Por Nicaragua Investiga y Café con Voz
La red empresarial del Ejército de Nicaragua opera gracias a varias personas, hasta hoy bajo las sombras, que figuran como beneficiarios finales en las compras públicas. Los abogados que elaboran las escrituras también son representantes de las empresas militares, jugando un papel de “juez y parte”.
El Ejército de Nicaragua está detrás de un entramado de opacidad estatal que le permitió ganar más de 16 millones de dólares en licitaciones públicas. Lo hacen por medio de 11 empresas que están conectadas por una red de beneficiarios finales que se repiten en cientos de contratos firmados para proveer a una institución y a otra. Pero además, hay un grupo de abogados de confianza que elaboran escrituras de estas sociedades, son representantes y hasta accionistas en otras.
Nicaragua Investiga y Café con Voz lograron obtener todos estos nombres y operaciones de los militares a través de consulta de escrituras, sitios webs, fotos públicas, diario La Gaceta, revista del Ejército y declaraciones finales de los registros mercantiles.
El teniente coronel Marvin Antonio Briceño Rivas, contador público, es una figura central en esta red donde aparece como beneficiario final de al menos ocho de estas empresas que sirven para llenar las arcas del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Briceño Rivas aparece en: Obras de Ingeniería SA (Obrinsa), Supermercado Cereales y Vegetales SA (Cervegsa), Construcciones Nicaragüenses Asociados SA (Coniasa), Prefabricados de Concreto de Nicaragua SA (Concrenic), GPC Productos de Concreto de Nicaragua SA (GPC de Nicaragua), Servicios Inmobiliarios y Turísticos SA (Seitsa) y Farmacéuticos y Conexos SA (Farcosa).
Julio César Avilés Castillo, el jefe de las fuerzas armadas y el que manda en la junta directiva del IPSM, es paisano de Briceño Rivas, ambos nacieron en el departamento de Carazo.
Avilés Castillo asumió el mando en 2010 y curiosamente Briceño Rivas fue ascendido a teniente coronel en 2012.
En el sitio web del IPSM, Briceño Rivas aparece vestido con uniforme militar, firmando un cheque junto a otro miembro de las fuerzas armadas, lo que refuerza los hallazgos de esta investigación de que él es el hombre de confianza para operar económicamente este conglomerado.
Una fuente que habló bajo anonimato por temor a represalias afirma que Briceño Rivas tiene una relación de confianza con Félix José Palacios Bragg, abogado que es “juez y parte” en varias escrituras de las empresas del Ejército.
En Farcosa, la empresa del Ejército que importa productos farmacéuticos al país, Briceño Rivas no es el único beneficiario final, también lo es Aleska Gabriela Aragón Jeréz, quien además es jefa de desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, R. L. (Credicoop).
Credicoop, según un reporte de Confidencial, se dedica a financiar negocios privados de la élite política y militar a través de testaferros.
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Los beneficiarios finales
En Ferretería Técnica SA (Fetesa) figura el teniente coronel Santos Uriel Treminio Ruiz como supuesto “beneficiario final”. Pero en una declaratoria que solicitó una institución como requisito para otorgar el contrato, aparece Briceño Rivas como la verdadera persona que está detrás de esta empresa.
En 2014, Treminio Ruiz fue citado en una nota de prensa del Ejército como Jefe del Estado Mayor del 6° Comando Militar Regional. Fue ascendido a coronel en 2018, habla a nombre de Avilés en discursos de la comandancia, como sucedió el 27 de noviembre de 2024.
Santos Uriel Treminio Ruiz en la tribuna dando un discurso con altos mandos militares. Foto | Ejército de Nicaragua.
El experto en contrataciones públicas consultado para esta investigación, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, explica que el sistema de contrataciones solicita este tipo de documentos para identificar a las personas detrás de las empresas que reciben fondos del Estado.
Sin embargo, enfatiza que los beneficiarios finales no siempre son quienes figuran como dueños de la empresa, ya que existen testaferros que utilizan prácticas corruptas para influir en las decisiones de adjudicación y obtener los contratos evadiendo las restricciones establecidas por la ley para asegurar la transparencia.
“Es necesario revisar la legalidad de estas empresas, quiénes están detrás de ellas y si se ha transgredido el debido proceso”, manifiesta un experto en temas de contrataciones del Estado que pidió permanecer en el anonimato.
Declaración final que evidencia que Marvin Antonio Briceño Rivas está detrás de Fetesa. Foto | Registro Público de Nicaragua.
Nicaragua Investiga posee una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de enero de 2024. Al cruzar los nombres de los involucrados, se verificó que estos están en la nómina de empresas relacionadas con el Ejército.
