Las siete familias del poder: el nepotismo en Nicaragua
Por: Nicaragua Investiga y CONNECTAS
Nombrar familiares en cargos públicos es una de las prácticas de corrupción de las que más se acusa al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Esta investigación identificó la amplia red de parientes y allegados a la pareja presidencial que pueblan el Estado nicaragüense, con más de 88 casos verificados.
Cuando Daniel Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua en el año 2007, empezó a tejerse toda una estructura en la que familias enteras han sido ubicadas en cargos importantes para mantener el control dentro de las instituciones públicas. Así, en los 15 años de gobierno que lleva el líder sandinista, el nepotismo se ha convertido en una política de Estado que blinda y asegura su permanencia en el poder.
Son al menos siete familias cercanas a Ortega y su esposa Rosario Murillo las que constituyen su círculo de confianza y aseguran disponer a sus más leales al servicio de la función pública. Los clanes están organizados para controlar la Presidencia, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Policía Nacional; la Dirección General de Aduana, Migración y Extranjería; y la Cancillería. Los puestos clave están ocupados por los más confiables de la pareja presidencial, que a su vez se encargan de completar las posiciones de menor jerarquía también con sus amigos y leales.
Esta investigación de Nicaragua Investiga y CONNECTAS mapea la amplia red de nepotismo presente en al menos 21 instituciones públicas, con 88 casos verificados, una cifra capaz de llenar el plantel de trabajadores de un hospital. La investigación se centra en estas siete “familias del poder”, aunque también recoge otros casos que dan luz sobre cómo el nepotismo permea la función pública en Nicaragua.
Un delito sin condenados en Nicaragua, el lavado de dinero
Los casos se constataron mediante una búsqueda exhaustiva. Algunos son “vox pópuli” —como los del clan Ortega-Murillo— y han sido objeto de críticas por años. Otros se han manejado con mayor discreción, pero su implicación se verifica a través de decretos oficiales publicados en La Gaceta (diario oficial de Nicaragua), en documentación de la Dirección General de Contrataciones del Estado, sitios web de las entidades públicas y reportes de medios de comunicación oficialistas. La investigación se acompaña de una base de datos detallada, en la que el lector puede navegar por las pruebas documentales que confirman las posiciones de los clanes familiares.
“Después de abril de 2018, el nepotismo ha sido la base que ha sostenido al régimen”, expresa Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, institución en la cual esta investigación detectó 22 casos. “Se están pagando favores de personas que fueron leales durante la represión o los días más fuertes de las masacres en Nicaragua”, apunta.
En la fecha que refiere Morazán se ejecutó una represión estatal sin precedentes en la Nicaragua posguerra, que dejó 355 muertos y miles de heridos, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El clan Ortega–Murillo: el punto de partida del nepotismo
La familia Ortega-Murillo puede conformar fácilmente un equipo de fútbol, deporte que requiere de 11 jugadores y cinco suplentes. El clan presidencial tiene por lo menos a 16 de sus miembros enquistados en la red de nepotismo, aunque no todos sus nombramientos aparecen en La Gaceta.
La familia Ortega-Murillo puede conformar fácilmente un equipo de fútbol, deporte que requiere de 11 jugadores y cinco suplentes. El clan presidencial tiene por lo menos a 16 de sus miembros enquistados en la red de nepotismo, aunque no todos sus nombramientos aparecen en La Gaceta.
A finales de enero pasado Daniel Edmundo Ortega, uno de los hijos menos conocidos de la pareja presidencial, apareció sorpresivamente en un cargo público como Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un despacho del régimen que controla su madre y vicepresidenta de Nicaragua y que define, vigila y asegura la línea editorial de los medios bajo la dirección del oficialismo. Daniel Edmundo está casado con Mara Stotti, directora de Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), según se constata en el sitio web de esta institución. De Stotti se desconocen estudios académicos y su experiencia en el sector turístico.
Por su parte, Camilo Daniel Ortega Herrera, hijo de Ortega y de la exguerrillera Leticia Herrera, se mueve entre las sombras. Aunque es uno de los más apartados del clan, el nepotismo también lo alcanza: funge como director de Informática en el Registro Central de la Propiedad.
