Los exmilitares y expolicías nicaragüenses de alto rango están pasando a retiro cobijados por empresas de seguridad que prestan servicios directos al Estado de Nicaragua a través de una red nacional de “tráfico de influencias” que les permite contratos millonarios brindando seguridad y vigilancia privada.
Quienes están detrás de estas empresas son testaferros de la familia presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, el grupo se extendió y ahora aparece Francisco Javier Bautista Lara, exsubdirector de la Policía Nacional —junto a varios excomisionados— que ganaron contratos públicos cuando él fue embajador ante el Vaticano, violando la legislación nicaragüense. Así como ellos, figuran exmilitares que ocuparon altos cargos de dirección y ahora son socios de esos negocios.
Esta investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66 encontró 55 contratos en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) —sitio web donde se realizan los procesos de adquisiciones públicas— en la que están involucradas 25 instituciones del Estado que solicitaron los servicios de seguridad y vigilancia privada.
En los contratos en poder de este equipo aparecen empresas como: Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (Serprosa), El Vigilante S.A., Servicio de Vigilancia y Protección S.A. (Servipro), Ultra de Nicaragua S.A. (Ultranic). Las que reciben contratos menores son: Corporación de Seguridad Internacional S.A. (CSI), Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. (SPS), Protección Vigilancia e Investigaciones S.A. (Provinsa), ByTeam Nicaragua S.A. Como persona jurídica se ubica a Rodolfo Antonio Sequeira Donaire.
Desde 2018 a la fecha, sin tomar en cuenta lo que resta de 2023, las nueve sociedades recibieron US$19.627.346,09. “Están repartiéndose el pastel a lo grande entre las mismas empresas. Pero no estamos viendo el pastel completo, sino una parte”, dijo un experto en temas tributarios que pidió el anonimato y que analizó la base de datos de Nicaragua Investiga y Artículo 66.
Es posible que existan contratos que no estén publicados, ya que la falta de transparencia está minando las instituciones públicas con el fin de encubrir “la corrupción vinculada al tráfico de influencias para beneficiar a ciertos proveedores”, señaló el especialista. “Para mí es un cártel el que está operando aquí, con clara alusión para beneficiar a los dueños de estas empresas”, insiste.
Javier Meléndez, analista en temas de seguridad y defensa y director de Expediente Abierto, sostiene que es un “sector voraz” y muy peligroso por tratarse de expolicías y exmilitares que no se detendrán para no afectar sus intereses. “Es una lógica perversa de estar en un Estado devastado en sus procesos de transparencia y rendición de cuentas y lo único que quieren es sacar ventajas”, acotó.
La empresa más “bendecida”, la de Ortega-Murillo
Serprosa, vinculada con la familia Ortega-Murillo, es la que más recibe contratos millonarios. En el periodo de cinco años, recibió 17 licitaciones que sumaron US$8.715.077,60, según un cálculo que se realizó para esta investigación. Esta empresa, que además opera con la marca comercial El Gladiador, fue creada supuestamente por empleados de El Goliat y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Entre 2018 y 2019, El Goliat recibió ocho contratos que sumaron US$1.954.821,06. Esta empresa fue sancionada por Estados Unidos el 12 de diciembre de 2019 por “generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen”, además por estar controlada por Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y quien es un “administrador clave” del esquema de negocios de su familia. Después de esas sanciones, desapareció como proveedora de las instituciones públicas.
Irónicamente Serprosa empezó a recibir montos millonarios de su propio socio: Enatrel. En 2022, por ejemplo, recibió una licitación pública de US$1.411.402,64 y otra de US$856.281,28.
Ver contratos de las empresas aquí
El apoderado de Serprosa era hasta enero de 2020, el Contador Público Francisco Javier Pérez Ubilla (como consta en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua). Fue asesor financiero del Comisariato de la Policía Nacional, según su perfil en LinkedIn. “Hace dos años que no trabajo en esa empresa”, respondió escuetamente Pérez Ubilla cuando le llamó la jefa de prensa de Artículo 66 para preguntarle cuál es su vínculo con Serprosa. Después no quiso responder más preguntas y cortó la llamada.
