Un grupo de 71 nicaragüenses en el exilio, entre ellos destacados opositores y activistas, denunció el “autogolpe de Estado” perpetrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de reformas constitucionales aprobadas el pasado viernes 22 de noviembre de 2024.
En un pronunciamiento conjunto, condenaron que estas reformas consolidan una “monarquía absolutista de dos cabezas” y pidieron a la comunidad internacional tomar acciones firmes contra la dictadura.
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«Nosotros, nicaragüenses perseguidos por la dictadura, todos exiliados, algunos ex prisioneros, la mayoría desnacionalizados y confiscados, rechazamos de plano todos los contenidos de dichas reformas, que confirman el carácter totalitario del Estado impuesto por los Ortega y Murillo», indica el pronunciamiento.
Las reformas, aprobadas de manera urgente por una Asamblea Nacional controlada por Ortega, otorgan poder total al Ejecutivo, y colocan a Rosario Murillo como Copresidenta, a los que estarán subordinados el resto de los poderes del Estado.
Además, transforman la naturaleza del Estado al declararlo “Revolucionario y Socialista”, eliminan el pluralismo político, y suprimen la autonomía municipal y de los pueblos indígenas.
Medidas solicitadas a la comunidad internacional
Los firmantes instaron a los gobiernos y organismos internacionales a no limitarse a condenas verbales y a imponer sanciones económicas y políticas que debiliten al régimen. Entre las medidas específicas exigieron:
- Expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), lo que asestaría un golpe significativo a las exportaciones del país, dependientes de este acuerdo.
- Suspender temporalmente el acceso al sistema SWIFT, utilizado por bancos nicaragüenses para transacciones internacionales, en particular con Estados Unidos.
- Detener el financiamiento de instituciones financieras internacionales, que han sido clave para sostener al régimen mediante préstamos y ayudas.
- Iniciar juicios en tribunales internacionales y nacionales por crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y violaciones al Convenio sobre Apatridia.
- Rechazar los intentos de Ortega de controlar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde el régimen busca posiciones de poder regionales para legitimar su dictadura.
“Una dictadura hereditaria”
Entre los firmantes destacan representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes enfatizaron que las reformas buscan consolidar una “dictadura hereditaria familiar” al institucionalizar el control dinástico de Ortega y Murillo.
«Con este autogolpe de Estado y estas reformas, Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen, estableciendo a nivel constitucional la sucesión familiar dinástica y el poder absoluto que ya ejercen sobre Nicaragua», señala el escrito.
Los exiliados advirtieron que estas reformas violan la Constitución de 1987, la Carta Democrática Interamericana, y tratados internacionales sobre derechos humanos.
En su pronunciamiento, calificaron estas acciones como un ataque definitivo al Estado de Derecho y al equilibrio democrático en Nicaragua, instando a la comunidad internacional a actuar con urgencia para frenar la consolidación de esta “monarquía autoritaria” en pleno siglo XXI.
Este llamado busca romper el silencio y la pasividad que, según los firmantes, perpetúan el sufrimiento de los nicaragüenses bajo un régimen que no conoce límites en su afán de perpetuarse en el poder.
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