Otro de los miembros de la familia, Rafael Ortega, ha representado al Gobierno de su padre con rango de ministro ante Rusia, China y otros países de Oriente Medio, donde se ha reunido con potenciales inversionistas aunque no tiene nombramiento oficial. Junto a su ex-esposa, Yadira Leets, se encarga de manejar Inversiones Zanzíbar y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP-Petronic), que controla la importación y distribución petrolera en el país.
La lista no acaba aquí: Katherine Argeñal, esposa de Carlos Ortega Murillo, es gerente general de DNP-Petronic, según comprobó esta investigación en un documento oficial de los estados financieros en el que estampó su firma y plasmó el sello de su cargo.
La incrustación de la familia presidencial en los cargos del Estado es visible, pero la única vez en la que Ortega se ha referido al tema aseguró que las acusaciones de nepotismo en su gobierno son “falsas”, porque según él sus hijos solo son “colaboradores”. “Mis hijos no tienen cargos en el Gobierno. Uno de ellos (Laureano) contribuye, pero su trabajo está dentro de una Fundación (Incanto) que tiene que ver con promover el canto entre los muchachos, niños de escasos recursos”, aseguró el mandatario en una entrevista concedida en septiembre 2018 a la cadena France 24.
Incanto organiza conciertos de ópera en lugares exclusivos, a los que asiste la élite que rodea a la familia presidencial y en su sitio web dice que “obtendrá aportes provenientes de la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas para su implementación en actividades”. Una investigación de Artículo 66 reveló que la fundación recibe dinero a través de cheques del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Aunque Daniel Ortega no se atrevió a reconocerlo, Laureano es uno de sus hijos más mediáticos y con mayor participación en asuntos de gobierno. En octubre de 2009 se estrenó como asesor de promoción de inversiones para el sector turismo en ProNicaragua. En el 2012, fue nombrado asesor presidencial para Inversiones y Comercio Internacional con rango de ministro, encabezando la misma agencia. Ninguno de estos puestos fue mencionado en la mencionada entrevista al ser cuestionado por el periodista Marc Perelman.
La cómoda vida de un terrorista protegido por Ortega en Managua
Lejos de alejarse del poder, el 22 de febrero de este año Laureano Ortega fue nombrado por su padre Miembro del Consejo Consultivo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (como consta en La Gaceta). Llegó allí junto a José Mojica Mejía, un abogado de confianza y presunto testaferro de la familia en el poder, que aparece como representante legal de varias empresas vinculadas a los hijos de Ortega-Murillo. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó en julio de 2020 por “actividades corruptas del régimen de Ortega en Nicaragua y beneficiarse con ellas”.
Laureano también está sancionado por Washington como “un facilitador clave de la corrupción del régimen de Ortega” y por “incurrir en grandes actos de corrupción bajo el argumento de que está a la cabeza de la agenda de inversiones ProNicaragua”, según el Departamento de Estado.
El hijo de la pareja presidencial estudió Producción Audiovisual en la Universidad Véritas, en Costa Rica, la más exclusiva y costosa de ese país. También cursó música en el Instituto Musical Luigi Boccherini de Lucca, Conservatorio Giussepe Verdi, en Italia; y sociología en la Universidad Centroamericana (UCA), además de Ciencias Políticas en la Universidad Thomas More. Nada lo vinculaba hasta su reciente nombramiento a conocimientos en la rama económica.
Junto a Laureano hay que agregar a su esposa, Karen Santamaría, que es empleada de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), encargada de distribuir energía en gran parte del país. Como a él, a ella no se le conocen estudios universitarios en el tema ni tampoco qué función ejerce en esta institución estatal.
Según Ortega, sus otros hijos “estudiaron sociología, estudiaron periodismo y les gustan las comunicaciones. Entonces la acusación de nepotismo es totalmente falsa. Que me mencionen, ¿cuántos de mis hijos son funcionarios de gobierno?”, retó en aquella misma entrevista.
Aunque el presidente aseguró al inicio de su mandato en 2007 que su gobierno sería “transparente” y que iniciaría “un nuevo camino” en la función pública para asegurar “a las familias nicaragüenses vivir con dignidad”, nunca ha revelado a cuánto asciende el salario de sus hijos en ejercicio de cargos públicos.
