La dictadura de Daniel Ortega envió al Parlamento Nacional una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, para someter a las universidades públicas a ajustes presupuestarios con base al plan de ahorro que anunciaron un par de meses atrás.

La reforma se hizo al artículo 55 de la Ley que antes establecía que las universidades públicas «estarán exentas del pago de los servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, correos), los que le serán brindados de manera gratuita por el Estado y sus instituciones».

En la argumentación de motivos, Ortega expresa que esto debe cambiar debido a que estas instituciones «gozan de personalidad jurídica, lo que les posibilita ser capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones», por lo que con los cambios aprobados este 25 de septiembre en la Asamblea Nacional, estas universidades deberán pagar sus propios servicios en el marco, indican, de «su autonomía financiera».

La diputada sandinista Angela Espinoza Torres secundó la propuesta de Ortega alegando que «las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias a fin de cumplir con el pago de estos servicios».

«Esto nos va a permitir ser más eficiente con los recursos de nuestro gobierno», manifestó.

La dictadura alega que el 6% es suficiente para que las universidades asuman estos costes. Antes, este monto se usaba en buena medida para beneficiar con becas a estudiantes de escasos recursos.

Cambios en el cálculo del 6%

Otro de los cambios que se dan dentro de esta reforma y como parte del mismo artículo 55, es la base de cálculo del 6% constitucional que deben recibir las universidades.

Anteriormente, la Ley 89 establecía que este 6% se calculará con base únicamente en el Presupuesto General de Ingresos de la República. Ahora se indica que este «debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República, independiente del origen de esos ingresos», con lo que al parecer pretenden tener mayor margen de acción para financiar a la gran cantidad de universidades que confiscaron desde 2022, al menos 30, de acuerdo con un informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos CALIDH.

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Negocio del régimen con universidades tomadas

Aunque el régimen de Ortega cerró la mayoría de universidades a las que le canceló su personalidad jurídica, de otras se tomó sus edificios y bienes para establecerlas como universidades estatales.

Esto le genera ingresos adicionales porque pasan a beneficiarse del 6%. Estas nuevas universidades públicas son la Universidad Nacional Politécnica (UNP), la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP), la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA), la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) y la Universidad Casimiro Sotelo.

Una investigación del medio digital Confidencial, hecha antes de la toma de la Universidad Centroamericana, reveló que cuatro de estas universidades recibían 13.18 millones de dólares al año como parte del 6% constitucional.

A eso se suman los aranceles por matrículas, inscripción de clases y otros, lo cual supera los 9 millones de dólares anuales y que ahora quedan en poder del régimen, porque estos cobros se siguen aplicando.