Al menos 25 trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas han sido detenidos en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero sus casos no trascienden públicamente porque están amenazadas, lo que demuestra un aumento de la persecución dentro de sus mismas filas.
Ellos han sido víctimas de detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, procesos judiciales manipulados y desapariciones forzadas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias.
En los casos de este grupo detenidos, las autoridades se niegan a brindar información sobre el paradero de ellos, intensificando el sufrimiento de sus allegados, según recoge el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El organismo expresa que con estas detenciones a simpatizantes sandinistas, se envía “un mensaje claro de que cualquier acto de disidencia, real o percibido, será castigado de manera severa”, y “demuestran cómo las instituciones públicas se han transformado en herramientas de control ideológico y coerción”.
Hijo del fundador del FSLN desaparecido
Un grupo de simpatizantes sandinistas y trabajadores del Estado, incluyendo a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, se encuentran desaparecidos desde hace más de tres meses, sin que las autoridades brinden información sobre ellos.
Gustavo Antonio Zapata; Alejandro José Taleno Rueda; Ernesto Rafael Paredes Pérez; Cristian Eduardo Bermúdez Roque; José Antonio Bermúdez Sobalvarro; Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramos, son parte del grupo del hijo del fundador del FSLN, entre los que se encuentran profesores, funcionarios de la UNAN-Managua, abogados, economistas, administradores de empresas y artistas. La Fiscalía los acusa en secreto de “delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado”.
Dictadura acusa a militantes que tenían un grupo de WhatsApp con Carlos Fonseca Terán
Steadman Fagoth Müller, asesor presidencial y dirigente costeño detenido en agosto de 2024, por demandar la tala ilegal de árboles en la Costa Caribe de Nicaragua, se encuentra desaparecido y no se han presentado las pruebas de que supuestamente pretendía sustraer armamento orgánico de la institución castrense en los puestos militares ubicados sobre la ribera del Río Coco.
“Su caso pone de manifiesto la represión selectiva ejercida por el régimen contra figuras que, pese a tener vínculos previos con el gobierno, son perseguidas por no alinear sus acciones o discursos con las directrices del poder”, reza el informe.
¿Cuántos presos políticos hay en Nicaragua?
Este informe documenta 45 presos políticos, de los cuales 39 son hombres y seis son mujeres. Entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre, la dictadura llevó a cabo redadas en todo el país, que resultaron en al menos 46 detenciones en más de 14 departamentos.
Dentro de este grupo, seis personas fueron desterradas, incluyendo a la familia del periodista y empresario Henry Briceño, quien desde Costa Rica denunció que fueron sacados de su hogar sin ningún tipo de explicación, incluyendo un menor de 11 años también víctima de este destierro.
Steadman Fagoth continúa siendo asesor presidencial y no hay acusación en su contra
Por otro lado, las pocas monjas que permanecen en el país recibieron un ultimátum para abandonarlo antes del 31 de diciembre. Esta medida implica la confiscación de propiedades de las congregaciones y la cancelación de organizaciones vinculadas a la Iglesia católica.
Nicaragua Investiga
