Un grupo de diputados ecuatorianos presentaron el jueves un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por un presunto caso de corrupción que salpica a su cuñado y a un exfuncionario de una empresa pública.
El pedido de juicio político está firmado por 59 de los 137 asambleístas, el 43% de la cámara.
La iniciativa será analizada primero por un consejo administrativo del legislativo y luego pasará a la Corte Constitucional, que tiene la última palabra sobre dar o no luz verde al trámite.
El pedido de juicio político tiene su origen en un reporte del portal La Posta que reveló en enero una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado de Lasso que no ha ocupado cargos en el gobierno.
«El presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. El presidente siempre supo, siempre tuvo conocimiento (…) y permitió que se haga feria (dinero) de estas empresas», dijo a la prensa la asambleísta Viviana Veloz, del opositor partido Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Veloz sostuvo que «el presidente tiene responsabilidad política por los delitos de concusión y de peculado», y que el juicio «es una salida constitucional y democrática para esta grave crisis» que atraviesa el país.
En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.
Por su parte, el gobierno de Lasso rechazó la solicitud de juicio político por considerar que «carece totalmente de elementos políticos y jurídicos».
«Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años de mandato», señaló la Secretaría General de Comunicación.
Este es el segundo intento del Legislativo de destituir a Lasso. El junio, en medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de la vida, asambleístas opositores presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no reunieron los votos necesarios.
Si la solicitud llega a la Corte Constitucional, ésta tiene un plazo de seis días para pronunciarse. En caso de que el máximo tribunal emita un dictamen en contra del juicio, el proceso quedará archivado.
De darse el juicio, se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados (92) para destituir al presidente.
Nicaragua Investiga
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