La Policía Nacional emitió la nota de prensa 23-2020 asegurando que ayer miércoles 29 de enero por medio de la línea de emergencia 118, tuvieron información sobre el «fallecimiento de dos personas del sexo masculino, a consecuencia de impactos de bala con arma de fuego, hecho ocurrido en sector rural, comunidad Alal, ubicada a 52 kilómetros al noroeste del municipio de Bonanza».
La información oficial se contradice con la ofrecida por los comunitarios que denunciaron seis asesinatos y el secuestro de otros 10 indígenas. La nota de prensa tampoco hace alusión a los invasores armados que desde hace más de 10 años han sido denunciados por líderes terrotoriales ante medios de comunicación, ejército y Marena.
Gustavo Lino, líder comunitario dijo a Nicaragua Investiga que la policía aún no está presente en el lugar «Ahorita apenas están en camino yo creo, porque como a las 8 ellos salieron y son prácticamente de cuatro a cinco horas que tienen que tomarse para llegar al lugar», expresó.
También aseguró que los reportes de ellos se mantienen en seis asesinatos y diez secuestrados, desmintiendo la información de las autoridades policiales, de las cuales considera «no tienen datos actualizados».
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«Equipo técnico de la Policía Nacional, en el lugar del hecho realizando diligencias investigativas: inspección, fijación fotográfica de la escena, recolección de evidencias y entrevistas a testigos» dice la escueta comunicación. (Ver aquí)
«En esas comunidades (indígenas) uno de los raseros ha sido dejar operar a quienes llegan a tomarse las tierras y asesinar a los comunitarios, los han dejado operar por años, en completa impunidad», dijo Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
Carrión denunció que situaciones similares ocurren en otras reservas naturales donde los invasores buscan explotar los bosques y otros recursos.
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El activista dijo que a pesar que estas comunidades gozan de protección internacional luego de varios casos investigados y documentados, el gobierno no ha hecho nada por protegerlos y acusa a las autoridades de ser cómplices de estos grupos armados.
«Esas comunidades han sido sujetas de protección, de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras tanto el Estado calla impunemente dejando hacer y es responsable por acción o por omisión de los grandes crímenes cometidos por estas personas (Colonos)», indicó Carrión.
Foto principal: Archivo NI
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