La organzación pro derechos humanos que defiende la fe ADF International presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia en Nicaragua.
Kristina Hjelkrem, asesora jurídica para América Latina de ADF International y abogada principal en el caso del obispo de Matagalpa, señaló que el encierro del líder religioso se trata de una «clara violación» a su libertad de expresión y su derecho a profesar su fe y compartir sus creencias como sacerdote.
La organización de defensa legal basada en la fe argumenta que monseñor Álvarez fue condenado injustamente a más de 26 años de cárcel por su predicación sobre temas de dignidad humana y justicia.
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Además, su juicio no contó con las garantías procesales, se encuentra incomunicado de su familia y abogado privado, y «no dispone de ningún otro recurso legal efectivo en Nicaragua».
ADF International también resalta que la Iglesia católica está bajo ataque en Nicaragua y el papa Francisco ha invitado a las partes a un diálogo sincero para la convivencia pacífica.
«Quienes se preocupan por los derechos humanos básicos deberían estar indignados por la crisis que sufren las personas de fe en Nicaragua. Esperamos que se haga justicia con el obispo Álvarez y, ojalá, se ponga fin a la persecución religiosa. Nadie debería ser perseguido o encarcelado por su fe», añadió la representante de ADF International.
¿Qué es una petición ante la CIDH?
Mediante la presentación de una petición ante la CIDH, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) explica que investigan el caso presentado y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible y hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Si el Estado incumple, la Comisión puede remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Monseñor Rolando Álvarez es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde abril de 2023.
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