El régimen de Nicaragua entregó más de 240 mil hectáreas para concesiones mineras en las regiones autónomas del caribe. Entre las empresas beneficiadas se encuentra una de origen chino, Zhong Fu Development S.A.
En sesión ordinaria llevada a cabo el sábado 29 de julio, la Alcaldía sandinista de Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, hizo la «presentación y aprobación de opinión» sobre dos concesiones mineras a favor de la empresa Zhong Fu Development S.A., subsidiaria de ZhongFu Invest Group, con sede en Beijing, China.
Los territorios son: el lote Columbus I, con una extensión de 14,000 hectáreas, ubicado en el cerro Miramar, y el lote Twi Wauhpasa, con una extensión de 1,400 hectáreas, ubicado en el llano sur «cerca a las comunidades indígenas».
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La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes INANA AIP denunció que la zona del cerro Miramar, del lote Columbus I, «es fuente de agua potable para la comunidad de Sahsa y familias de la zona han protestado en el pasado en defensa frente a la deforestación y el establecimiento de minería artesanal, sin ser debidamente escuchadas».
«La gravedad del avance del extractivismo radica en que representan una amenaza existencial para la cultura de los pueblos indígenas y afrodescendiente al imponerse contra su voluntad, perseguir y expulsarlos en caso de oposición a través de diversas formas de violencia», indicó.
Concesión minera a Calibre Mining
La otra empresa beneficiada es la canadiense Calibre Mining Corp. que solicitó la exploración y explotación minera en las áreas denominadas Acacia (49,645 ha), Ágata (45,740 ha), Monarca (45,015 ha), Colibrí (36,871 ha), Amapola (48,813 ha).
Ante las críticas, Calibre Mining respondió que «estas concesiones solicitadas no están en territorio indígena ni en ninguna área protegida», y fueron presentadas inicialmente al Ministerio de Energía y Minas, al Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Sur (CRACCS) y al Concejo Municipal de Paiwas.
Por su parte, INANA indicó que «el gobierno regional no respeta ni promueve el cumplimiento del derecho del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades al aprobarla en sesiones plenarias del Concejo regional» y solo las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen el derecho a decidir si se aprueban o no.
Recordó que la minería es una «actividad altamente contaminante, sin regulación ambiental desde que la Presidencia eliminó el requerimiento de Evaluaciones de Impacto Ambiental con el Decreto 15-2017, en el año 2017.
«El Estado no tiene ninguna garantía ambiental ni jurídica ni política en el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado (…) INANA denuncia la profundización del extractivismo y la creación de condiciones para mayor violencia, colonización y genocidio de los pueblos que habitan estos territorios en la Moskitia».
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«Son una evidencia de la falta de compromisos del gobierno de Nicaragua con la conservación de los bosques, la biodiversidad y con el saneamiento territorial», agregó.
El exdiplomático Arturo McFields Yescas advirtió que «la dictadura de Nicaragua quiere otra Navidad Roja. No respetan la vida ni la propiedad de los pueblos originarios. Más violencia y brutalidad». «¡Oro de sangre!», enfatizó.
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