El dictador Daniel Ortega argumentó que ya está obsoleta la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, promulgada en 1995, para pedir a la Asamblea Nacional que apruebe una nueva ley de telecomunicaciones, a la que apellidó «Convergentes».
Según Ortega, esta nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes estará en armonía con los avances científicos y tecnológicos, sin embargo, algunos puntos de la misma le servirían para controlar a la población usuaria de estos servicios.
En el artículo 109, expone que todos los operadores de telecomunicaciones, especialmente los de internet, deben de proveer cualquier información que las autoridades le pidan sobre sus clientes de forma «detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable».
Acceso a las instalaciones
Los operadores de estos servicios públicos también deben permitir al personal de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) el acceso a sus instalaciones para ser inspeccionados.
Igualmente, deben proporcionar cualquier documento que se les solicite, ya sea financiera, registro contable, correspondencia comercial o registros electrónicos.
Telcor informa sobre afectaciones a nivel nacional de la red Claro Nicaragua
Uso de la fuerza pública
De resistirse a estos chequeos, el personal de Telcor podrá auxiliarse con la Policía del régimen para obligar a los proveedores.
En cada uno de los artículos propuestos para conformar la nueva ley se denota el control que tendrá la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de Telcor, en los proveedores y usuarios de internet.
