Por NICARAGUA INVESTIGA Y CONNECTAS
En Nicaragua las paredes “oyen” y la gente vive con miedo extremo. Este clima de incertidumbre no distingue entre lo público y lo privado: se respira en las oficinas, en las calles y en los barrios de todo el país. Para muchos nicaragüenses, el silencio no es una opción, sino una necesidad para poder sobrevivir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Hablar abiertamente o no guardar las apariencias puede llevar a que un comentario temerario llegue a oídos de los vigilantes del partido: los militantes sandinistas. A pesar de no ocupar altos cargos, su poder es inmenso y se ejerce a través del control social, operando como una red de vigilancia, monitoreando y recopilando información de los ciudadanos en cada comunidad.
Hace dos meses, “Juan” fue presionado por una mujer sandinista del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio para afiliarse al partido oficial. El joven primero se negó, pero ante la insistencia, cedió y llenó el formulario de militancia por temor a ser “fichado” o a tener problemas con la autoridad. Tres semanas después, le entregaron el carnet. “Ahora tengo que fingir que soy sandinista por miedo a que me fichen como opositor”, explica “Juan” (nombre ficticio para no ser identificado por temor a represalias políticas).
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Los CPC son la estructura de espionaje e intimidación del FSLN más conocida. Operan en los barrios, a menudo con personas de la misma comunidad que realizan un aparente “trabajo voluntario”.
Durante años, la estructura de espías y grupos paramilitares ha sido un secreto a voces, sin registro oficial que probara su existencia. Pero una base de datos oficial a la que accedió esta investigación de Nicaragua Investiga y CONNECTAS revela que el FSLN aparece ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registrado como empleador. Y que tiene una planilla de 1,081 “trabajadores” que cobran un salario que va desde los 9 mil hasta los 100 mil córdobas (de 250 a 2,900 dólares).
El FSLN está registrado ante el INSS con el número de empleador 750893, con el objetivo de que estos civiles coticen para recibir atención médica y una pensión futura, en buena parte a costa de los fondos del Estado. Por otro lado, el domicilio legal del partido está frente al parque El Carmen, en los costados oeste y sureste, en el mismo sector donde se encuentra la Casa Presidencial y la residencia privada de Ortega y Murillo. Esta cercanía es otra señal de la estrecha interconexión entre el partido y el Estado.
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Si bien no se detalla la labor precisa de estos militantes a sueldo, en la planilla al menos un 8% de estos empleados del partido también aparecen como empleados públicos. Y algunos han tenido participación pública en casos de ataques e intimidación política durante actos oficiales en los que participaban comisionados generales de la Policía Nacional y miembros del Ejército.
Y un detalle llamativo más: entre el millar de militantes pagados con recursos de los nicaragüenses, se identificó a 50 secretarios políticos del FSLN a través de diversas fuentes y reportes de medios oficialistas.
Para pagar los salarios de este ejército privado de Ortega y Murillo, se gasta anualmente 146,921,629 córdobas (poco más de 4 millones de dólares). A pesar de que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, el FSLN es un partido político con ingresos millonarios: según su último balance presupuestario publicado (diciembre de 2024), atesora 523,890,656.62 córdobas (unos 14 millones de dólares).
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En gran parte, se trata de fondos que provienen de las arcas del Estado nicaragüense gracias a las elecciones que ha ganado con fraude, como ha sido denunciado por organizaciones de observación electoral internacional. Confidencial estimó que el FSLN se ha embolsado unos 60.3 millones de dólares por su participación en procesos electorales desde 2006 a 2021.
Otra vía de financiamiento del partido es la imposición a los empleados públicos para que entreguen mensualmente un aporte “voluntario”, que en la práctica es una cuota obligatoria que, si no paga, el trabajador recibe una multa económica.
Hay denuncias de empleados públicos en diversos medios de comunicación que alegan ser presionados por secretarios políticos para que se afilien al partido. Para ello, tienen que rellenar una “ficha de militancia” que sirve también como medio para recabar información sobre ellos y sus familiares, como le sucedió a “Juan”. “Llega una persona de la secretaría del FSLN con recibo en mano a hacer los cobros a los trabajadores públicos. Si no dan el aporte en un mes, en el próximo se le cobra con una mora”, dijo una fuente interna del partido consultada para esta investigación.
