Al menos 150 colaboradores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) entre personal docente, directivo y administrativo fueron despedidos en la última semana, como parte de la “medición de costillas” que el régimen mantiene en las entidades públicas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre los despedidos está la rectora Glenda María Velásquez y el director de adquisiciones, Carlos Andrés Jarquín, luego de la visita que realizaron funcionarios de la PGR; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez; secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Velásquez tenía dos años como rectora y 30 años de trabajar dentro de esa casa de estudios. Sin embargo, según fuentes vinculadas a la universidad, desde hace dos meses la rectora y el director de adquisiciones estaban bajo vigilancia por supuesta complicidad en actos de corrupción no autorizados.
Las sospechas de malversación de fondos por parte de la rectora crecieron con la reciente adquisición de una camioneta Toyota Prado, la misma que Velásquez tuvo que devolver tras su despido.
Docentes inconformes entre los despedidos
Los despidos del personal de la UNI alcanzaron al cuerpo docente, ya que según fuentes que laboran dentro de esta misma institución, existía mucha inconformidad entre los maestros despedidos por la falta de cumplimiento del syllabus educativo, la incorporación de contenidos políticos y control en sus celulares.
“La mayoría de las personas despedidas, principalmente los docentes estaban inconformes porque los contenidos tienen una alta carga política. También porque hace unos meses que a los docentes les revisan los celulares, no hay libertad de cátedra y no dan clases completas”, detalló la fuente.
También advirtió que desde el año pasado, la UNI que ha sido una referencia para la enseñanza de las carreras de ingenierías, ha bajado su calidad formativa porque durante las clases llegan personajes políticos como Fidel Moreno a hablar de la coyuntura política y “de los actos y festividades que anuncia Rosario Murillo”.
“Casi nunca se cumple una clase completa. La mayoría de estudiantes van mal porque en los exámenes se incluyen contenidos que no lograron ver por las interrupciones. La orden es no aplazarlos, pero sabemos que ellos van mal”, dijo la fuente.
Régimen con mano dura para las universidades públicas
El 25 de septiembre de 2024 la dictadura reformó la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que eliminó la exención del pago de los servicios públicos.
Tras esta reforma, las universidades públicas de Nicaragua fueron despojadas de 381.3 millones de córdobas que eran destinados al pago de energía, agua, telefonía y correos.
En el artículo 55 de la Ley 89 se establecía que las universidades y centros de educación técnica superior del Estado estaban exentas del pago de servicios básicos.
El Estado designaba una partida en el Presupuesto General de la República, adicional al 6% Constitucional destinado a las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Ahora el pago de estos servicios deberán ser asumidos por las universidades, las cuales tendrán que reajustar sus presupuestos para cubrir los nuevos gastos.
Ola de despidos y destituciones para «compactar el Estado»
Desde su anuncio de «compactacion del Estado», el pasado 2 de agosto de 2024, el régimen ha hecho una «depuración» en las instituciones públicas y las alcaldías, luego de enviar a funcionarios de la PGR a su servicio.
A través de un comunicado, el régimen de Daniel Ortega informó sobre la implementación de un proceso de reestructuración en diversas instituciones del Estado, como resultado de la evaluación de los programas gubernamentales al cierre del primer semestre del 2024, donde se identificaron «tanto aciertos como desafíos».
Régimen anuncia reestructuración en instituciones y medidas de ahorro
El comunicado especificó que como parte de esa evaluación procederían a “valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos”, por lo que se ejecutará un “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.
Entre septiembre y octubre de 2024, al menos más de 10 funcionarios públicos han sido destituidos de sus cargos. Entre ellos el exministro de Hacienda, Iván Acosta y su viceministra; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y antiguo dirigente estudiantil de la UNEN, Bismarck Santana y los alcaldes de Granada y Nandaime.
El organismo Urnas Abiertas considera que estas son purgas a conveniencia de la dictadura y no por investigaciones concretas de corrupción, ya que sirven para premiar o castigar a sus propios funcionarios como parte del control y la falta de descentralización y autonomía de las entidades públicas.
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