“El Gladiador y Serprosa son la misma empresa y no tiene ninguna relación con la Policía”, reconoció Pérez Ubilla a La Prensa, cuando se conoció en junio de 2020 que proporcionó con equipos a la Policía Nacional, uno de los brazos opresores del régimen y ahora subordinado al dictador Daniel Ortega. En esa ocasión, Confidencial reveló que Serprosa compró a la empresa mexicana Giramsa S.A unos 350 uniformes y pertrechos para uso de antimotines por un monto superior a los US$302,000.
Félix Maradiaga, máster en Administración Pública y exdirector ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), dijo que se han encontrado casos en que la Policía y las empresas privadas de seguridad trabajan de la mano para burlar sanciones, “adquirir material de represión que va directamente a las fuerzas antimotines, pero también para hacer contrataciones jugosas y directas, en donde detrás de ellos está la familia Ortega y el círculo íntimo de la Policía”.
Testaferros detrás de Serprosa
En las licitaciones de Serprosa en poder de este equipo, aparece como beneficiario final Rafael Antonio Gutiérrez Avendaño. Pero la persona que firma los contratos es Humberto José Cortez Bustos, quien fue procurador civil de la Procuraduría General de la República.
Pero llama la atención que José Jorge Mojica Mejía, testaferro íntimo de la familia Ortega-Murillo, se encuentra en la planilla de Serprosa y cotiza como “empleador” con un sueldo neto de C$65.000,00 (US$2.392), según una búsqueda en la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que fue filtrada a Nicaragua Investiga y que contiene información del sueldo que reciben los cotizantes.
Él es uno de los testaferros de mayor confianza de los Ortega-Murillo que también está sancionado por Estados Unidos por “crear sociedades pantalla con fines de lavado de dinero y ocultar sus posesiones y los lucros ilícitos”.
“Yo no tengo nada que ver en eso. Yo no atiendo licitaciones”, dijo Cortez Bustos cuando se le llamó para preguntarle por qué aparece su firma en los contratos y cuál es su relación con la empresa. Luego de esto, arremetió contra la periodista de Artículo 66: “¿A cuenta de qué tengo que atender lo que usted me está diciendo, cómo lo quiere o cómo le parece? Usted no me puede obligar a mí a que yo hable de un tema que ni tengo que ver, por ejemplo. O tal vez tengo que ver parcialmente. ¿Usted es autoridad? ¿Qué cosa es?”.
“Usted no me tiene que obligar a mí a que yo le conteste algo que tal vez desconozco. ¿Por qué tengo que hablar yo de un cliente mío? Yo soy abogado. ¿Vos no sabés que los contratos tienen cláusulas de confidencialidad?”, preguntó alterado el exfuncionario.
“Las personas que están detrás, que son los beneficiarios finales, le dan muerte a la persona jurídica que tiene el cáncer y crean una nueva persona jurídica que está ligada a la anterior, y esa se convierte en el nuevo proveedor del Estado”, explica el experto.
Un megacontrato de la Alcaldía de Managua que fue entregado a Serprosa y subdividida la contratación para incluir a la empresa El Vigilante —dirigida por Leonel Espinoza Linarte, exjefe de la División Antidrogas de la Policía Nacional—, llamó la atención. El monto se firmó por US$5.424.923,80. Serprosa negoció el salario del guardia de seguridad por C$19,175.10. Pero el sueldo promedio que cotiza un empleado oscila entre 5 mil a 9 mil córdobas, según la información del INSS.
El experto dijo que la subdivisión en el mismo rubro es un mecanismo que utilizan las instituciones públicas que es ilegal y que está prohibido por la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Público.
Servipro y Francisco Bautista Lara
Maradiaga afirma que cuando Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007 este negocio se convirtió en una modalidad de “premio” para su círculo íntimo y “castigo” a los que no simpatizaban con el Frente Sandinista. En 2015, fue aprobada la Ley de Seguridad Privada (Ley 903) —que otorga la licencia de operaciones a estas compañías— y la utilizó el régimen para “quitar del camino a las empresas de seguridad privada que no estaban vinculadas a la familia Ortega-Murillo, ni a la Policía sandinista o al Ejército de Nicaragua”.