El ex funcionario judicial Yader Morazán relató que mientras él fue parte de la estructura de empleados públicos del Poder Judicial, se les solicitaba dinero por varias razones. Una de ellas era una cuota mensual para el partido. El monto variaba según el salario de cada trabajador.
“Los secretarios, que son los cargos donde hay más personal, pagaban 50 córdobas; los jueces locales pagaban 150; los jueces de distrito pagaban 300; y los magistrados pagan 500”, explicó. También dijo que les quitaban el “1% deducible del salario para los sindicatos” y además, había otras contribuciones que hacer, principalmente para festejos.
En 2020 Nicaragua registraba unos 150 mil empleados públicos, según las últimas cifras públicas disponibles.
Empleados del partido y del Estado
Mediante un cruce de datos, se encontró que al menos 82 de estos militantes son además empleados en 52 instituciones públicas, lo que transgrede el principio de un Estado apartidario y genera conflictos de interés.
Por ejemplo, algunos sandinistas a sueldo del partido trabajan también en 29 alcaldías municipales, tres instituciones públicas (el INSS; el Instituto de Sanidad y Protección Agropecuaria-Managua; y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) y cuatro ministerios: Salud, Educación, Juventud, y Economía Familiar y Comunitaria.
Esta información coincide con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado en abril de 2025, que señala que el régimen utiliza estos mismos ministerios para labores de espionaje. Las alcaldías, por su parte, cuentan con “centros de cómputo” para centralizar la vigilancia local.
El mismo documento filtrado a NICARAGUA INVESTIGA y CONNECTAS expone que otros empleados partidarios están también contratados en al menos cuatro universidades públicas, en la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, en cuatro centros de capacitación y estudios, así como en dos institutos públicos y dos “módulos comunitarios de adoquinado”.
Como queda en evidencia, estos “soldados” sandinistas cobran dos sueldos: uno del FSLN y otro del Gobierno, ambos con el mismo origen estatal. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley 438 de Probidad de los Servidores Públicos prohíbe tener más de un empleo remunerado en el sector público, salvo docencia y medicina. También lo estipula la Constitución de Nicaragua.
Además, el artículo 7 de la misma normativa establece que se deben “usar las horas laborales únicamente para cumplir con las obligaciones que le fueron encomendadas” al funcionario. Y que debe “abstenerse de participar en actividades” partidarias por ser incompatibles con sus funciones.
El abogado nicaragüense Juan Diego Barberena afirma que, de acuerdo con la legislación, recibir un doble sueldo es “éticamente reprochable” y que constituye un delito “en perjuicio del Estado de Nicaragua, que podría encuadrar como peculado”. Esto conlleva responsabilidades penales tanto para quienes contratan a estos civiles como para los contratados.
A pesar de las violaciones a la ley, la práctica del régimen de premiar con doble salario a sus más leales es muy común. Un ejemplo es el de Bernardino Herrera Lanzas, consejero Regional de la Costa Caribe Norte, quien cobra un sueldo estatal de 61,898.98 córdobas (1,690 dólares) y otro del FSLN de 7,526.88 córdobas (205 dólares). Él es secretario político en el Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú.
Esta situación se repite en otros casos, como el de John of God Matamoros Acuña. La Alcaldía de Managua le paga 53,942.04 córdobas (1,470 dólares) y el FSLN, 1,673.18 córdobas (45 dólares). Él es la mano derecha del poderoso Fidel Moreno, quien se desempeña como secretario general de la Alcaldía de Managua y, simultáneamente, como secretario de organización nacional del partido.
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Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, sostiene que estos gastos, aunque no sean tan evidentes, afectan directamente a la población. Según ella, esto se debe a que los recursos que deberían destinarse a mejorar la educación, la salud o la infraestructura “son usados para financiar una estructura política o paramilitar”.
“Un modelo de captura del Estado como el que existe en Nicaragua evidencia que los intereses de la familia Ortega Murillo influyen en las decisiones políticas gubernamentales para su propio beneficio, en lugar del interés público”, manifiesta Valle.
