Las recientes apariciones públicas de Daniel Ortega, visiblemente desgastado y en aparentes malas condiciones de salud, encienden las alarmas sobre el futuro político de Nicaragua.
El dictador de 79 años, quien ha estado al frente del país desde 2007, fue fotografiado el pasado lunes 9 de diciembre de 2024 en una visita a las instalaciones de medios oficialistas.
Su aspecto demacrado, con un bigote descuidado, la mirada casi perdida y con extrema delgadez son señales físicas que reflejan que el dictador de la tercera edad está en su peor momento y ponen en duda su capacidad para continuar al frente del régimen.
El visible desgaste físico del mandatario refuerza los temores de una sucesión autoritaria liderada por Rosario Murillo y sus hijos.
Apenas unas semanas antes, el 22 de noviembre de 2024, Ortega aprobó una serie de reformas constitucionales que han sido interpretadas como un «testamento político» que asegura la continuidad de su régimen a través de su familia.
Este movimiento político, junto con las preocupaciones sobre su estado de salud, pone en evidencia los planes de consolidación dinástica del poder Ortega-Murillo.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, transforman profundamente la estructura del poder en Nicaragua. Entre los cambios más controvertidos destaca la creación de la figura de la «copresidencia», que otorga a Murillo, actual vicepresidenta y esposa de Ortega, igual poder al del presidente.
Murillo, principal heredera de la dinastía
Esta modificación refuerza el papel de Murillo como la heredera política directa de Ortega, legitimando su rol como la líder principal del régimen.
El artículo 133 reformado establece que la presidencia será ejercida por un «copresidente y una copresidenta», ambos elegidos en fórmula, pero con idéntica capacidad de decisión.
Este cambio institucionaliza el control de la familia Ortega-Murillo, ya que la vicedictadora no solo sería la sucesora natural de Ortega, sino que también tendría la facultad de elegir a vicepresidentes posiblemente a partir de enero de 2025, tras la ratificación de la nueva Constitución en segunda legislatura.
Este rol de vicepresidentes recaerá probablemente en sus hijos, quienes ya tienen posiciones estratégicas en el régimen. Laureano, Juan Carlos y Camila, quienes ya desempeñan funciones como asesores de la presidencia, serían los principales beneficiarios de esta reestructuración, consolidando una dinastía familiar en el poder.
El deterioro visible de Ortega ha sido objeto de especulación durante años. Se sabe que el dictador ha enfrentado problemas de salud serios, incluyendo dos infartos que requirieron tratamiento médico en Cuba.
Su limitada presencia pública en los últimos años y su confinamiento en su residencia en El Carmen refuerzan los rumores sobre su capacidad para seguir liderando.
Estas preocupaciones sobre su salud explican la premura con la que se han aprobado las reformas constitucionales. Ortega y Murillo parecen estar diseñando un marco legal que asegure la continuidad de su régimen incluso tras el eventual fallecimiento del líder sandinista.
Un Estado autoritario y dinástico
Las reformas no solo se limitan a la creación de la copresidencia. También reconfiguran a Nicaragua como un estado socialista, revolucionario y cristiano, cimentado en los principios del sandinismo.
Esto refuerza el control ideológico del régimen y excluye cualquier posibilidad de pluralismo político. Además, centralizan aún más el poder en la presidencia, otorgándole facultades sobre los demás órganos del Estado, como el Legislativo, el Judicial y el Electoral.
Las implicaciones de estas reformas son profundas y preocupantes. Por un lado, destruyen cualquier vestigio de democracia en Nicaragua, consolidando un modelo autoritario y dinástico similar al de regímenes como los de Cuba y Venezuela.
Por otro lado, dejan al país en una posición vulnerable, con instituciones totalmente subordinadas a una familia que utiliza el aparato estatal para perpetuar su poder.
La visita de Ortega a los medios oficialistas y las imágenes que evidencian su deterioro físico no son solo un tema de especulación mediática. Son una pieza más en el complejo tablero político de un régimen que se prepara para su continuidad más allá de la vida de su líder.
Las reformas constitucionales aprobadas son la herramienta principal de esta estrategia, asegurando que el poder quede en manos de Rosario Murillo y sus hijos, quienes ya controlan gran parte del aparato gubernamental y mediático.
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