Un nuevo informe emitido este martes 17 de diciembre de 2024 por Amnistía Internacional revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cierra el año con una estrategia represiva más refinada y sistemática contra cualquier forma de disidencia en Nicaragua, que incluye a opositores y hasta a sus propios seguidores que sean considerados una amenaza.
De acuerdo con el análisis presentado en el documento se confirma el perfeccionamiento de un patrón estatal que inició en 2018 con el uso de la fuerza letal contra manifestantes y que hoy se expresa en el destierro, la privación arbitraria de la nacionalidad y el desmantelamiento absoluto de la sociedad civil.
«El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y lideres indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal», indica el documento.
Liberan bajo amenazas a opositores detenidos en noviembre pasado
El informe refiere que el régimen ha perfeccionado leyes que sirven de fachada para justificar la persecución de personas defensoras de derechos humanos y la cancelación de la personalidad jurídica de miles de organizaciones civiles.
Describe en detalle la consolidación de un andamiaje legal y represivo que va desde ejecuciones extrajudiciales hasta la criminalización de opositores políticos, líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo indígenas.
A pesar de las excarcelaciones en 2023 y 2024, el organismo internacional denuncia que numerosas personas aún permanecen detenidas en condiciones deplorables.
En este sentido, la sistematicidad de las violaciones evidenciadas y documentadas por diversos mecanismos internacionales apunta a la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
«En un contexto de represión y cierre absoluto del espacio cívico en Nicaragua, las autoridades han continuado implementando y perfeccionado una estrategia represiva que ha escalado desde el uso de la fuerza letal contra manifestantes en 2018 hasta la actual privación arbitraria de nacionalidad”, menciona el documento.
Uno de los aspectos más alarmantes, según Amnistía, es la ampliación de la represión más allá de las voces críticas tradicionales, alcanzando incluso a personas sin afiliación política clara.
Reformas para consolidar poder
La represión se explica también a través de la cooptación del aparato judicial y la Asamblea Nacional, que han aprobado reformas constitucionales y legales para consolidar el poder absoluto del Ejecutivo.
Estas nuevas normas permiten criminalizar la disidencia, juzgar en ausencia a quienes se encuentran en el exilio y desconocer sentencias internacionales que protegen derechos fundamentales.
«La respuesta de las autoridades de Nicaragua ha sido desproporcionada y violenta, con un saldo devastador de víctimas. En su momento, diferentes mecanismos regionales y universales de derechos humanos documentaron al menos 355 muertes”, indica el informe.
La organización destaca que las últimas reformas legislativas, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) o la reforma constitucional aprobada en noviembre, tienen un claro propósito: consolidar la criminalización de la oposición, imponer la censura y asegurar la impunidad.
Otro rasgo preocupante que añadió es el incremento de la persecución contra pueblos indígenas y líderes religiosos, quienes han sido criminalizados, forzados al exilio o directamente desaparecidos. La privación arbitraria de la nacionalidad, que afecta ya a más de 400 personas, se ha erigido como uno de los métodos más extremos para silenciar voces críticas.
Llamado a la comunidad internacional
El informe destaca que la comunidad internacional debe intensificar la vigilancia sobre Nicaragua y brindar protección a quienes huyen del país.
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones internacionales, liberar de inmediato e incondicionalmente a quienes han sido detenidos arbitrariamente por expresarse en contra del régimen, así como a poner fin al hostigamiento y la criminalización de voces críticas.
Finalmente, el documento concluye que la situación en Nicaragua no sólo compromete los derechos humanos de su población, sino que también constituye un desafío para la estabilidad regional, al generar desplazamientos forzados y exilio masivo.
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