La Asamblea Nacional de Nicaragua, al servicio del régimen sandinista, reformó la Ley General de Puertos para reducir el número de directivos de la Empresa Portuaria Nacional (PEN), donde ahora la leal procuradora de justicia, Wendy Morales, será la vicepresidenta.
Con la votación unánime de los 91 diputados del Parlamento, la directiva de la EPN pasó de 13 a 6 personas, la representación del sector privado quedó fuera y Morales será la segunda al mando, después del presidente ejecutivo, de quien no se dio a conocer el nombre.
La reforma contempla la eliminación de la representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que quedó sin ministro con la «renuncia» de Oscar Mojica Aguirre este jueves 11 de diciembre, el día en el que anunció la modificación de la Ley portuaria.
Los representantes privados tampoco estarán. En la anterior Ley, había miembros de la Asociación Nicaragüense de Agentes Navieros (ANAN); el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de las empresas de estiba; de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe e incluso de los trabajadores portuarios.
Pero las representaciones de estas organizaciones y empleados ya no estarán, lo mismo que desaparece el representante del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
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Presidente de la EPN con rango de ministro
Ahora, el presidente de la EPN tendrá rango de ministro; lo acompañarán en la directiva, la Procuradora de Justicia como vicepresidenta; el ministro de Transporte e Infraestructura; el jefe de la Fuerza Naval del Ejército; el director general de Servicios Aduaneros y por último, el director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Jenny Martínez, citó la exposición de motivos de la reforma al justificar que el entorno cambiante necesitaba de una EPN más ágil y técnica que la anterior, en la que eliminaron al sector privado de la directiva del organismo.
Otros que desaparecen de esta estructura son los designados por el Instituto Nicaragüense de Turismo y el delegado o delegada de la Presidencia para el Fomento del Comercio Exterior.
Estos cambios se dan en medio de las sanciones anunciadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que este miércoles, 10 de diciembre, anunció la imposición de aranceles graduales a los productos nicaragüenses que se exportan fuera del DR-Cafta, tras una investigación contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las masivas violaciones a los derechos humanos contra la población nicaragüense.
También con los anuncios de los voceros del régimen sobre una «cifra histórica» de exportaciones, que entre enero y noviembre de este año alcanzaron los 8.000 millones de dólares, un 16 % más que en el mismo periodo del año 2024.
Periodista Nicaragua Investiga
