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Un delito sin condenados en Nicaragua, el lavado de dinero

A pesar de las condiciones propicias al delito detectadas por organismos internacionales, en Nicaragua nadie ha sido condenado inequívocamente por lavado de activos.

En los casi quince años de gobierno de Daniel Ortega no se ha procesado o condenado a ningún individuo por lavado de activos, a excepción de los juicios recientes contra líderes opositores, empresarios y periodistas, procesos que para el activista de la Fundación del río Amarú Ruiz son “meramente políticos”.

La ausencia de investigaciones de este delito por tan largo tiempo contrasta con la calificación de Nicaragua como un país poco confiable y con alto potencial para el lavado de dinero por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental establecida en 1989 por las grandes potencias del mundo.

La misión del GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El gobierno de Nicaragua mantiene la posición de que colabora con el GAFI y tiene sus recomendaciones en consideración, como destacó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez en agosto de 2021.

Sin embargo, para Amaru Ruiz la realidad es otra. Considera que las autoridades nicaragüenses no han demostrado voluntad real para adoptar las medidas necesarias para combatir este tipo de delitos y que en su lugar, ha utilizado la infraestructura que debería dedicarse en detectar estos crímenes para castigar a sus adversarios políticos y “mantener el control total del Estado nicaragüense”.

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Red Activos, una organización dedicada a promover información sobre este tema, asegura en un video informativo que el lavado de dinero tiene varias etapas, la primera es la colocación, para lo cual el delincuente requiere introducir dinero obtenido de manera ilícita al sistema financiero nacional.

Es aquí donde ha radicado la primera crítica a los juicios políticos establecidos por Ortega en contra de activistas y opositores.

“La cooperación internacional o la cooperación extranjera no cabe dentro de la posibilidad de un tipo penal de lavado de dinero. Lo normal hasta la aprobación de la ley de agentes extranjeros es que inclusive hasta el propio gobierno recibía cooperación para programas sociales”, indicó al medio La Voz de América la jurista María Asunción Moreno.

Fundación Violeta Barrios, una de las principales organizaciones acusadas de este delito, junto a su exdirectora Cristiana Chamorro recibían fondos de origen conocido y autorizado, como es la cooperación internacional. La GAFI explica que el objetivo principal del delito de lavado de activos es hacer pasar como legítimo el dinero obtenido de fuentes ilícitas como “narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro o piratería”.

Es en este punto donde las cosas se vuelven más bien contrarias para Ortega. La corrupción mueve enormes cantidades de dinero y los métodos empleados para obtenerlas son considerados ilícitos, y es precisamente una de las principales debilidades de su administración.

La corrupción, el primer delito antes del lavado

En el listado del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional para el año 2021, Nicaragua recibió una puntuación de veinte sobre cien, descendiendo dos puntos en referencia al año anterior. Comparte el lugar ciento sesenta y cuatro junto a Haití y algunos países africanos, siendo así uno de los dos países más corruptos de América.

La corrupción es una problemática crónica en Nicaragua, arrastrada quizá desde la fundación de la República y, según un experto en temas de lavado de activos que nos pidió el anonimato por temor a represalias, “el delito de corrupción es un delito precedente al lavado de activos”.

“Desde luego, las coimas que se obtienen, el resultado de los sobornos que se obtienen a partir de la corrupción es dinero sucio que se lava”, explica, pero no considera que, dado el estado actual de las instituciones fiscalizadoras de Nicaragua, pueda detectarse este tipo de actividades y mucho menos castigarse.

La Contraloría Geeral de la República ha sido catalogada como «ciega e inoperante». Foto | NI

Es en esta parte donde entra en juego la segunda y tercera etapa del delito de lavado de activos. La estratificación; que consiste en hacer perder el rastro del dinero invirtiendo en negocios donde se mueva mucho efectivo, para pasar a la última fase; la integración, donde se reingresa el dinero a la economía nacional comprando terrenos, joyas, artículos de lujo, propiedades y proyectos comerciales.

Es por esta última etapa que los repentinos negocios de la familia Ortea-Murillo y sus allegados, muchos gestionados desde el mismo Estado, han sido blanco de críticas de expertos y economistas.

De Caruna al Gran Canal; los esquemas de la turbiedad

Carlos Coronel Kinloch, hermano de la ministra de gobernación María Amelia Coronel, estuvo involucrado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (CARUNA), entidad que dispuso de los fondos del acuerdo petrolero con Venezuela. Más de 3 mil 780 millones de dólares pasaron por esa entidad sin rendición de cuentas, que según explica el economista Enrique Sáenz en su sitio web, fueron usados para “comprar conciencias; entregar prebendas a los allegados y cultivar una clientela política a partir de dádivas”, pero que pasaron a ser deuda pública.

