A tan solo horas después que la comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un demoledor informe en donde expone la grave violación de derechos humanos que se vive en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado su retorno al país «al más breve plazo posible».
Según una carta que fue divulgada públicamente en las redes sociales de la CIDH, el fin de la solicitud es cumplir con las «funciones previstas en el artículo 41 de la Convención sobre Derechos Humanos». Dicho artículo explica que el organismo tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato. Así mismo indica que la CIDH puede formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.
A casi un año de que se suspendiera temporalmente la invitación hecha a la #CIDH para monitorear la situación de derechos humanos en #Nicaragua, #MESENI solicitó hoy al Estado su anuencia para visitar el país https://t.co/re0xhPFa37
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) November 20, 2019
El organismo también puede presentar estudios e informes que considere convenientes tal y como ocurrió el año pasado en donde dio a conocer un devastador estudio que reveló la represión del gobierno de Daniel Ortega que dejó más de 300 personas asesinadas de forma violenta.
«La violencia estatal siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia, tolerancia y colaboración de las autoridades estatales, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales, un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas,», dice parte del informe presentado el año pasado.
La CIDH denunció obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta entre otras cosas.
El gobierno de Daniel Ortega suspendió temporalmente la visita de la CIDH días después que se presentara dicho informe en diciembre del año pasado y descalificó el informe señalándolo de parcializado.
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