El último “general” de los espías sandinistas
Rodolfo Antonio Castillo, conocido como “Payín”, fue arrestado por la Policía del régimen el 1 de agosto de 2025 en Managua. Hasta ese momento cobraba el sueldo más alto del FSLN cada mes: 107,949.60 córdobas (casi 3 mil dólares), según el documento fuente de esta investigación.
Se presume que su captura tiene relación con la persecución que se ha desatado a lo interno del país para dar con su mentor, Lenin Cerna, de quien hay confusas versiones sobre su presunta captura. Como parte de esta redada contra comandantes sandinistas fue también detenido Bayardo Arce Castaño el 31 de julio.
Cerna, considerado una figura clave en el círculo de Daniel Ortega, fue el temido jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior durante los ochenta. En ese tiempo, se destacó por torturar a los detractores del FSLN.
Su discípulo Payín participó en varios golpes de la guerrilla sandinista, como asaltos a bancos. Después del triunfo de la revolución en 1979, se preparó en Alemania y Bulgaria, siendo parte de las primeras generaciones de cuadros de la Seguridad del Estado. En la década de los ochenta, ya integrado a esta estructura, se destacó en operaciones de espionaje e inteligencia, donde trabajó bajo las órdenes de Cerna.
En los noventa, Payín formó parte de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, donde llegó al grado de coronel. Su último cargo fue como agregado militar en España entre los años 2000 y 2003. Tras su retiro, volvió a colaborar con Cerna y se presume que trabajó en la Secretaría del FSLN de 2004 hasta 2011, cuando ambos fueron desalojados de ese lugar por órdenes de Rosario Murillo.
El secretario político “represor”
Otro de los identificados en la lista es Evertz Delgadillo Moreno, quien fue secretario político de León. Él cobra mensualmente del FSLN 43,010.75 córdobas (1,174 dólares). Según el informe publicado este año por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, Delgadillo fue responsable de graves crímenes de lesa humanidad en 2018, cuando miles de nicaragüenses se manifestaron contra el régimen.
El mismo informe sostiene que en ese año algunos secretarios políticos departamentales, como Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa, Leónidas Centeno Rivera, de Jinotega, y Delgadillo Moreno “lideraron la represión en sus respectivos departamentos”.
“Los secretarios políticos departamentales tuvieron un rol fundamental en la movilización de los grupos armados, actuando como enlaces entre las estructuras del partido, la Policía y el Ejército. Desde estos niveles y por orden de Fidel Antonio Moreno Briones, se gestionaban directrices operativas, se facilitaba la identificación de opositores y se aseguraba el abastecimiento de recursos para las acciones represivas”, sostiene el documento de la ONU.
La información que recopilan los secretarios políticos -agrega el informe- se transmite a la dirección del FSLN y se comparte con el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior. Este flujo de datos permite al régimen identificar y vigilar a los opositores, y facilita la toma de decisiones sobre a quién detener, expulsar del país, negar el ingreso o despojar de la nacionalidad.
La amenaza de secretarios políticos a sueldo
José Manuel Espinoza Cantillano, conocido como “Chemaya”, secretario político de Chinandega, cobra un sueldo neto mensual de 43,010.75 córdobas (casi 1,200 dólares). En enero de 2025, durante un acto de juramentación de los “policías voluntarios” (como llama el régimen a los paramilitares que quieren involucrarse “voluntariamente” a su servicio), amenazó a quienes ellos consideran opositores y sugirió que trabajan con policías en tareas de vigilancia y acoso.
“Que no se atrevan los golpistas a querer sembrar el odio en nuestro país, en nuestro departamento, porque se van a encontrar con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior y con la policía voluntaria”, señaló Chemaya en ese acto público, en el que participaron comisionados generales y miembros del Ejército.
Los “policías voluntarios” fueron legalizados por una reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025, que los subordinó a la Policía nacional. Hasta ese momento solían ser civiles afines al gobierno con armamento de guerra y a los que la gente llamaba “paramilitares”. Su papel fue notorio en la rebelión de 2018 cuando asesinaron manifestantes y cometieron torturas y graves violaciones de derechos humanos, según informes de organismos internacionales como la CIDH y la ONU.