“Esta ley, lejos de darle formalidad al sector de la seguridad privada en Nicaragua, fue utilizada discrecionalmente para limpiar el campo competitivo (…) La idea de esta ley, realmente ha sido la de favorecer a las empresas de seguridad que tienen un vínculo íntimo con el Frente Sandinista”, sostuvo.
En los documentos se encontraron megacontratos de Servipro, controlada por exguerrilleros sandinistas y exfuncionarios que ocuparon altos cargos en la Policía Nacional. Desde 2018 a la fecha ha recibido a través de 15 contratos la suma de US$3.523.952,46.
La familia Pellas y el sandinismo, una historia de amor y odio
Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional, y quien llegó a ocupar el cargo de subdirector general y comisionado general entre 2001 y 2005, figura como uno de los beneficiarios finales de Servipro y ganó cuatro contratos millonarios cuando fue embajador ante el Vaticano (septiembre de 2020 – febrero de 2021), violando el artículo 130 de la Constitución Política que establece que todo funcionario público, incluso, “los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado”.
“Tampoco podría actuar como apoderado o gestor de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de estas con el Estado”, dice el mismo artículo. Además, violó el artículo 8 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, y el artículo 18 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que prohíben a la persona que tiene un cargo en el Gobierno recibir contratos.
Bautista Lara dijo al equipo de Artículo 66 en llamada telefónica que no ha violado ninguna legislación, aunque es clara en prohibir su participación cuando fue embajador. Él dice que es socio de Servipro y no dueño absoluto. “La empresa existe desde hace 30 años, participa y licita formalmente en todos los procesos. Yo soy directivo, no gerente. Y hemos ganado procesos en distintos momentos, no tiene nada qué ver absolutamente eso (que haya sido embajador ante el Vaticano)”, dijo.
Cuando se le mencionó el artículo 130 de la Constitución, comentó lo siguiente: “Tiene que ver lo que dice el artículo constitucional, porque si la intención suya es manipular la información lo puede hacer diciendo mentiras. Pero si quiere apegarse a los términos de la ley tiene que fijarse bien lo que dice. Su intención es ofender y calumniar. Lo puede hacer sin evidencia como lo hacen normalmente”.
El experto en temas tributarios consultado para esta investigación explicó que el exembajador pudo ser inhabilitado del cargo y suspendido por un tiempo de sus labores, lo que implica no recibir su salario. “Pero ya sabemos que esto no sucede”, apuntó en referencia a la corruptela que opera bajo la sombra del régimen sandinista. En cuanto a la empresa, dice: “A Servipro le debió haber costado las inhabilitaciones para participar como proveedor del Estado. Y eso podría ir de uno a tres años”.
“Bautista Lara no es el dueño de Servipro, pero es uno de los miembros de la junta directiva y agarra su tajada o le mantienen un salario”, dice Roberto Samcam, mayor en retiro que conoció a varios exfuncionarios por el cargo que ocupó. “Nicaragua no es un país normal y no hay legalidad, hay una corruptela desde arriba hasta abajo”, enfatiza.
El exembajador ha mostrado su lealtad a la dictadura. En mayo de 2021, mientras su empresa ganaba licitaciones públicas, justificó la casa por cárcel que impuso el régimen a los opositores y dijo que fue legítimamente usada para buscar la “paz” en Nicaragua.
Samcam sostiene que este negocio opera bajo el régimen de Daniel Ortega para comprar lealtades de los exfuncionarios y que ellos piensen: “El jefe nos está dando negocios, nuestra empresa crece, la bolsa crece y en consecuencia mantenemos bien a nuestros oficiales y le damos un mayor beneficio a los que están adentro y a los que están afuera”.
Más de 100 empresas y un mercado cooptado
En el país operan 150 empresas de seguridad y vigilancia, según los últimos datos oficiales de la Policía Nacional de 2017. Samcam afirma que la mayoría de ellas se crearon cuando desapareció el Ministerio del Interior; se formó el Ministerio de Gobernación y en los procesos de reducción del Ejército. Luego los funcionarios se aprovecharon de los recursos humanos que quedaban disponibles y se valieron de los contactos. “Esos nexos con los funcionarios públicos crean corrupción con el pago de coimas”, dice el experto en temas tributarios.
