Aunque la Administración de Joe Biden no ha emitido un anuncio oficial que defina cuál será el curso legal de los venezolanos beneficiados con el parole humanitario, funcionarios estadounidenses y documentos internos obtenidos por CBS News aseguran que el país norteamericano no prorrogará el estatus legal bajo el que están unos 117 mil venezolanos.
El programa de parole humanitario para los venezolanos inició en octubre de 2023, que a través del amparo de un patrocinador en Estado Unidos, les permitió la entrada a Estados Unidos con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente en ese país.
En enero de 2023, el programa se extendió a otros países como Nicaragua, Cuba y Haití, cuyos ciudadanos gozan del mismo beneficio y el próximo año estarían enfrentando la misma situación de incertidumbre.
Parole: el objetivo número uno de miles de nicaragüenses para dejar el país
A dos años de que los primeros venezolanos comenzaran a ser beneficiados con el parole humanitario crece la preocupación sobre su situación legal ante las dudas de que el estatus que hasta ahora los amparaba y les permitía acceder a un permiso de trabajo no sea prorrogado.
La información obtenida por CBS News asegura que el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido no ofrecer a los venezolanos prórrogas de la libertad condicional, o lo que el Gobierno denomina re-parole.
“Los funcionarios también explicaron que a los venezolanos en esta situación se les dará avisos instruyéndoles para solicitar otro beneficio de inmigración o salir del país”, informó CBS News.
Un programa en la mira de Trump
Los esfuerzos de Joe Biden por detener el flujo migratorio han ido desde abrir el programa de parole, aumentar las deportaciones o implementar políticas en la frontera que ha disminuido los ingresos irregulares en altos porcentajes.
Lo que pase en noviembre próximo también podría definir el curso de este programa, que desde sus inicios ha sido blanco de críticas.
No solo el Gobierno Federal fue demandado por 21 Estados republicanos que aseguran que el programa los obliga a invertir sumas millonarias en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes; también se puso en pausa en agosto de 2024 por acusaciones de fraude ante el mal uso de números de seguro social, direcciones y números de teléfono por parte de los patrocinadores.
Esto ha encajado de manera perfecta en el discurso republicano, representado por el candidato Donald Trump, quien amenazó con expulsar a 1,3 millones de inmigrantes que han llegado legalmente a través del parole humanitario y de la solicitud de asilo a través de las citas con la aplicación móvil CBP One desde México, una vía con la que han llegado unos 800.000 inmigrantes.