La dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta una nueva ola de críticas internacionales tras la presentación de dos informes clave en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estos documentos exponen el flagrante desprecio del régimen sandinista por las normas internacionales, manteniendo en prisión a disidentes sin justificación legal y encubriendo decenas de desapariciones forzadas, en un claro intento de sofocar cualquier voz opositora.
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Expertos independientes de la ONU han calificado las detenciones de al menos seis ciudadanos como arbitrarias y motivadas por venganza política.
Entre los afectados se encuentran Jaime Enrique Navarrete Blandón, capturado durante las revueltas de 2018 y que ya ha cumplido su sentencia impuesta; los hermanos Ignacio y Celso Lino Argüello; Donald Andrés Arcángel Bruno; Dionisio Zacarías Robins; y Nancy Elizabeth Henríquez James.
Según el análisis del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, estos arrestos violan principios básicos como el derecho a un juicio justo, la libertad de opinión y carecen de cualquier fundamento jurídico válido. La ONU ha demandado su libertad inmediata y compensaciones adecuadas, pero el régimen ha hecho oídos sordos, perpetuando así una afrenta continua a los derechos humanos.
Más de 100 desaparecidos en un año
En paralelo, el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas pinta un panorama aún más sombrío: entre mayo de 2024 y mayo de 2025, se registraron 112 casos de personas desaparecidas por acciones estatales. De estos, ocho fueron alertados de urgencia al régimen, destacando riesgos inminentes para la vida de los detenidos «debido a condiciones inhumanas en las cárceles».
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Sin embargo, no ha habido ni una sola respuesta oficial. Muchos de estos incidentes remontan a la brutal represión de 2018, revelando un esquema sistemático para eliminar la disidencia mediante el terror y la invisibilidad. La solicitud de una misión de la ONU para inspeccionar el terreno en febrero fue rotundamente rechazada, lo que agrava el aislamiento del país.
Estos hallazgos consolidan la percepción global de un régimen autoritario que recurre a la represión como pilar de su poder. Mientras Ortega y Murillo ignoran estos llamados, el sufrimiento de familias y víctimas se prolonga, y la comunidad internacional debe intensificar la presión para forzar cambios reales.
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