El 2024 llega a su fin en Nicaragua bajo la sombra de una represión cada vez más asfixiante tanto para opositores como seguidores del régimen sandinista, agravada por la aprobación de nuevas leyes represivas diseñadas para consolidar el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A medida que la dictadura sandinista cierra filas para perpetuarse en el poder, incrementa el desempleo y la migración de miles de nicaragüenses en busca de mejores oportunidades, lo que revela la profundidad de la crisis que atraviesa este país desde 2018, de la que no se escapa ningún nicaragüense.
En declaraciones al medio digital Confidencial, el especialista en temas migratorios e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, detalló que unos 95 mil nicaragüenses emigraron en 2024 a distintos países, la gran mayoría –58 mil– hacia Estados Unidos bajo el programa de migración regular conocido como parole humanitario.
Según el experto, “seis años después del estallido de la crisis sociopolítica de 2018, la migración es una de las mayores consecuencias de la represión”, lo que ha llevado a que casi 7 de cada 10 hogares en Nicaragua tengan al menos un familiar en el extranjero.
Orozco agrega que este fenómeno se ha triplicado desde 2018, evidenciando el dramático aumento en la cantidad de personas que se ven obligadas a dejar el país.
El investigador también comparó las cifras de migración entre 2017 y 2023-2024, subrayando que en 2017 se registraban 658, 203 nicaragüenses en el exterior, de los cuales 280,000 residían en Estados Unidos.
Sin embargo, la cifra ha aumentado a un millón 519 mil 043 emigrantes nicaragüenses, con 839,620 viviendo en territorio estadounidense; es decir, unos 850 000 nicas han salido del país en los últimos seis años.
Estos datos, basados en fuentes oficiales y cálculos propios de Orozco, reflejan la persistencia y la agudización de la crisis migratoria, impulsada principalmente por la represión política y la falta de oportunidades económicas ante los altos índices de desempleo que registra el país, aunque el régimen oculta estas cifras.
Un ciclo de represión que no se detiene
A medida que se acerca 2025, el régimen sandinista parece más sólido que nunca, en parte gracias a un aparato de represión consolidado, el control de la narrativa oficial y la persecución de voces críticas, incluyendo a la Iglesia Católica, organizaciones civiles y periodistas independientes.
Desde las protestas de 2018, Nicaragua ha vivido una escalada en la represión. Periodistas independientes y opositores continúan denunciando amenazas, hostigamiento y casos de censura.
Muchos se han visto obligados a exiliarse para evitar detenciones arbitrarias, mientras el régimen sigue obstaculizando la labor periodística con leyes que buscan silenciar voces críticas.
La Iglesia Católica ha sido tradicionalmente una de las instituciones más influyentes en el país. Sin embargo, la constante persecución —que incluye el exilio o encarcelamiento de sacerdotes críticos— ha debilitado su capacidad de mediación.
Para finales de 2024, cada vez más templos y medios católicos reportan cierres, investigaciones y confiscaciones de bienes.
Ortega y su círculo señalan a la Iglesia como un supuesto centro de desestabilización, lo que ha resquebrajado la relación de años entre el sandinismo y sectores eclesiales.
Una serie de reformas legales y la aprobación de normativas de “seguridad ciudadana” han facilitado la detención, la vigilancia y el enjuiciamiento de personas críticas con el gobierno.
Un régimen aislado y sancionado
Diversas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han limitado el acceso del régimen a financiamiento extranjero, lo cual ha impactado en el desempeño económico.
Sin embargo, Ortega continúa buscando alianzas políticas y comerciales con actores como Rusia, Irán y algunos países asiáticos, donde el intercambio político y económico no está condicionado por exigencias democráticas.
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Desde 2021, Ortega se ha enfrentado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales que demandan la liberación de presos políticos y la restitución de derechos civiles.
Su respuesta ha sido la de una retórica nacionalista cada vez más encendida, calificando a estos organismos como “intervencionistas”.
En 2024, el país profundizó su aislamiento al reducir la cooperación internacional y endurecer su posición frente a ONGs y misiones humanitarias.
Pese a que las cifras oficiales son difíciles de contrastar (dado el control gubernamental sobre la información), se percibe un notable incremento en la economía informal.
Muchas pequeñas y medianas empresas han cerrado por falta de inversión y presiones fiscales. El turismo, que fue alguna vez un eje de crecimiento, todavía no se recupera del todo; las tensiones políticas y las advertencias de seguridad han mermado la llegada de viajeros extranjeros.
Rol de la comunidad internacional
Pese al desencanto con la efectividad de las sanciones, no hay duda de que el rol de organismos internacionales y de países aliados a la democracia seguirá siendo clave para presionar al régimen y sostener a la ciudadanía que vive una condición cada vez más precaria.
En estos días de cierre de año, con el bullicio comercial en algunas calles de Managua y la nostalgia de las celebraciones familiares, la contradicción es evidente. Se quiere vivir la fiesta, pero al mismo tiempo el país parece atrapado en un ciclo de confrontación y miedo.
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