Entran en vigor reformas a Ley que protege a sancionados

Expertos aseguran que la aplicación de esta Ley podría excluir a Nicaragua del sistema financiero internacional

Este martes fueron publicadas en La Gaceta Diario Oficial las reformas y adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, llamada por muchos como «Ley de Protección a Sancionados» debido a que la misma obliga a las entidades bancarias del país a mantener abiertas las cuentas bancarias de personas e instituciones públicas que han sido sancionadas a nivel internacional.

La Ley 842 fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 3 de febrero, esta establece que las entidades financieras del país no pueden cerrar las cuentas bancarias de ningún usuario a menos que «estén legalmente justificados». En el caso de incumplir con lo establecido, estas serán sancionadas con multas, y con cierre temporal o definitivo, por la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC) —instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio—.

Banca en riesgo

La medida ha sido tomada con alerta, pues expertos aseguran que esto podría excluir al país del sistema financiero internacional, al no tomar en consideración las medidas económicas que otros países han determinado en contra de algunos funcionarios.

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La Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) envió una carta a la comisión económica del parlamento alegando que con esta modificación a la Ley, Nicaragua podría pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual desarrolla políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Desde el sector privado nacional también se expresó preocupación, ya que la aplicación de esta normativa podría ocasionar el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior, la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito, entre otros efectos negativos.

Sin embargo, la aplanadora legislativa obvió las alertas y aprobó la reforma alegando que es una violación «a los derechos humanos» que una entidad financiera cierre la cuenta bancaria a una persona o institución que «legítimamente haya abierto».

Este mismo lunes el presidente de la comisión económica de la Asamblea, Wálmaro Gutiérrez, dijo en una entrevista televisiva que le provocaba «risa» escuchar que algunas personas consideran que la Ley es para apoyar a los 27 funcionarios cercanos a Daniel Ortega que fueron sancionados por la comunidad internacional, asegurando que esta en realidad es para supuestamente beneficiar a los 6.3 millones de nicaragüenses que habitan en el país.

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