Con la nueva “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, quienes renuncien solo tendrán derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio. Si estos trabajaron entre 3 y 10 años tendrán derecho a un mes de salario; si trabajaron de 10 a 15 años, 2 meses de salario; si lo hicieron de 15 a 20 años, 3 meses de salario; y si trabajaron 20 años o más, recibirán los 5 salarios.

De acuerdo al artículo 2 de la ley, el cálculo de las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia se aplicará a todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Y aunque el párrafo 2 del artículo 3 establece que «las indemnizaciones por antigüedad reguladas en la presente Ley son sin perjuicio de los derechos establecidos en las convenciones colectivas que correspondan», los trabajadores del Estado tienen miedo que el régimen use la ley como represalia a quienes renuncien y los tasen con el nuevo cálculo y no bajo los convenios previamente establecidos.

Una trabajadora del Ministerio de Salud (Minsa), que labora como enfermera en un hospital de Managua, accedió a hablar con Nicaragua Investiga, y mostró su descontento tras la aprobación de la nueva ley.

“A uno lo quieren tener como amarrado aquí. Imagínese estudiar para terminar como esclavo 20 años trabajando para poder tener un derecho. Tanto que hablan que Somoza aquí, que los gobiernos neoliberales allá, que la Violeta (Barrios de Chamorro) esto, lo otro y ellos resultaron ser peores. Si uno trabaja para comer nada más, esto está duro, ya lo poco que uno gana no alcanza”, afirma.

Ortega le está robando a trabajadores del Estado con nueva ley de indemnización por antigüedad

No pueden reclamar ni protestar

Sus palabras son apenas un mínima muestra de la situación que enfrentan miles de trabajadores que laboran para el Estado de Nicaragua, y que no pueden reclamar ni hablar públicamente por las represalias que enfrentarían de parte de un régimen que ha reprimido con dureza y sin piedad al pueblo.

En una situación similar, se encuentran quienes trabajan para el Ministerio de Educación (Mined). El cálculo de su indemnización dispuesto en su convenio colectivo se regía, hasta antes de la aprobación de la nueva ley, por el artículo 45 del Código del Trabajo.

“Cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada pagará al trabajador una indemnización equivalente a: un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente”, señala el artículo 45 del Código del Trabajo.

“Lo hacen para que nos quedemos”

Una maestra que también conversó con Nicaragua Investiga bajo condición de anonimato, no escondió su enojo por la nueva ley aprobada unánimemente por los 91 diputados de la Asamblea Nacional.

“Lo hacen para que nos quedemos. De todos lados la gente se está yendo para Estados Unidos, para Costa Rica, eso es lo que ellos quieren que uno no se vaya, es que la gente no quiere ya trabajar en el gobierno y ahora con esto que están haciendo, menos. A veces dicen ‘¡ah que en el gobierno hay estabilidad, tenés trabajo, te aumentan cada año!’, mil veces mejor trabajar en otro lado, uno como maestra no, porque ya ni en los colegios privados podés trabajar porque ya sos golpista, vende patria”, responde decepcionada la maestra.

La aprobación de la ley no fue refutada por ningún diputado, pese a que José Antonio Zepeda y Gustavo Porras, ambos diputados oficialistas también son dirigentes de organizaciones sindicales.

José Antonio Zepeda es el eterno dirigente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, también está a cargo de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD). En períodos de gobiernos liberales se les vió promoviendo infinidades de protestas en la que los trabajadores de estos gremios exigían mejores condiciones y salarios. Desde que Ortega llegó al poder, ellos han sido parte de las violaciones a los derechos de los trabajadores.

Fanáticos son los únicos que no ven

Entre los trabajadores del Estado el fanatismo no es la norma y buena parte solo cumple con sus obligaciones y se cuida de delatores. Según la maestra, estos son los únicos que no se han de sentir molestos por el cambio en el  cálculo de las liquidaciones laborales.

“A los únicos que les vale (que no les importa) este robo es a los fanáticos, a esos todo es bonito, se conforman con migajas, ellos viven felices, se conforman con una m…, al recibir 5 mil y 6 mil pesos para andar de sapos, porque eran vagos y ahora son policías”, asegura.

Temor entre quienes quieren jubilarse

En el caso de los trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa), el convenio colectivo establece varios beneficios para quienes se jubilen por vejez y hayan laborado en forma consecutiva durante 20 años o más.

“Se les reconocerán 20 meses de su salario básico, más su antigüedad y los incentivos de nocturnidad, docencia, zonaje, trabajo de terreno y reconocimiento por experiencia y nivel académico, así como las mejoras salariales de condiciones anormales y complemento salarial; más bono de productividad. Todo lo anterior, siempre y cuando los devenguen en el momento de su retiro. Se reconocerá el incentivo de permanencia, siempre que lo vinieren devengando y que el trabajador haya laborado para el Ministerio de Salud treinta y un años o más”, señala el convenio.

Indemnización por retiro voluntario de trabajadores de la salud. Captura de pantalla Convenio Colectivo del Minsa.

Sandra, como le llamaremos a una trabajadora de salud para preservar su seguridad, a mediados de 2024 cumplirá 50 años de edad, 30 de ellos los ha laborado en el Minsa, y en base al convenio colectivo de su gremio, tenía pensado retirarse con una indemnización tasada en el 80 por ciento de los 20 meses ya estipulados, y dedicarse tiempo completo a su clínica.

“Ya estoy cansada, a parte de lo que tenemos que hacer aquí (centro de salud), tenemos que ir a otras actividades y ferias. Lo que me gano aquí en un mes lo saco en mi clínica en una semana. Voy a aplicar al retiro voluntario del convenio colectivo”, explicó al equipo de Nicaragua Investiga tan solo unos días antes de que el régimen aprobara la nueva “Ley de cálculo de liquidación para los trabajadores del Estado”.

Ahora tendrá que debatirse en si se retira en el tiempo que se había propuesto o si espera hasta los 60 años, pues cree que por represalia le podrían tasar con el nuevo cálculo y en lugar de recibir los 20 salarios que establece el convenio colectivo del Minsa, reciba cinco con la nueva ley.

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Régimen al desnudo

La opositora y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo coincide con estas trabajadoras del Estado. Alega que la dictadura Ortega-Murillo “quiere retener a la gente a la fuerza” y que con este tipo de políticas más bien “desnuda una vez más” a un régimen que “por mantenerse en el poder es capaz de matar ya sea física o civilmente”.

“El régimen está llegando progresivamente a su fin. Por un lado hay que llamar las cosas por su nombre y esto es una flagrante violación a los derechos humanos de los trabajadores del Estado, y también una estafa de parte de un régimen que les ha explotado a su gusto y antojo obligándoles a realizar acciones político-partidarias a favor de la dictadura y sobrepasando los límites de la función pública”, sostiene Castillo.