“Los que aprovechan esta oportunidad de mercado son los altos oficiales del Ejército y la Policía. Así aparece Ultranic y Servipro. Tienen una ventaja: el acceso a los mercados exteriores de armas para uso civil. Todo se les facilita al no pedir permisos”, sostiene Samcam, quien agrega que ningún gobierno ha cuestionado esta práctica en la que podrían estar detrás el Ejército y la Policía.
La empresa Ultranic que refiere Samcam está conformada por ocho exmilitares nicaragüenses. Javier Alonso Carrión McDonough, exjefe del Ejército de Nicaragua es uno de los beneficiarios finales junto a Adolfo Antonio Chamorro Tefel, exgeneral en Brigada, accionista del Banco de Finanzas (BDF) y de la Universidad Americana (UAM), dos negocios en los que está detrás la institución castrense.
Ultranic es la tercera empresa que más ha prestado servicios de seguridad y vigilancia a las instituciones públicas. Desde 2018 a la fecha, recibió US$1.096.539,86. La mayoría se los entregó Enatrel. Este año recibió un contrato de esa empresa de US$430.667,25.
Se llamó al número personal de Rodrigo Cardenal Martínez, gerente general de Ultranic, pero no respondió las llamadas. Luego se envió un correo a la Gerencia y al Departamento de Ventas y tampoco hubo respuestas.
Las otras sociedades que reciben contratos, pero en menor monto son: Corporación de Seguridad Internacional S.A (CSI), dirigida por el excomisionado mayor y exjefe de la Policía de Managua, Carlos Germán Bendaña Sequeira, que demostró el alto grado de descomposición y corrupción policial al estar involucrado en el asesinato del empresario Jerónimo Polanco, propietario de dos clubes de nudismo.
Sistemas Profesionales de Seguridad S.A (SPS), encabezada por el exdiputado liberal Samuel Kontorovsky Artola; la empresa Protección, Vigilancia e Investigaciones S.A (Provinsa), de Juan Santiago Estrada García, un ex contralmirante en retiro y ahora secretario general del Comité Olímpico Nicaragüense; ByTeam Nicaragua S.A, de René José Román Reyes, quien fue suplente de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Como persona jurídica aparece también Rodolfo Antonio Sequeira Donaire.
“Este tipo de empresas que están robando recursos del pueblo de Nicaragua, este tipo de estructuras criminales, tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia y todo lo mal habido tendrá que regresar a las manos de la gente”, sentenció Félix Maradiaga.
Un negocio rentable bajo secretismo
Javier Meléndez explicó que el servicio de seguridad privada es un gran negocio porque genera ingresos que superan los 250 mil millones de dólares a nivel mundial, aunque son muy difíciles de regular por el vínculo con los militares y policías que “tienen una cultura de secretismo y que son alérgicos a rendir cuentas”.
“El problema no es que ellos entren al mundo de los negocios, de la seguridad privada. El problema es que estas empresas como Ultranic o Servipro, por ejemplo, al ser integradas o estar bajo la propiedad de exmilitares y de expolicías, tienen todas las ventajas del mundo para proveer los servicios a las instituciones del Estado”, indicó Meléndez.
Un experto en economía del sector público, que pidió el anonimato por temor a represalias políticas, dijo que la Contraloría General de la República (CGR) “debería de acceder a información más allá de la que se publica en el Siscae, porque hay poca información y no se sabe cuáles son las ofertas de las otras empresas respecto a la licitación”.
Afirma que la CGR no publica sus resoluciones de auditorías desde hace dos años, tampoco presenta en sus reportes las auditorías del 100% de las instituciones, y solo muestra entre un 60 y 70%. Por eso, señala que en Nicaragua ha quedado estancado el avance de la transparencia que hubo en los primeros años del gobierno sandinista.
Los expertos indican que también juega un rol fiscalizador el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la administración de Contrataciones del Estado, y la Asamblea Nacional. Sin embargo, están controladas por el régimen y no ejercen ningún contrapeso para vigilar este tipo de casos de corrupción.
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