Durante la misma entrevista a France 24, Ortega negó que Rosario Murillo esté en el cargo de vicepresidenta del país por ser su esposa y atribuyó esas funciones a “sus méritos”, calificando como “machistas” a quienes cuestionan la posición de la polémica “copresidenta”, como fue nombrada tras asumir en enero el líder sandinista su cuarto mandato consecutivo. “A la compañera Rosario yo la conocí como militante del Frente y está en el cargo tanto por ser militante del Frente y por sus capacidades”, dijo Ortega, que además afirmó categóricamente que “eso no significa que estemos armando una dinastía”.
Pero en enero del 2015, tres años antes de esa entrevista en la que Ortega negó los cargos de nepotismo, sus hijas Camila y Luciana viajaron con él y Murillo —como Canciller en funciones— a San José, Costa Rica, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). En ese momento las dos jóvenes fueron acreditadas como “asesoras presidenciales”, pero el cargo no ha sido formalizado en La Gaceta. De igual manera, Rafael fue acreditado como “asesor presidencial” con rango de ministro.
Camila es directora de Nicaragua Diseña, entidad que recibe fondos del Estado a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). También dirige junto a sus hermanos Maurice y Luciana el Canal 13 de televisión, que aunque no es estatal gana millonarias contrataciones públicas por “publicidad”. Y como si no le alcanzara con tantas responsabilidades, es coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, que según su sitio web “fue conformada por orientaciones de la Presidencia de la República”.
Esa comisión organiza el evento anual Nicaragua Emprende, que cuenta con financiamiento del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y en el que nombraron a Xiomara Blandino como la Directora General. Ella es nada menos que la nueva esposa de Juan Carlos Ortega Murillo. Blandino estudió arquitectura pero no terminó la carrera: llegó hasta tercer año. Tampoco se le conocen estudios relacionados con el área económica o de emprendimientos.
Según el artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua, “para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, lo cual se quebranta con los cargos públicos de los hijos de la pareja presidencial. Esto se refuerza con la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 8 establece las mismas restricciones a los parientes. Pero tampoco se cumple.
Laureano Ortega ¿El heredero de una futura dinastía?
Ligia Gómez, ex-secretaria política del Frente Sandinista y ex-gerente de investigaciones económicas del Banco Central de Nicaragua (BCN), explica que cuando estaba en el cargo, recibía toda la correspondencia por correo electrónico directamente de Murillo, al igual que todos los secretarios políticos de las instituciones del Estado. “Los primeros destinatarios eran sus hijos, después el resto del gabinete”, afirma. “Eso es una manera directa de enviar el mensaje de cómo ellos se consideran dueños, como familia, del gobierno y de todas las estructuras del poder”, indica Gómez, quien fue parte de la masiva ola de despidos en las instituciones públicas en 2018 por expresar su rechazo a la represión estatal.
Gómez sostiene que el nepotismo no sólo tiene que ver con el favoritismo y los salarios que entre familiares o amigos se asignan al momento de beneficiarse con estos nombramientos, sino que además abona a la corrupción. “Por ejemplo, servicios de protección que los hace la Policía Nacional con impuestos que pagamos todos los nicaragüenses, hasta compras; todo lo que tiene que ver con combustible, llantas, mantenimiento, chóferes, todo eso es pagado con impuestos del pueblo para el uso de toda la familia y sus allegados más cercanos”, dice.
Las otras familias del poder
Gustavo Porras Cortés
Gustavo Porras Cortés, médico de profesión, es uno de los hombres más cercanos a la familia presidencial. Y tiene varios cargos públicos. Es presidente del Poder Legislativo, Secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) desde 1984, Coordinador Nacional del Frente Nacional de Trabajadores (FNT) desde 1996 y miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, según se describe en el sitio web del Parlamento.
Su poder es enorme y gracias a él ha logrado ubicar a parte de su familia en cargos importantes. Su hija, Sonia Guillermina Porras Green, fue nombrada (según consta en La Gaceta) como Secretaria Adjunta de Economía Creativa y Naranja, que dirige Camila Ortega. Y Gusmara Porras, otra de sus hijas, es jefa del servicio de Ginecología del Hospital Público Fernando Vélez Paiz. “Cada clínica perinatal tiene el objetivo de captar pacientes embarazadas desde el primer trimestre, que tengan patologías asociadas como hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional y de esta manera evitar que se compliquen”, declaró ella desde su cargo oficial el año pasado a los medios oficiales de Nicaragua.