En los documentos oficiales aparece como beneficiario final en la Universidad Americana (UAM) el abogado Martín Alonso Amaya Montenegro, quien aparece extendiendo poderes y como representante en otras empresas del Ejército. Sin embargo, aparece como empleado del IPSM en la base de datos del Seguro Social.
En Industrias Toro SA, empresa que vende botas militares a las instituciones públicas, aparecen como beneficiarios finales Harold Borge García y Alex Milán Cajina Laguna, dueños de 100 y 55 acciones en esta empresa, respectivamente. Pero llama la atención que ambos son empleados de la empresa Parque Industrial Portezuelo SA, propiedad del Ejército. En ese lugar se encuentra la bodega central de Fetesa.
Los otros accionistas de Industrias Toro SA son apoderados de otras empresas militares y son notarios que también extiende escrituras de las mismas sociedades.
Borge García es gerente general del Programa de Atención Médica Especializada del Hospital Militar, tiene participación en los Activos Inmobiliarios de Centroamérica (AICSA) y figura como uno de los directores del Grupo Banco de Finanzas (BDF), todas empresas militares. Su suplente es Félix José Palacios Bragg, el amigo cercano de Marvin Antonio Briceño Rivas.
Félix José Palacios Bragg y Marvin Antonio Briceño Rivas, en un estadio de Nicaragua viendo un juego de Los Dantos, equipo de béisbol del Ejército.
Tres abogados “juez y parte”
En los documentos en poder de este equipo se revela que un grupo de cinco abogados elaboran escrituras de las empresas de los militares, pero también son representantes de otras, jugando el papel de “juez y parte”. El grupo lo conforman Félix José Palacios Bragg, Morris Horacio López Leiva, Juana Mercedes Calero Rocha, Laura Lucía Urtecho Jérez y Martín Alonso Amaya Montenegro.
Palacios Bragg es un veterano militar nicaragüense. Este abogado, Director de la Junta Directiva de la UAM, es uno de los de mayor confianza y el que está a la cabeza para operar en las empresas vinculadas al Ejército.
La información en LinkedIn indica que Palacios Bragg es el director jurídico del Fondo de Pensiones del Ejército y asesor legal del IPSM. Su domicilio profesional se encuentra en las oficinas del IPSM, ubicadas en el Sexto Piso del edificio “El Centro”, en el sector de Plaza España. El edificio es propiedad de las fuerzas armadas.
Escrituras donde aparece Félix José Palacios Bragg como notario en Cervegsa y Obrinsa.
Palacios Bragg renovó y otorgó un poder general de administración al contador público Domingo Enrique Carranza Mejía, el 5 de julio de 2013, para que representara a la empresa constructora Obrinsa. Carranza Mejía es dueño de 40 acciones en Industrias Toro SA, la empresa que es contratada por las instituciones públicas para suministrar botas militares.
Laura Lucía Urtecho Jérez es empleada del IPSM y tiene de cuatro acciones en Industrias Toro SA, pero además es otra abogada que realiza declaraciones finales de Cervegsa para su socio, Carranza Mejía, quien es empleado del Parque Industrial Portezuelo SA, propiedad del Ejército, según la base de datos del Seguro Social.
El 23 de noviembre de 2020, Urtecho Jérez otorgó poderes a Juan Francisco Ñurinda Alejo, otro contador público, para que fuera representante legal de Cervegsa. En estas escrituras se revela que el verdadero beneficiario final de Cervegsa es el IPSM.
Los abogados Laura Lucía Urtecho Jerez y Martín Alonso Amaya Montenegro, quienes son accionistas de empresas militares, extienden escritos para otras.
El abogado Palacios Bragg fue coronel, es originario de Jinotega y representante legal de la empresa Ultra de Nicaragua SA (Ultranic), dirigida por un grupo de ex militares que usan una red de “tráfico de influencias” para ganar contratos públicos, según una investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66.
Los otros abogados y amigos de Palacios Bragg
Morris Horacio López Leiva, amigo del abogado Palacios Bragg, realiza escrituras públicas para empresas vinculadas al Ejército y al mismo tiempo, es apoderado general de la empresa Industrias Toro SA (Intosa), la que es contratada por las instituciones públicas para suministrar botas militares.
El 16 de agosto de 2022, el abogado López Leiva renovó un poder general de administración para Jairo Miguel Gutierrez Baltodano, el arquitecto y gerente general de Fetesa.
Aunque Morris López se le ha visto con uniforme del IPSM en el pasado, en la base de datos del Seguro Social aparece como empleado de Fetesa. Se graduó en Derecho en la UAM y aparece como representante legal en las conferencias de prensa del equipo de béisbol “Los Dantos”, empresas controladas por el Ejército.
