Obligada por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos del país suramericano que, a juicio de analistas, representa el cambio legal más significativo desde la nacionalización del petróleo en el año 1976 y desmonta mayormente el estatismo que impulsó Hugo Chávez en el año 2006.
En pocas palabras, los herederos de la revolución bolivariana dieron un vuelco a la participación exclusiva que tenía el Estado en las labores primarias de producción petrolera al permitir ahora que las empresas privadas puedan explorar, explotar, producir y comercializar el crudo sin la necesidad de la participación de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Inmediatamente aprobada la reforma en su segunda discusión en un Parlamento controlado por el chavismo, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el levantamiento de sanciones a la industria petrolera venezolana, pero solo para empresas estadounidenses a las que busca atraer para que inviertan en el país con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo.
Qué cambios trae la reforma
Un análisis del abogado y experto en derecho tributario, litigios y arbitraje internacional venezolano, Rafael Punceles, destaca los principales cambios que trae la reforma. «Por primera vez desde la nacionalización de 1976, las actividades primarias del sector -exploración, extracción, transporte y almacenamiento- podrán ser realizadas directamente por empresas privadas, nacionales o extranjeras, sin tener que formar parte de empresas mixtas con Pdvsa. Es decir, el Estado deja de ser el operador exclusivo del negocio petrolero: ya no solo existirán empresas estatales y empresas mixtas, sino también operadoras privadas con capacidad plena para producir petróleo en Venezuela», mencionó para el sitio web Ecosistema.
Aunque advierte que se mantiene la discrecionalidad del Estado en la reducción de impuestos y regalías, destaca que por un lado permitirá atraer la inversión privada, pero por otro plantea dudas en materia constitucional porque la Carta magna aprobada por el chavismo en 1999 reservaba las actividades petroleras al control total del Estado, lo que podría a mediano plazo traer disputas legales. Algunos cambios permiten que si hay controversias se puedan dirimir en tribunales internacionales, algo que no permite el texto principal del país suramericano.
«La nueva ley representa una eliminación y reforma considerable en impuestos y regalías para incentivar la inversión. Es importante resaltar que el Ejecutivo Nacional podrá reducir incluso más y de manera discrecional las alícuotas de las regalías, impuesto sobre la renta e impuesto integrado de hidrocarburos, según la exigencia económica de cada proyecto. Es una medida que resulta en una reducción tributaria sin precedentes históricos para el sector petrolero», señaló Punceles sobre los cambios.
EEUU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano
EEUU relaja sanciones petroleras
El Departamento del Tesoro anunció poco después, este mismo jueves 29 de enero, que a pesar del anuncio mantiene limitaciones. La ventana es que ahora no solo Chevron, la única estadounidense que se ha mantenido operando campos petroleros en territorio venezolano, puedan entrar al mercado interno con algunas excepciones como el control financiero. Es decir, las empresas podrán invertir pero tendrán obligatoriamente que abrir cuentas bancarias aceptadas por EEUU y que se comercialice el petróleo en ese país y sólo para aquellas que se crearon antes del 29 de enero del año 2025.
Además, los pagos al Estado venezolano se tendrán que hacer en una cuenta bancaria controlada por EEUU, tal como se hace ahora con el petróleo que estaba almacenado en esa nación y la Casa Blanca bloqueó desde diciembre pasado. Los recursos serán vigilados por el gobierno de Donald Trump.
La llamada licencia 46 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) destaca que los contratos suscritos por Pdvsa deberán sujetarse a las leyes aplicables de Estados Unidos, lo cual hará que si existe una disputa entre la estatal y las empresas privadas se resuelvan en tribunales estadounidenses, algo que contempla la reforma de la Ley de Hidrocarburos.
Al chavismo no le quedó otra razón que ceder ante las exigencias de EEUU, amenazado de que sus líderes en control del régimen corran la misma suerte que Maduro y Cilia Flores, presos en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York desde el pasado 3 de enero, a la espera de un juicio por cargos criminales como narcoterrorismo.
American Airlines, la primera estadounidense en informar que volará a Venezuela
Levantan bloqueo aéreo a Caracas
Este mismo jueves 29 de enero Trump anunció el levantamiento de las restricciones al espacio aéreo venezolano, que posteriormente detalló la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés). Esto dio paso a que American Airlines anunciara su regreso «en los próximos meses» a Caracas después de la suspensión de vuelos directos entre los dos países en el año 2019 cuando el republicano estaba en su primer mandato e impuso severas sanciones al entonces gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de que el mandatario estadounidense convocó a las principales petroleras estadounidenses a una reunión en la Casa Blanca a inicios de mes para incentivarlas a volver a Venezuela y pese a los cambios anunciados, aún hay reservas en muchas de ellas por el historial de expropiaciones que sufrieron algunas como ConocoPhillips y ExxonMobil durante el gobierno de Hugo Chávez.
Qué dicen los críticos a la reforma legal
La reforma enfrenta también críticas de antiguos aliados del chavismo como los de Partido Comunista de Venezela (PCV), quienes consideraron que se trata de «un retroceso histórico en la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos estratégicos». Alejados de Maduro y perseguidos por sus antiguos compañeros, los comunistas son de los pocos que cuestionan la nueva Ley de Hidrocarburos.
Aunque aclararon que no están en contra de la inversión privada en el sector petrolero, exigieron que responda a los intereses venezolanos y resaltaron, como lo hizo Punceles en su análisis, las dudas constitucionales que plantea el instrumento.
«Bajo el falso argumento de la ‘modernización’ y la ‘eficiencia económica’, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre de manera progresiva y sistemática las puertas a la privatización de las actividades petroleras primarias, desconociendo principios constitucionales expresos y debilitando el control democrático del Estado sobre la principal riqueza del país».
En la misma sintonía, el exministro de Petróleo de Chávez, Rafael Ramírez, quien duró en el cargo por más de una década y estuvo al frente de las políticas severas de estatización impuestas por el entonces mandatario.
«Para aprobar la reforma ahora se niegan los grandes avances en lo económico y social (las misiones entre otras) obtenidos entre 2002-2012 gracias a la distribución popular de la renta petrolera y la plena soberanía petrolera. Política que solo fue posible luego de la derrota del Golpe de Estado (que pedía la derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos), del sabotaje petrolero y con la entrada en Vigencia plena de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que nos permitió recuperar el manejo de nuestra industria petrolera privatizada durante la nefasta Apertura Petrolera de los 90», dijo en X.
No obstante, el exfuncionario y disidente chavista enfrenta acusaciones de corrupción por un desfalco de 4.500 millones de dólares durante su tiempo como máxima figura del petróleo en la era de Chávez y por la que lo denunció otro exministro que cayó en desgracia con Maduro y su gabinete, Tareck El Aissami.
Las misiones sociales del chavismo eran programas que devinieron en control social de la población venezolana, especialmente las conocidas como los Clap, que consistía en la entrega de una bolsa de alimentos, en su mayoría carbohidratos, que desató una ola de corrupción con empresarios aliados al régimen.
Periodista Nicaragua Investiga
