El gobierno de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, comenzó a generar dudas sobre su promesa de campaña de combatir a la corrupción al aprobar una ley considerada por algunos como un nuevo “pacto de impunidad” que beneficiaría a funcionarios del gobierno de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.
La ley se logró con el apoyo de una facción de un Congreso todavía dividido.
Zelaya gobernó entre 2006 y 2009 y dejó el poder tras un golpe de Estado. En ese momento varios de sus colaboradores fueron detenidos y esta nueva norma los ayudaría, sin importar el motivo por el que acabaron tras las rejas, lo cual ha despertado rechazo en el país centroamericano.
La aprobación de la ley además es polémica porque el Congreso se encuentra fraccionado: una parte del partido que llevó a Castro a la presidencia la respalda y la otra no. Cada una nombró a un líder distinto para el Legislativo y entre ambos bloques no se ha logrado un consenso.
El Legislativo que preside Luis Redondo —apoyado por Castro— aprobó esta semana la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan —referente al golpe de Estado de 2009— la cual incluye un decreto de amnistía para la liberación presos políticos y los presos de conciencia. La polémica ley fue publicada el sábado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia inmediatamente, tras ser sancionada en silencio por la gobernante.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos declaró a The Associated Press que con esa ley se quiere beneficiar a personas que para la época del golpe de Estado cometieron delitos de lavado de activos, apropiación indebida de bienes, malversación de caudales públicos y hurto, entre otros. Algunos fueron judicializados y otros están prófugos.
“La amnistía a nivel internacional, según la doctrina constitucional, es únicamente para delitos políticos que son terrorismo, sedición, atentar contra la seguridad del Estado, entre otros… pero con esa amnistía han metido casi todo el Código Penal, eso ya no es amnistía”, expresó Barrientos. “Metieron todos los delitos habidos y por haber, eso es evidente que lo hacen para perdonar a todo mundo, y se van los políticos y los que no son delitos políticos y eso es lo que se censura y lo consideramos un pacto de impunidad”, apuntó.
La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de Castro, quien este domingo informó que dio positiva a una prueba de COVID-19. “El resultado del PCR (#COVID19) de ayer, fue negativo, el de hoy es positivo. Según los exámenes es leve”, escribió la gobernante en Twitter. Añadió que seguirá trabajando de manera remota.
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Denuncian decretos ilegales
Otro punto que resaltó Barrientos es que el gobierno estará expuesto a un sinnúmero de recursos de inconstitucionalidad, porque todos los decretos aprobados por las dos juntas directivas del Congreso Nacional son ilegales. “La presidenta no debió haber sancionado esa Ley, ella debió esperar hasta que se regularizara la situación en el Congreso, es decir, definir cuál es la junta directiva legal”, sostuvo.
Castro llegó al poder al frente del Partido Libre y en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), al que se le prometió la presidencia del Congreso de ganar las elecciones.
El PSH designó a Redondo como candidato a presidente del Congreso con el respaldo de Castro, pero debía someterse a votación. Sin embargo, un grupo de diputados disidentes de Libre no siguieron la línea partidaria. Los congresistas rebeldes de Libre rechazaron a Redondo y propusieron en su lugar a Jorge Cálix, un diputado disidente que cuenta con el apoyo del oficialismo.
EL 23 de enero, en sesiones paralelas, las dos facciones de Libre juramentaron a dos juntas directivas paralelas. La crisis en el Legislativo a pesar de intensos cabildeos con las autoridades de Libre no se resuelve a la fecha.
Nicaragua Investiga
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