Chemaya se integró al FSLN en 1978. En la década de los ochenta participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización y formó parte en las movilizaciones militares. Ha desempeñado distintas labores políticas dentro de la Juventud Sandinista y tuvo varias responsabilidades en el partido como secretario político departamental.
Otro de los nombres clave en la lista de empleados del FSLN es José Jorge Acosta López, conocido como “Sanyón”, un comandante retirado del Ministerio del Interior. No es un simple activista; es el secretario político de Carazo y recibe del partido el mismo sueldo mensual que Chemaya.
Durante la juramentación de 1,500 “policías voluntarios” en Carazo, Acosta López también exaltó a la “policía voluntaria” por “respaldar las acciones” de la Policía. “Comandante Daniel, compañera Rosario, el pueblo decide y el pueblo está con ustedes para lo que ordenen, porque estamos seguros de que con su orientación avanzamos toda la familia”, expresó Sanyón, quien viajó en enero de 2025 a China, como parte de una delegación del FSLN por invitación del Partido Comunista.
Su postura se radicalizó aún más cuando celebró abiertamente el destierro de los 222 presos políticos a Estados Unidos. En sus declaraciones, calificó a estos ciudadanos como “seudodirigentes de esa nueva contrarrevolución” y como agentes del “enemigo en común, el imperialismo norteamericano”.
En la lista también se identificó a Cándida Mariana Huete Baca, secretaria política del distrito V del FSLN, exdiputada y exconcejal de la Alcaldía de Managua. Ella cobra también un sueldo neto mensual del FSLN de 43.010,75 córdobas (1,174 dólares).
En 2008, un año después de que Ortega asumiera nuevamente el poder, el Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh) documentó en un informe la presencia de Huete Baca liderando a un grupo de jóvenes sandinistas identificados como fuerzas de choque que agredieron a unos manifestantes.
Hasta 2017, esta militante sandinista fue vicecónsul con equivalencia diplomática de Tercer Secretario del Consulado de Nicaragua en Los Chiles, Provincia de Alajuela, Costa Rica.
Como ella, William Ramón España también aparece en la lista. Una fuente interna del partido que habló bajo la condición de anonimato reveló que éste opera como secretario político del partido en el distrito VII de Managua. Su lealtad y servicio al régimen tienen un precio: el mismo salario de los demás secretarios políticos.
Un ex militante del FSLN aseguró que en 2015, cuando él aún era parte de esa estructura, los líderes de la Juventud Sandinista recibían un sueldo del partido cada mes, pero dependía del rango. “A los municipales les dan cinco mil córdobas y a los departamentales, diez mil. A los de barrio no les dan, solo a los líderes”, comentó la fuente. “Esto lo paga en efectivo la Secretaría del Frente Sandinista, pero no sé de dónde se saca el dinero. Yo era municipal y en aquel tiempo no me pagaban, a los municipales de ahora sí les pagan”, indicó.
El analista político Israel Lewites asegura que este sistema financia la “estructura represiva” que mantiene en el poder a la pareja Ortega-Murillo. Para él, no es de extrañar que la dictadura desvíe fondos del Estado para recompensar a aquellos que, renunciando a toda ética, delinquen a favor de lo que él llama “Familia-Partido-Estado”.
La opinión de Lewites se transforma en un hecho con esta investigación, que demuestra que el Frente Sandinista usa fondos del Estado para sostener una estructura partidaria encargada de reprimir e intimidar a los mismos ciudadanos que aportan con sus tributos ese dinero. La represión es así parte de una estrategia meticulosamente diseñada que se alimenta de la opacidad y la transgresión a los principios de probidad que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han institucionalizado a lo largo de casi cuatro décadas en Nicaragua.
En un intento por obtener una respuesta oficial, NICARAGUA INVESTIGA y CONNECTAS enviaron un correo electrónico a los responsables de la Contraloría General de la República de Nicaragua. Dado que este organismo es el principal ente de fiscalización de los bienes y recursos del Estado, se consideró crucial conocer su postura respecto a los hallazgos de la investigación periodística. Pero al cierre de este reporte, no emitieron ningún comentario.
