Un grupo de activistas alumnos, docentes, exalumnos y exdocentes de la Universidad Centroamericana (UCA) rechazaron «categóricamente» la confiscación que hizo el régimen a esa casa de estudios, señalando que esta acción conlleva al desempleo y la suspensión de importantes investigaciones para el desarrollo del país.
La confiscación «vulnera gravemente la autonomía universitaria, el derecho a la educación y la libertad académica», señala la carta firmada por Tamara Dávila, Dora María Téllez, Berta Valle, Sofía Montenegro, Juan Diego Barberena, María Teresa Blandón, Suyen Barahona, Braulio Abarca, entre otros políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios e investigadores.
En la misiva, publicada este jueves 17 de agosto, indican que no solo se trata del cierre de una institución educativa «de calidad y con valores humanistas y democráticos», sino que, además, afecta a más de 5,000 estudiantes, así como al personal que quedaría en el desempleo.
Piden a nivel internacional que se manifiesten
Con este acto «arbitrario» también se suspenden «las líneas de investigación académicas tan necesarias para conocer la realidad del país para enfrentar los problemas estructurales que enfrenta nuestra sociedad», explicaron.
Los firmantes piden a las instituciones académicas de la región y del mundo a manifestarse ante la toma de la UCA.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron la toma de la UCA acusándola de ser presunto «centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», después de no lograr que la institución académica se supeditara a la dictadura.
Desde el 2018, el régimen intentó ahogarla financieramente, desterró a sus autoridades y la mantuvo bajo acoso policial y campaña de desprestigio. La universidad fue confiscada el miércoles 16 de agosto sin proceso judicial alguno.
Nicaragua Investiga
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