Por su parte, el hermano del diputado, Guillermo Porras Cortés, es asesor y coordinador del Protocolo de Atención del COVID-19 del mismo hospital donde trabaja Gusmara, su sobrina. “Quiero decirlo con todo mi corazón, el orgullo que siento de Guillermo, mi hermano, orgullo de verdad…”, lo alabó Porras al reconocer la ardua labor de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia.
Gustavo Porras, presidente del Parlamento Legislativo de Nicaragua.
Alba Luz Ramos, magistrada presidenta del Poder Judicial de Nicaragua.
Alba Luz Ramos
En el Poder Judicial, en tanto, se identificaron en puestos clave a once familiares de la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, actual presidenta de una institución que ha sido clave para el dispositivo de mano dura contra los opositores al régimen de Ortega. Su hija María Alejandra Ramos es su asistente, a pesar de haber confesado que no le gustan las leyes y que le apasiona el modelaje. “No sé todavía lo que voy a estudiar, pero me gusta la arquitectura, me gusta dibujar, tengo buena mano, me gusta la administración de empresas. El derecho no me gusta”, dijo en una entrevista al extinto El Nuevo Diario.
“Dentro de los lugares donde yo trabajaba había familias completas que llegaban en las mañanas. El papá, la mamá y la hija se bajaban en los mismos vehículos”, afirmó el ex funcionario judicial Yader Morazán: “Es un sistema de castas y privilegios en el que únicamente pueden prosperar grupos privilegiados, aquellas personas que tienen contactos determinados”.
Es el caso de Adán Ramos Vanegas, médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) y hermano de la magistrada, una de las mujeres más poderosas en el círculo cercano a la familia Ortega-Murillo. A su vez, otros familiares de Alba Luz Ramos ocupan puestos de jueces, magistrados y otros empleos dentro del Poder Judicial.
Cuatro sobrinos están en cargos claves: Abelardo Alvir Ramos es juez séptimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua, según se comprobó en el sitio web del Poder Judicial; y Adda Vanegas Ramos fue juramentada por su tía en el 2017 como magistrada presidenta de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), de acuerdo a una nota de prensa. En tanto, Egberto Ramos Solís tiene el cargo de juez séptimo de Ejecución y Embargo del Poder Judicial; y Alma Larios Ramos es directora de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de Sanciones Penales a los Adolescentes.
A todos ellos hay que sumar a otra sobrina, Lorgia Larios Ramos, quien ha sido colocada en otra área del Estado con casos de nepotismo: la de Salud. En su perfil en LinkedIn indica que es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), pero también está designada como jefa del servicio de Neumología en el Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales, ubicado en el departamento de León, de donde es oriunda esta familia.
Morazán comenta que no cualquiera puede ser funcionario en el Poder Judicial: “Para poder ingresar, tenés que tener alguien que tenga suficiente poder porque ofrece mucha estabilidad laboral y los salarios están por encima de cualquier otra institución del Estado”.
Francisco Campbell Hooker
Otra familia del poder es la de Francisco Campbell Hooker, donde el nepotismo es “vox pópuli”. Él tiene una larga trayectoria como diplomático de Ortega en Estados Unidos y ha logrado formar una amplia red de parientes con profundas relaciones sociales y políticas que se extiende desde la Costa Caribe hasta Managua. Campbell Hooker es desde hace más de una década el embajador de Nicaragua en Washington, mientras que su hermano Lumberto Campbell es magistrado del Tribunal Electoral, un organismo también cooptado por el régimen sandinista.
Volviendo al diplomático, se sabe que estudió Turismo y Hotelería en la UNAN pero no se le conoce experiencia en relaciones internacionales, tampoco si ha llevado algún estudio en ciencias políticas. Pero su servicio en el exterior le ha permitido ubicar a casi toda su familia en cargos diplomáticos.
