Los expolicías Cristofer Zúniga Malta, de 34 años, y Hollman Sánchez Aguirre, de 41 años, así como los civiles que se hacían pasar por agentes policiales Alejandro Blandino Villalobos, de 51 años, y Nelson Barrillas Baltodano, de 43 años, podrían pasar unos seis años en la cárcel.
Los procesados confesaron ante el juez Félix Ernesto Salmerón, Quinto Penal de Juicio de Managua, que realizaban actividades delictivas.
El modo de operar era inventar delitos contra sus víctimas, incluso colocándoles droga para luego chantajearlos exigiéndoles grandes sumas de dinero en dólares. El grupo hacía allanamientos y desalojos ilegales para lograr su cometido.
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Los exmiembros de la Dirección de Antinarcóticos y de la Dirección de Protección Ciudadana, que recibieron baja deshonrosa, se declararon culpables por dos delitos: cohecho cometido por empleado público, servidor o funcionario, y por abuso de funciones y autoridad.
Piden más de 6 años de cárcel
La Fiscalía solicitó contra ambos cinco años de prisión por cohecho y 18 meses por abuso de autoridad; por lo que, los expolicías podrían pasar seis años y seis meses en prisión. A su vez, solicitó que les imponga una multa y les sea impedido ejercer empleo público durante su condena.
Por su parte, los abogados de los expolicías pidieron la pena mínima de tres años por el delito de cohecho y seis meses por abuso de autoridad.
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En cuanto a los civiles Blandino y Barrillas, son procesados por el delito de cohecho cometido por particular y uso indebido del emblema de la Policía.
La Fiscalía pidió contra ellos cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de cohecho y dos años por uso indebido del emblema de la institución policial, para totalizar seis años y cinco meses de cárcel.
También pidió una multa equivalente a 350 días de salario mínimo del sector industrial y 150 días más por utilizar indebidamente el emblema de la Policía.
Defensores de derechos humanos y exreos políticos señalan que encarcelar a ciudadanos inocentes es un práctica común en la Policía nicaragüense, por lo que llama la atención que ahora el régimen lleve a la cárcel a sus oficiales corruptos.
La Policía Nacional, subordinada al dictador Daniel Ortega, fue sancionada en 2020 por Estados Unidos por haber perpetrado graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.