La Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendietes (INANA) condenó la violencia sistemática que enfrentan los habitantes en sus tierras y territorios ancestrales en Nicaragua, lo que calificó de «verdadero genocidio», y demandó al Estado y a la comunidad internacional garantizar los derechos de la población.
El llamado «urgente» fue hecho este 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en un contexto de continuas denuncias por masacres y extractivismo en la Costa Caribe nicaragüense.
INANA denunció que en los últimos años se han intensificado las invasiones y ataques de colonos armados a comunidades con el «consentimiento» del régimen de Daniel Ortega y en «total impunidad».
Esta situación pone en riesgo sus formas de vida y supervivencia como pueblo, agregaron los defensores.
«Hacemos un llamado urgente a los Estados, al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional a cumplir con los compromisos internacionales que reconocen los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizar la vida, integridad y autodeterminación», indica el comunicado.
La organización aprovechó para destacar el papel de la juventud de los pueblos indígenas como «agentes de cambio hacia la determinación» — a quienes se les dedica la fecha este año— y pidieron a los países apoyar su participación en los espacios de diálogo y toma de decisiones.
«Reconocemos el papel de la juventud para seguir impulsando, desarrollando y liderando cambios hacia la consecución de los derechos humanos colectivos e individuales», manifestaron.
En Nicaragua hay siete pueblos indígenas y dos comunidades afrodescendientes. Un reciente informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) revela que la violencia contra los pueblos originarios aumentó con la administración de Ortega, dejando un saldo de al menos 60 indígenas asesinados y más de 3,000 comunitarios miskitos y mayangnas obligados a abandonar sus tierras desde 2015.
La explotación indiscriminada del oro es una de las causas del incremento de la violencia en los territorios, por lo que ambientalistas demandan mayor control y fiscalización de este lucrativo negocio en Nicaragua.
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