Morris Horacio López Leiva es representante de Industrias Toro, Los Dantos y renueva escrituras para Fetesa, la otra empresa del Ejército.
Otros abogados jugando doble papel en las escrituras
En la trama hay otros abogados que juegan doble papel en las escrituras de las empresas de los militares. En estos documentos se comprueba que un jefe en brigada está detrás de al menos dos empresas.
El 30 de enero de 2016, la abogada Juana Mercedes Calero Rocha, renovó y otorgó un poder general de administración para la UAM, donde Félix José Palacios Bragg es director.
Sin embargo, Calero Rocha no solo hace este tipo de documentos, sino que es representante legal de Obrinsa, la empresa constructora del Ejército, que recibió contratos millonarios, la mayoría de un proyecto financiado por el Banco Mundial para adoquinar carreteras.
Calero Rocha, empleada del IPSM, extendió un poder de representación especial de Preconicsa, donde se revela que el presidente de la sociedad mercantil es Julio Modesto Rodrigo Balladares, general de brigada del Ejército y director ejecutivo del IPSM.
Juana Mercedes Calero Rocha representante en Obrinsa y extendiendo poderes para otras empresas de los militares.
Ella también elaboró en 2016 las escrituras para otorgar poderes especiales de la sociedad comercializadora Galaxia SA (XIACOMER) a nombre de Julio Modesto Rodrigo Balladares.
Calero Rocha se encuentra entre los abogados de confianza que trabajan para la red de empresas vinculadas a la familia Ortega-Murillo, según una investigación de Confidencial.
De izquierda a derecha. Los abogados Juana Mercedes Calero Rocha, Félix José Palacios y Morris Horacio López Leiva.
En otras escrituras se encontró que Martín Alonso Amaya Montenegro, el beneficiario final de la UAM, extendió un escrito para Industrias Toro SA, pero también se descubrió que es representante de GPC de Nicaragua, la otra empresa del Ejército que está en el sector construcción.
Una fuente cercana a Amaya Montenegro manifestó que no es solo abogado, sino un contador público que le maneja las finanzas a personajes sandinistas.
Martín Alonso Amaya Montenegro, beneficiario final de la UAM y representante de GPC de Nicaragua, extiende escrituras para Industrias Toro SA, la otra empresa vinculada al Ejército.
Ver escrituras de los abogados
De notarios a representantes legales falso
El abogado nicaragüense Juan Diego Barberena afirma que los notarios públicos involucrados en estas actividades no solo están violando la ética de su profesión, sino que también pueden estar incurriendo en conductas delictivas, al facilitar una serie de simulaciones y estructuras corporativas engañosas.
“Algunos pueden tener una participación social, pero sabemos que ellos no son los últimos beneficiarios de esas acciones porque seguramente están endosadas a favor de otra persona, que no sabemos quién es, por eso ellos son juez y parte en las escrituras”, sostiene Barberena.
Explica que al otorgar escrituras públicas y comparecer como representantes legales simulados, estos notarios se convierten en cómplices de los verdaderos propietarios y accionistas, realizando tareas que van más allá de sus funciones notariales y se asemejan a las de un gestor.
“Hay una de las escrituras en donde solicitan la elaboración de botas militares, que al final van a ser entregados al Ejército. Y quien licita es una empresa del Ejército. Ahí está un ejemplo de la defraudación al Estado”, ejemplifica Barberena al referirse a Industrias Toro SA, como un de los presuntos delitos que se están incurriendo.
Barberena afirma que por esas prácticas conlleva a la suspensión del ejercicio profesional como notario público y es parte de una sanción penal.
El experto en temas de contrataciones públicas sostiene por su parte que los órganos para fiscalizar este tipo de casos en el sistema de compras, ignoran el régimen de prohibiciones y “se hacen ciegas, sordas y mudas”.
Las instituciones encargadas de la fiscalización son la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones del Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la Asamblea Nacional (Comisión de Producción, Economía y Presupuestos) y la Oficina de Seguimiento del Gasto Público. Pero todas estos órganos están sometidos al régimen.
El proceso de publicación tuvo que iniciarse pese a que el autor de investigación seguía encontrando nuevos hallazgos. Es altamente probable que existan más empresas vinculadas al Ejército operando bajo esta red de corrupción y opacidad. El contratista, Daniel Ortega, quien también es presidente del país y Jefe Supremo de las fuerzas armadas, se beneficia de su posición de poder para autoadjudicarse contratos gracias a los poderes extraordinarios que le otorga la nueva Constitución Política de Nicaragua.
