La procuradora general de la república, Wendy Morales, dijo la mañana de este martes, en una entrevista en el oficialista Canal 4, que el régimen Ortega-Murillo ha sido pionero en “respetarles a las comunidades ancestrales los derechos”.

Ese discurso constrata con las constantes denuncias de invasiones de colonos en territorios indígenas y el alto grado de impunidad en estos casos, pese a que las autoridades del país conocen los hechos.

Además en los últimos años la expansión de la minería se ha extendido a las áreas protegidas y los territorios indígenas, según han denunciado organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios y el medio ambiente, como la cancelada Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz Alemán, quien desde el exilio continúa alzando la voz respecto a las arbitrariedades cometidas por el régimen.

“Nosotros completamos la legalización de todos los territorios originarios, son 25 territorios originarios, más de 319 comunidades, buena parte del territorio nacional legalizado y eso ha sido un logro reconocido a nivel internacional, el que nosotros seamos pioneros en cuanto a respetarles a las comunidades ancestrales los derechos por los cuales ellos lucharon toda su vida y que ellos son los poseedores de sus tierras”, dijo Morales en la entrevista.

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La procuradora evitó hablar de las invasiones de colonos en propiedades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua en la que se han registrado masacres en distintas comunidades que terminan obligando al desplazamiento de estas ante la negligencia del Estado, y la investigación de los hechos queda en la impunidad.

Una de esas masacres se registró a mediados de marzo de 2023, en el territorio indígena Mayangna Sauni As. Según denunció Fundación del Río, el ataque dejó un saldo de cinco muertos, dos heridos y una comunidad completamente incendiada.

“No sólo es matarlos, si no es también quitarles los ojos, hacerles heridas en el cuerpo. Esto no es aleatorio. Saben en qué momento entrar y lo que quieren es que no vuelva la gente, causar terror”, denunció a finales de diciembre de 2023, el ambientalista Amaru Ruiz Alemán, presidente de Fundación del Río.

Discurso oficialista contradictorio

Estas denuncias contradicen el discurso oficialista y muestran una cara totalmente distinta a la que describen los funcionarios orteguistas.

“Hoy ellos (comunidades indígenas) pueden administrar sus tierras a través de sus gobiernos territoriales y con el acompañamiento nuestro tratamos de que no se lesione el ordenamiento que se ha hecho”, agregó la procuradora en la entrevista.

Pero las concesiones mineras para la extracción de oro son otorgadas directamente por el Estado y varias denuncias comprueban que se han invadido territorios indígenas. Según Amaru Ruíz, en 2023 el régimen aumentó el área concesionada en un “66 por ciento y desde 2021-2023 se han entregado 33 concesiones”.

El ambientalista también denunció la suspensión de la veda forestal de las especies de pino, cedro real y pochote. “Inclusive avala el saqueo del pino en áreas protegidas”, destacó el ambientalista en su cuenta de X.

Para el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, secretario ejecutivo de Calidh, las declaraciones de Wendy Morales son contradictorias porque muchas de las concesiones otorgadas para la extracción minera se han realizado en territorios indígenas..

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“Es falso, no ha respetado las tierras ancestrales, no han respetado el derecho a la diversidad histórica, étnica y política que distingue al caribe del pacífico, no han integrado al caribe al resto del Estado porque siempre se sigue el mismo patrón desde la anexión forzada del caribe de verlo como un botín”, agregó.

Ramírez-Ayerdiz ejemplificó con el megaproyecto del canal interoceánico, dijo que con este “aumentó la hostilidad a las comunidades tanto del norte como del sur y regresó el proceso de demarcación y titulación que había comenzado con el gobierno de (Enrique) Bolaños”.

Ante el control y centralización de los registros de propiedad en Nicaragua por parte de la PGR que fue defendido por Wendy Morales, quien lo llamó “cohesión institucional”, el abogado señala que en términos democrático esta no existe y que lo que el régimen busca es tener un “brazo represor en términos de confiscación”.

“La finalidad que busca Ortega es tener un mayor control sobre la propiedad inmueble de la población nicaragüense y hay que leerlo en un contexto del estado policial. Se usan todas las instituciones del Estado para ejercer un control y una hipervigilancia y para eso requieren tener todos los instrumentos a mano incluso aquellos que implican la disposición arbitraria de los bienes de los nicaragüenses para ejecutar confiscaciones”, añadió Ramírez-Ayerdiz.