Por ejemplo, su esposa Miriam Hooker Coe es cónsul general de Nicaragua en la Embajada de Estados Unidos. Con ella tiene dos hijos: Mabel Campbell Hooker y Michael Campbell Hooker. La primera es la agregada de Prensa y Cultura en la misma Embajada de Washington. Mientras que su hermano tiene tres cargos diplomáticos y aparece defendiendo al régimen de Ortega en foros internacionales. Es por un lado representante permanente alterno de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA; también es embajador ante el Gobierno de la India, con sede en la ciudad de Nueva Delhi; y además es ministro asesor de Ortega para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe. Es así como los Campbell Hooker se permiten vivir en familia en Estados Unidos.
Francisco Obadiah Campbell Hooker, embajador de Ortega en Washington.
En diciembre de 2021, Michael Campbell leyó un discurso furibundo ante la OEA calificándola como “esa cosa fea”. Aseguró que la sesión era una especie de juicio contra la misma organización por “todas sus tropelías, como enjuiciados están, por crímenes de lesa humanidad ante todos los tribunales de los pueblos, los Estados Unidos, sus jefes”. Y después objetó: “Este es otro momento que subraya la ínfima condición de lacayos y arrodillados de este organismo que ha perdido toda legitimidad o credibilidad y que no cuenta con ningún respeto entre los pueblos”.
La red de nepotismo de esta familia no termina aquí. El embajador tiene a su hermano, Maylon Gregory Campbell, como Delegado Regional del Ministerio de Economía Familiar (Mefca); y su sobrino, Joel Narváez Campbell, es juez de Distrito de Familia de Bluefields, uno de los casos que menos se conoce.
Carlos Guadamuz, activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, indica que es necesario ver el nepotismo en todas sus dimensiones para entender que sus afectaciones son masivas. “El nepotismo no solamente tiene que ver con el nombramiento de personas, el nepotismo también tiene que ver con el favoritismo, con las concesiones, con las prebendas que pueden obtener”, indicó.
Guadamuz coincide en que esta práctica trae como consecuencias el uso ineficiente de los recursos públicos, los supernumerarios, la inflación de planillas, los sobresueldos y la falta de fiscalización. Asegura que todo estos casos están considerados como “faltas graves dentro de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”. Y señala que perjudican a toda la ciudadanía, pues el dinero que se está desperdiciando podría ser destinado a la inversión social: como salud y educación.
También remarca que se está negando la oportunidad a personas con mejor formación profesional y experiencia a competir por esos puestos en condiciones de equidad y transparencia. “Esto produce una cadena de efectos negativos al país como los daños económicos y materiales al Estado”, sentencia.
Francisco Díaz Madriz
La lista de familias allegadas al orteguismo atornilladas en el Estado no termina acá. Francisco Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, tiene a su hija Blanca Díaz Flores, esposa de Maurice Ortega Murillo, como asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Dos hijas más de Díaz Madriz están en cargos públicos importantes: Tania Díaz Flores es viceministra de Transporte e Infraestructura desde 2017; y Nahima Janett Díaz Flores fue asesora de la Dirección General de Telcor durante cinco años, pero tras la muerte del otrora director de la institución, Orlando Castillo, fue ascendida al puesto principal en junio de 2020.
Por su parte Haydée Díaz Madriz, hermana de Francisco, es viceministra del Ministerio de Educación de Nicaragua desde 2015. Ese año Murillo la nombró primero en el cargo y luego se oficializó en La Gaceta. Pocas veces aparece ante los medios, a pesar de la importancia del puesto que tiene.
Francisco Díaz Madriz
Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
Julio César Avilés Castillo
En el Hospital Militar, de carácter estatal y bajo la titularidad del Ministerio de Defensa, la Teniente Coronel y doctora en ginecobstetricia Alma Avilés Castillo es jefa del servicio de Departamento Materno Infantil desde hace varios años. Ella es la hermana de Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
Además, el hijo de este alto mando militar, Julio Avilés Sánchez, trabaja en Telcor como especialista en Planificación del Programa de Banda Ancha Nicaragua, según su perfil en LinkedIn, pero investigaciones del medio digital Divergentes y Nicaragua Actual revelaron que se dedicaba a incidir en la opinión pública para imponer la retórica del régimen sandinista a través de una granja de troles que eliminó Meta.
