Así afecta a Nicaragua la falta de información pública de las instituciones estatales

Apenas Daniel Ortega volvió al poder impuso una política de restricciones en cuanto a la divulgación o publicación de estadísticas, datos o información en general sobre los proyectos que ha impulsado su gobierno. Incluso su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo le prohibió a sus funcionarios brindar declaraciones a medios de comunicación, a lo que se le conoció popularmente como «la ley del bozal».

El ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, explica que ocultar estos datos perjudica «a toda la sociedad nicaragüense (…) tanto a los que tenemos como a los que no tenemos nada».

Novoa comenta que las estadísticas, datos, informes, archivos y toda la información de cada una de las instituciones estatales funcionan para llevar un control.

«Al no haber estadísticas no hay control, y al no haber control hay despilfarro» de recursos económicos, humanos o materiales menciona Novoa y agrega que este tipo de medidas «se presta a todo este andamiaje para los diferentes delitos de hurto, robo, o lo que se llama desfalco» además de la corrupción.

Falta de información profundiza crisis económica

Por su parte, el economista Luis Murillo considera que la falta de información pública socava la confianza que tengan los agentes externos para invertir en el país o bien para coadyuvar al crecimiento económico de Nicaragua.

«La confianza está basada en algunos elementos como el Estado de Derecho, brindar las cifras a tiempo y establecer un determinado ordenamiento jurídico» explica el economista y alega que el problema es que en Nicaragua, las instituciones como el Banco Central, «no da las cifras en tiempo y forma, y esto genera un problema de confianza»

Parte de esos problemas ya se han visto reflejados en la actual crisis económica, menciona Murillo, y argumenta que la inversión extranjera directa disminuyó en un 50% el último año, pero el BCN aún no publica las cifras.

Luis Murillo, economista – Foto: Nicaragua Investiga

La falta de estas cifras no contribuye a la confianza de los mismos inversionistas, pues estos toman decisiones en base a las cifras oficiales y mientras sean ocultadas, los agentes externos no tomarán el riesgo de tomar decisiones a ciegas.

Pero lo mismo sucede en otros campos como la educación, señala Ernesto Medina, quien es experto en temas de esta índole. «Sin estadísticas no se puede avanzar en cuanto a la calidad del aprendizaje» comenta.

Además Medina detalla que en temas de educación las cifras son necesarias para medir si los métodos de enseñanza que ocupan los maestros y el Ministerio de Educación están respondiendo a lo que necesita el país y a las demandas de los estudiantes a nivel de aprendizaje.

«No se puede pretender educar a quienes van a hacerse cargo del país en un futuro sin tener parámetros ni cifras actualizadas» comenta el experto.

Información desactualizada

Otra de las características de la falta de información pública, es que la poca que hay está desactualizada y eso es visible en cada uno de los sitios web de las instituciones estatales.

En 2019, un equipo periodístico de Onda Local junto a investigadores de Transparencia Nicaragua concluyeron en dos investigaciones conjuntas que el Estado de Nicaragua violenta su propia Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue impulsada por el mismo gobierno de Ortega en 2009.

Sobre esta norma, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó un estudio en el año 2014 e indicó que apenas el 33% de las instituciones estatales había creado una oficina de acceso a la información pública, y de ese porcentaje, a penas el 17% ponía a disposición del ciudadano la información que se solicitaba.

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La periodista Lucydalia Baca, dijo a Nicaragua Investiga en una entrevista que el gobierno de Ortega ha creado una «política de secretismo» lo cual, a pesar de complicar el trabajo de los periodistas en cuanto a la fiscalización del poder, también motiva a que los comunicadores se ingenien nuevos métodos para conocer la información y mostrarla al público.

Otro de los daños que menciona Alberto Novoa es la inseguridad jurídica que se puede crear en cada una de las instituciones, lo que implica que «cada uno de los ciudadanos estamos a la discreción de las autoridades» y no se estarían respetando los procedimientos de ley

Para Novoa, Nicaragua tiene una sociedad desinformada, que desconoce lo que se hace con los impuestos que paga y que bien pueden llegar hasta el bolsillo de cualquier funcionario público y gastarlo a su gusto y antojo sin que este rinda cuentas.

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