Por primera vez entra en vigencia el Título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) que permite iniciar acciones judiciales en Estados Unidos contra individuos, compañías cubanas y empresas extranjeras que hayan traficado con propiedades confiscadas sin compensación en Cuba por el régimen de Cuba a partir del 1959.
Estas reclamaciones serán posibles luego que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, activara en abril pasado el Título III de la Ley Helms-Burton, una legislación que fue aprobada por Bill Clinton en 1996 para sancionar al gobierno de La Habana por derribar dos avionetas estadounidenses.
Desde que se aprobó la ley esta es la primera vez que la Casa Blanca autoriza la implementación de un artículo que ya causó roces y puso en jaque las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea.
De acuerdo a reportes, el primer caso será presentado por Javier García-Bengochea, un cubanoestadounidense que demandará a la empresa de cruceros Carnival por utilizar la terminal portuaria de Santiago de Cuba que le fue confiscada a su familia a inicio de los años 60.
Por su parte, Mickael Behn, un estadounidense que vive en Reino Unido, afirma ser el propietario incuestionable de los muelles de La Habana.
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Ambos aseguran que perdieron sus bienes en la isla después de la Revolución de Fidel Castro. Lo cierto es que desde de este jueves ellos y otros ciudadanos podrán llevar ante las cortes federales a empresas extranjeras que operan en esas propiedades confiscadas en la isla.
La activación de esta ley forma parte de la respuesta de Trump a la supuesta ayuda militar que Cuba le presta a Maduro en Venezuela, la cual La Habana niega. Cabe señalar que esta medida contra la isla es una acción que los anteriores presidentes de Estados Unidos pensaron dos veces antes de aprobar.
Fotografía: Miguel Díaz-Canel (i), saluda a Daniel Ortega en una reunión política en La Habana. Agencias/NI
Nicaragua Investiga
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