Carlos Coronel fue presidente de Tichana Waters, S. A., un proyecto de energía hidroeléctrica que buscaba abastecer a la Isla de Ometepe. La entidad Caruna tenía un puesto de secretaría en la junta directiva de Tichana.

En 2010, un experto elevó algunas sospechas a La Prensa sobre este negocio. “Las ganancias por producir energía hidroeléctrica no deben ser muchas, pero tienen, están manejando tanta plata que no hallan qué hacer con ella”, expresó.

En declaraciones anteriores a Voz de América, el diplomático y académico Arturo Cruz señaló que Daniel Ortega y Hugo Chávez “acordaron canalizar los flujos financieros de la cooperación como una operación privada, bajo control empresarial de Ortega”.

La cooperación bajó significativamente en los últimos años pero supuso una entrada de capital cuantiosa y constante para el gobierno de Daniel Ortega por muchos años, lo que llevó a que Caruna fuese sancionada por los Estados Unidos en octubre de 2020, por ser un soporte económico para Ortega. Según Confidencial, esta entidad “llegó a administrar 599 millones de dólares solamente en el período 2007-2009”, y lo hizo sin supervisión.

El experto consultado para esta investigación, explica que movimientos de capital tan cuantiosos, sin las herramientas apropiadas de fiscalización, suponen un riesgo. “La guerra contra el lavado de activos es una guerra de alto uso tecnológico, y nosotros estamos todavía con palos y piedras. Eso, desde luego, nos genera mucha vulnerabilidad”, comenta.

Caruna fue utilizada para financiar proyectos gubernamentales a través de préstamos, lo que fue bautizado como “la caja chica” del sandinismo.

Las graves consecuencias de que Nicaragua entre a la lista negra del GAFI

Otra instancia en la que grandes cantidades de capital pueden moverse y que ha tenido una reputación dudosa ante observadores internacionales es el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Wang Jing.

La Asociación Cocibolca realizó un estudio de impacto ambiental y un análisis de la estructura que proponía el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Mónica López pertenecía a esa organización y en una entrevista anterior a Nicaragua Investiga dijo que el estudio identificó al menos 18 empresas involucradas en esta operación que según sus análisis, “era un esquema muy potable para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas».

Amaru Ruiz, también parte de las organizaciones que trabajaron en ese estudio, señala que “algunas de estas empresas tenían sedes en ciudades que se reconocen como paraísos fiscales”. El activista ambientalista señala que “eso hace que haya una preocupación y haya sospechas de que cualquier tipo de recurso financiero internacional podría entrar por esa estructura financiera que crearon para el proyecto del canal interoceánico”.

“Precisamente por eso es que el Departamento de Estado sanciona a gente vinculada a la estructura del canal interoceánico”, aclara. Al mismo tiempo, Ruiz señala que el proyecto del canal aún goza de una asignación del presupuesto general de la república a pesar de que el plazo para la construcción de la obra venció en 2019.

“No se explica por qué sigue operando en Nicaragua con un presupuesto asignado del presupuesto general de la república si el proyecto de alguna manera ha cumplido los plazos y no se ha construido”, dice Ruiz.

Los hijos Ortega: sancionados por “lavado de dinero”

El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo del cuestionado presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Laureano es la mano derecha de la pareja presidencial para asuntos económicos. Dirige la Agencia de Promoción de Inversiones ProNicaragua, entidad bajo la cual se hace cargo de ir en busca de inversionistas a otros países y facilitar el establecimiento de empresas de capital internacional o mixto.

“A partir de 2018, Laureano se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense”, dice una nota de prensa difundida por el Tesoro norteamericano para justificar las sanciones contra el hijo del mandatario nicaragüense.

Laureano Ortega está sancionado por Estados Unidos, al ser señalado de «lavado de dinero». Foto | Prensa oficialista

“Además, Laureano coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, las cifras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal”, reafirma la nota oficial.

Siete meses más tarde de la sanción a Laureano Ortega, el mismo castigo cayó sobre su hermano mayor, Rafael.

El 13 de diciembre del 2019 el Departamento del Tesoro aseguró que “Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”.

Rafael Ortega y su exesposa, Yadira Leets opera el negocio petrolero que se generó de la cooperación venezolana, y que terminó siendo una deuda pública, pero un patrimonio familiar, según varios economistas.

“El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. Es así que “ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta de Nicaragua”, explica el comunicado.

Según Estados Unidos, Rafael Ortega Murillo utilizaba “al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzíbar y Servicio de Protección y Vigilancia, para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”.

Inversiones Zínzibar administradora de una enorme cantidad de estaciones de distribución de combustible y que según el Departamento del Tesoro, “blanquea” las transferencias de la Distribuidora Nacional de Petróleos, Petronic.

Mientras que Servicios de Protección y Vigilancia S.A (El Goliat), ha ganado contratos públicos millonarios para ofrecer su trabajo a entidades públicas del país.

