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Dictadura encarcela a policías por prácticas que esta misma ejecuta

Dos exmiembros de la Policía Nacional y otras dos personas que se hacían pasar por agentes policiales son acusadas de encarcelar a ciudadanos inocentes.

El régimen sandinista encarceló a cuatro personas, entre ellas dos miembros de la Policía Nacional, quienes junto a un quinto ciudadano, prófugo, son señalados de integrar una supuesta banda que practicaba extorsiones, detenciones, allanamientos y desalojos ilegales.

Según la acusación, los ahora exagentes de la Policía identificados como Cristofer Zúniga Malta, de 34 años, de la Dirección de Antinarcóticos, y Hollman Sánchez Aguirre, de 41 años, de la Dirección de Protección Ciudadana, se encargaban de cometer los delitos junto a dos civiles que se hacían pasar por policías, identificados como Alejandro Blandino Villalobos, de 51 años, y Nelson Barrillas Baltodano, de 43 años.

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El modo de operar del presunto grupo delictivo consistía en elegir a ciudadanos con recursos económicos como sus víctimas. A estas personas les inventaban delitos, incluso «sembrando» drogas, y luego los chantajeaban pidiendo grandes sumas de dinero en dólares.

Los supuestos delincuentes también se prestaban a meter presos a personas inocentes a cambio de dinero.

Para cometer sus delitos, los acusados simulaban operativos para lo cual solicitaban apoyo a las patrullas policiales «que ignoraban las acciones delictivas».

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No fue hasta que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional recibió una denuncia y les dio seguimiento.

La investigación determinó que el prófugo Silvio Juárez Gutiérrez, de 36 años, les pagó a los expolicías y a sus cómplices para encarcelar al ciudadano de iniciales D.V.E., de 41 años, en represalias porque la víctima no le vendió un lote de chatarra. El caso es procesado en un tribunal de Managua.

¿Por qué la Policía sanciona a agentes por prácticas que fomentan?

El defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce señala que el caso llama la atención porque se trata de una Policía acusada de crímenes de lesa humanidad que está sancionando a individuos a lo interno.

El abogado, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la Policía de Nicaragua es un órgano criminal al servicio de una dictadura y caracterizada por la impunidad, además, desde la crisis sociopolítica de 2018 no se conocían sobre sanciones contra su mismo cuerpo policial.

Por lo que señala que esto es parte de la «política de terror» que el régimen está aplicando a sus policías.

«Política de terror contra los suyos»

En la misma línea apunta el excarcelado político John Christopher Cerna, quien tras participar en las protestas sociales fue inculpado de supuesto tráfico de estupefacientes por parte de la dictadura.

Para el dirigente opositor, desterrado por el régimen, este caso sugiere que los expolicías posiblemente fueron acusados por un «superior» y, a su vez, son usados para mostrar una sanción «ejemplar» con el fin de atemorizar a los servidores de la dictadura.

El joven indica que la víctima a la que identifican con las iniciales D.V.E., probablemente tenga vínculos en la institución policial y, por tanto, el crimen «les salió mal» a los expolicías porque fue la «Inteligencia» de la Policía que los investigó.

Asimismo, la táctica de la Policía de poner droga, armas y levantar falsas acusaciones es «una práctica en contra de opositores para amordazar la opinión de cada ciudadano, por lo que todo «encaja», enviando un mensaje donde indican que nadie está a salvo, ni siquiera «los suyos», porque no son ni serán los primeros agentes que detienen y procesan», explicó el antiguo Boy Scout conocido como «El Tigrillo».

Policía «sin la bendición», pagará alto precio

Añadió que «el nivel de corrupción en la Policía, como en cada una de las instituciones estatales, está siendo orquestado por la jerarquía establecida y todo aquel que intente seguir sus pasos y no tenga la bendición, pagará un precio alto, más allá de la cárcel, porque en la Nicaragua de mentira, tener un día bueno, se vuelve cada vez más algo ilusorio».

«¿Hasta qué punto los trabajadores del Estado tolerarán la política de terror y qué acusaciones utilizará el régimen para mantener un orden que no existe? Es algo incontrolable porque la gente hace muchas cosas, como migrar, para sobrevivir», cuestionó Cerna.

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