El exgobernador del estado venezolano de Nueva Esparta y preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, Alfredo Díaz, falleció este 6 de diciembre bajo custodia del Estado, informaron organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos de la oposición.
Díaz, quien era miembro del partido Acción Democrática, se encontraba encarcelado desde el pasado 24 de noviembre de 2024 cuando lo apresaron en una alcabala policial en el occidente del país, cuando pretendía abandonar Venezuela por la persecución política en su contra.
Familia exige respuestas
Al político lo trasladaron a la sede de El Helicoide (Caracas) del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del régimen que es denunciada por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que son objeto las personas privadas de libertad por razones políticas. Organizaciones nacionales e internacionales de DDHH lo denominan como «un centro de tortura», donde el chavismo recluye a las personas de alto perfil político. Por ejemplo, mantuvieron en sus celdas a los estadounidenses que eran gerentes de la petrolera Citgo, así como a la defensora de DDHH, Rocío San Miguel, apresada en febrero de 2024 y que necesita una operación por una fractura en su hombro, que no ha sido atendida por el régimen.
En su cuenta de Instagram, la esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió una respuesta por esta información que dieron a conocer diferentes políticos. «Exijo una respuesta qué pasó con mi esposo. ¿Me lo mataron?», se preguntó. Fue ella quien reportó la detención del dirigente socialdemócrata hace un año, la última vez que logró comunicarse con él.
El secretario general y líder histórico del partido AD, Henry Ramos Allup, compartió un obituario en redes sociales el que lamentó el deceso del exgobernador. «Se encontraba injustamente detenido en El Helicoide desde hace más de un año», destacó parte del mensaje.
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ONG denuncia la responsabilidad de la dictadura
Mientras que el director-presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo en la red social X que durante su reclusión solo permitieron una sola visita de su hija. «Tenía 55 años, es indignante. El Estado es responsable de la salud de las personas bajo su custodia. La familia no ha visto el cuerpo todavía. Van camino a Caracas», detalló el representante de una de las organizaciones defensoras de los presos políticos en el país sudamericano.
También de esta organización, su vicepresidenta Gonzalo Himiob, explicó que la familia de Alfredo Díaz fue notificada de la muerte del político opositor. Mencionó que «según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una muerte potencialmente ilícita que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial».
Bajo custodia del Estado han muerto al menos 22 personas en los últimos 10 años de gobierno de la dictadura de Maduro, que no ha dado respuesta ni ha investigado estos hechos. Entre ellas se encuentran la del exministro de la Defensa y general retirado, Raúl Isaías Baduel; el exconcejal de Caracas, Fernando Albán. Estas dos, como la de Díaz, se produjeron en dependencias del Sebin.
En el contexto de las detenciones después de las protestas poselectorales por los resultados oficiales que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador, varios presos políticos también murieron en cárceles u hospitales por la falta de atención médica oportuna del régimen. La primera fue la de un activista y miembro de mesa de las elecciones por la oposición, Jesús Martínez, a quien lo mantuvieron en una pequeña celda sin brindarle los cuidados médicos aunque sufría de diabetes. Cuando lo llevaron a un centro asistencial público tenía necrosis en sus dos piernas; murió durante una operación en la que iban a amputarle sus dos miembros inferiores. Por eso hecho no hay nadie responsable.
Periodista Nicaragua Investiga