Otro de los sancionados por Estados Unidos por considerarlo operador de una red de lavado de dinero es José Mojica Mejía, reconocido testaferro de la familia presidencial, que aparece como representante legal de varios negocios de los hijos Ortega-Murillo, principalmente sus canales de televisión y considerado más cercano a Juan Carlos Ortega, propietario de Canal 8 y de la empresa Difuso Audiovisuales, ambas también ganadoras de contratos millonarios por publicidad por parte del Estado.

Reguladores, juez y parte

La Comisión Nacional contra el lavado de dinero en Nicaragua la encabezan ocho funcionarios, tres de los cuales han sido sancionados por corrupción por Estados Unidos: Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público; Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional; y Ana Julia Guido, fiscal general.

En términos prácticos, la constitución de la Comisión exhibida en la reforma a la Ley 977 en abril de 2021, permite al Ejército vigilar a los bancos de Nicaragua. Ortega tiene la potestad de nombrar a quien desee para liderar la Comisión y, en efecto, eligió al sancionado Iván Acosta, quien fue señalado de amenazar personalmente a bancos del país para evitar que se unieran a una huelga general del sector privado en marzo de 2019.

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La Policía Nacional de Francisco Díaz ha sido acusada por múltiples violaciones a los derechos humanos, muchas documentadas, pero además Díaz tiene a tres de sus hijas y a su hermana trabajando en instituciones del Estado, una práctica de corrupción llamada nepotismo que según expertos facilita la corrupción.

Nahima Díaz Flores es directora del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); Tania Díaz Flores es viceministra del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT); y Blanca Díaz Flores —casada con Maurice Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante— es asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), una entidad que debería promover la transparencia en el uso de los bienes y recursos del Estado, ha sido denunciada como “ciega e inoperante” ante el gobierno sandinista y se ha negado a investigar los señalamientos en contra de funcionarios y empresas estatales nicaragüenses emitidos por organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos.

La UAF cooptada por el sector militar

El hecho de que los esquemas potables para la comisión de este delito se estructuren desde el Estado, representa un grave problema para la persecución y fiscalización.

Mientras tanto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada a través de la Ley 793, está cooptada por el sector militar del régimen de Ortega, una entidad que ha declarado abiertamente en voz de su jefe Julio César Avilés, su fidelidad al partido de gobierno.

“La Unidad de Análisis Financiero debería encontrar las evidencias, pero no ha hecho nada parecido, ni con acompañamiento de la Policía Económica y son instituciones del ejecutivo que no tienen autonomía ni independencia”, asegura el experto.

En la UAF hay personal militar y colabora con la unidad de inteligencia del Ejército de Nicaragua. Desde la creación de la unidad, el mayor general Denis Membreño Rivas ha sido director y la subdirección la ocupa el comisionado mayor, Aldo Sáenz Ulloa.

Al Ejército lo representa en la unidad el general Julio César Avilés, jefe de las fuerzas armadas. También hay un representante del ministerio de gobernación, la ministra María Amelia Coronel Kinloch.

El Ministerio de Gobernación nunca inició ningún proceso de investigación de la Autoridad del Gran Canal, incluso después la empresa encargada del proyecto, HKND Group, cerrase sus oficinas en 2018, Wang Jing fuese expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghai en septiembre de 2021 y no se haya hecho ningún avance significativo en el proyecto luego de casi diez años de haber supuestamente iniciado.

Por ende, es imposible que esta institución desligue aspectos en los que pudiesen surgir evidencias que no le sean convenientes al régimen del caudillo sandinista. “Siempre se ha querido mezclar lo militar porque la inteligencia, entendida desde este aspecto, un aspecto económico, Ortega siempre la ha querido ligar a uno de sus principales aliados”, añade el experto consultado que nos pidió el anonimato.

“Hay movimiento, un flujo de recursos también, lícito en una parte, pero otra parte de eso también es ilícita y la pandemia generó ciertas vulnerabilidades y generó espacios para que la criminalidad organizada operara utilizando la virtualidad”, añade, confesando que el sistema de prevención del delito de lavado en Nicaragua tiene demasiadas vulnerabilidades.

Acaba lamentando que, en definitiva, “nos enfrentamos a un futuro incierto de la lucha contra el lavado de dinero”.

Nuestro país figura en la lista gris del GAFI, reservada para países “poco confiables y con potencial para el lavado de dinero”. El GAFI insta a Nicaragua a continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, pero la voluntad de las autoridades es nula.

Las leyes aprobadas recientemente bajo el pretexto de cumplir con esas recomendaciones se han utilizado más para castigar y perseguir opositores y disidentes, que para realmente erradicar el delito de lavado de dinero en Nicaragua, advierte el experto que señala que por esa razón la GAFI decidió mantener a Nicaragua dentro de la calificación gris que posee desde hace varios años.

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