Néstor Moncada Lau
Otra familia en la que reina el nepotismo es la de Néstor Moncada Lau, el temible y poderoso asesor en temas de seguridad de los Ortega-Murillo. Su hijo, Ernesto David Moncada Solís, es el inspector general de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, un cargo que le permite mantener vigilancia sobre salidas y entradas al país. Y Claudia Moncada Solís, hija de Moncada Lau, es funcionaria de Telcor —según pudo comprobar esta investigación—, aunque se desconoce el cargo que ocupa.
En tanto, el hermano del asesor presidencial, Óscar David Moncada Lau, es director de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), según se constató en una planilla de esta entidad en poder de Nicaragua Investiga y CONNECTAS. Esta familia se mueve entre las sombras y obtener información sobre ellos es casi imposible, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó por “corrupción” y “control” sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua al enriquecer a miembros del régimen Ortega-Murillo. Las sanciones fueron impuestas a su esposa Lydia Vargas de Moncada y a sus cinco hijos. El mismo Moncada Lau ya las había recibido años antes.
Néstor Moncada Lau, poderoso asesor en temas de seguridad de los Ortega-Murillo.
Del nepotismo al amiguismo
Martha Patricia Molina, abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, sostiene que el nepotismo se ha “naturalizado” con Ortega en el poder y señala que esta práctica causa ineficacia en la función pública porque no se tiene el mismo rigor o nivel de exigencia con un familiar o amigo en el desempeño de sus tareas, sino que -destaca- lo importante es que “este familiar lo que viene es a taparte toda la corrupción que estás cometiendo”.
Una experta en gestión pública, que pidió el anonimato por temor a represalias políticas, señala que cuando se contrata a un pariente, incluso si este cuenta con experiencia para el cargo, se puede “estar ante una situación de tráfico de influencias y conflicto de interés que no permita juzgar si estos méritos son reales o no”. Y cuestiona que la Contraloría General de la República (CGR) no haga su trabajo para supervisar que no se tengan este tipo de prácticas en el Estado. “En las declaraciones patrimoniales no solo ves el patrimonio de la persona, sino el grado y las interrelaciones que pueda tener ésta con otras. Si reciben un currículo para llenar un puesto determinado, sería hacerlo a través de un proceso concursable donde compitan y gane el mejor en términos de méritos. Pero no sucede así”, dice.
Denuncias de dos extrabajadores del Estado nicaragüense revelan que hay un método común de reclutamiento en los puestos de menor jerarquía, que se radicalizó más a partir de 2018 para “pagar favores políticos” y asegurar que las personas que estén en estos puestos “respondan a los intereses del sandinismo”. Son cerca de 150 mil servidores públicos en funciones, de acuerdo con datos oficiales citados por Rosario Murillo en 2020.
Ana Hernández, una enfermera que por más de dos décadas laboró en el Hospital Público Óscar Danilo Rosales, ubicado en el departamento de León, y despedida en 2018 por haber rechazado las órdenes del Ministerio de Salud de no atender heridos opositores durante las protestas sociales de ese año, dice que para llegar a un puesto estatal hace falta principalmente una cosa: un aval político del Frente Sandinista y ser recomendado por una persona de confianza.
El documento aval lo entregan estructuras territoriales del partido como el Consejo del Poder Ciudadano (CPC), junto al Comité Departamental o las casas departamentales de la Juventud Sandinista. Los avales hacen constar que la persona recomendada es “un destacado militante” o hasta un “descendiente de familia de colaboradores”, según se verifica en documentos de este tipo en poder de Nicaragua Investiga y CONNECTAS. “Si yo tenía el puesto como coordinadora de determinada área, yo llevaba a mi hermana, a mi sobrino, a mi amigo”, reveló Hernández.
Para documentar los casi 90 casos de nepotismo develados en esta investigación se debió sortear el férreo hermetismo estatal y el temor de ex servidores públicos que entienden que contar la verdad es una amenaza a su seguridad y la de sus familias. Lo verificado en este trabajo periodístico parece ser solo la punta de un inmenso iceberg, pero es sin dudas una muestra de cómo el nepotismo es un modelo de gobierno que asegura el control absoluto por parte del régimen de Daniel Ortega y paga las lealtades a un alto precio para el país.
