En un nuevo golpe contra los derechos humanos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 318 del Código Penal de Nicaragua que castigará con penas de dos a seis años de cárcel, a quienes entren o salgan del país de manera irregular.
Esta propuesta fue presentada este martes 26 de noviembre de 2024, en el mismo documento de iniciativa de reformas a la Ley 761 de Migración y Extranjería para legalizar las negativas de ingresos al país y arrebatar las nacionalidades, que al final incluye la adición del artículo 318 a la ley 641 del Código Penal, referido a la evasión de control fronterizo.
Este artículo penaliza la salida o entrada irregular del país con la intención de realizar actividades que, según el régimen, “menoscaben la integridad, independencia y soberanía” de Nicaragua.
“Comete el delito de evasión de control fronterizo, quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional, de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado, con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía…; serán sancionados con prisión de dos a seis años y de seiscientos a mil días multa”, cita el documento.
«Cuando la evasión de control fronterizo, sea con fines de cometer el delito de Traición, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal; la pena por imponer se aumentará en un tercio en sus límites mínimos y máximos», sentencia el artículo.
Bajo esta nueva disposición, cualquier persona que cruce las fronteras sin pasar por los controles oficiales y que sea señalada de actividades opositoras podría enfrentarse a un máximo de seis años de prisión y multas de hasta mil días.
Criminalizan la migración forzada pero eximen el tráfico humano
La adición del artículo 318 bis llega en un contexto de profunda crisis política, social y económica en Nicaragua, marcada por la represión estatal, persecución y la migración forzada de miles de nicaragüenses que huyen del país en busca de seguridad y mejores condiciones de vida.
El objetivo de esta iniciativa de reforma, que fue presentada tan solo cuatro días después de la aprobación de una nueva Constitución Política que refuerza el control del régimen, es silenciar a los disidentes que, desde el exilio, denuncian los abusos del régimen.
Acusar de “conspiración” o “desestabilización económica” a quienes critican la dictadura es una táctica que se ha intensificado desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018.
En un giro que evidencia las prioridades del régimen, la reforma elimina las disposiciones del anterior artículo 318, que sancionaban el tráfico ilícito de migrantes con penas de hasta ocho años de cárcel.
Bajo este artículo, se penalizaba no solo a quienes facilitaban la migración irregular para cometer el delito de tráfico de personas, sino también a quienes ponían en riesgo la vida de los migrantes o utilizaban documentos falsos.
Con la reforma, estas acciones quedan sin una regulación clara, abriendo la puerta a la impunidad en un país que ya es señalado de facilitar el tráfico de migrantes y que ha sido vetado por el gobierno de Estados Unidos que ordenó a los organismos financieros internacionales no otorgar préstamos a la dictadura por promover este delito.
Doble moral y persecución
La reforma evidencia la doble moral del régimen: mientras criminaliza a quienes intentan escapar de la represión y ejercer su derecho a buscar refugio, exime de responsabilidades a redes de tráfico de migrantes que lucran con la desesperación de las personas.
Esta medida no solo refuerza el control autoritario dentro de las fronteras, sino que también permite al régimen desviar la atención de su responsabilidad en la crisis migratoria.
Mientras tanto, la migración forzada continuará siendo una de las trágicas consecuencias de la dictadura, ahora agravada por la amenaza de prisión para quienes intenten escapar de su control.
Según diversas fuentes de organismos internacionales sobre migración, al menos 800 mil nicaragüenses se han visto forzados a salir de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló la crisis social y política por la represión de la dictadura.
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