Un día después que el gobierno de Daniel Ortega liberara al menos a 91 presos, dentro de ellos un buen grupo de manifestantes opositores, Estados Unidos ha dicho que son un paso «en la dirección correcta», según un tuit divulgado este martes 31 de diciembre por Michael G. Kozak, Subsecretario interino de Estado de EEUU. Kozak indicó que se deben eliminar las condiciones impuestas a los liberados, sin embargo no especificó cuáles eran.
Según un comunicado del Ministerio de Gobernación, la liberación de los 91 reos se dio bajo el régimen de Convivencia Familiar, algo que ha sido criticado por expertos jurídicos como Yader Morazán, quien fue funcionario en el poder judicial.
«No existe razón legal alguna que el régimen otorgue “Convivencia Familiar” a personas que enfrentan procesos, y donde aún no hay una condena firme, como el caso de la liberación de los aguadores», escribió Morazán en referencia a los manifestantes detenidos en Masaya mientras llevaban agua a la iglesia San Miguel Arcángel.
Julio Montenegro, quien también es abogado defensor de derechos humanos dijo que el cambio de medidas cautelares está mal aplicado. “Era necesario que todos los presos políticos que salieron hubiesen sido liberados en su totalidad, porque no existe un argumento legal por el que estén privados de libertad, pero sabemos que el gobierno lo hace para mantener vivo el proceso”, dijo Montenegro este lunes.
Kozak afirmó que aún faltan prisioneros políticos por liberar. Según la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) faltan 65 presos políticos que no fueron liberados este lunes y abogan para que el Nuncio Waldemar Stanisław siga intercediendo en la negociación, tal y como pasó con el resto de opositores.
Un buen grupo de manifestantes fueron liberados este lunes. Foto: NICARAGUA INVESTIGA
Reformas electorales
Por otro lado el funcionario estadounidense insistió en abordar el tema de las reformas electorales, así como la restitución de las libertades civiles, dentro de ellas la libre movilización, expresión, entre otras.
Desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega más de 300 personas fueron asesinadas y cientos encarceladas. El gobierno de Estados Unidos ha sido el principal país que ha ejercido presión contra el gobierno sandinista y ha pedido un cambio profundo en el sistema electoral.
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