personas que han sido sancionadas durante los últimos años, lo que queda es esperar el proceder de las autoridades para definir la realidad de un posible riesgo del sistema financiero a nivel internacional.