- Voz de América
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que expresó su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
“Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones de libertad de expresión y del derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos”, dijo Bachelet.
La alta comisionada señaló que le “preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”.
En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena dijo que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos y el precario acceso al sistema de salud”.
Fotografía tomada de la web
Bachelet dijo que su oficina documentó “ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas”, y que “las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques”.
El informe menciona que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.
“Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes”.
El documento dice que se documentaron 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020, en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Sucre y Zulia.
“En 23 de estos casos se identificó a las FAES como presuntos autores; siete se atribuyeron al CICPC; tres a los colectivos armados; dos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); uno a la Dirección de Investigaciones Penales (DPI); una al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (CONAS); y una muerte habría ocurrió estando bajo custodia y al parecer fue responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana”.
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