El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía Nacional, juramentó a más de 1,700 supuestos “policías voluntarios” en la plaza parque Domingo Gadea de la ciudad de Estelí, este miércoles 15 de enero de 2025.
Según la versión oficial, difundida por el medio de comunicación afín al régimen TN8, este nuevo contingente brindará apoyo a instituciones como los Bomberos Unidos y la Cruz Blanca, con el propósito de “fortalecer la seguridad” en los barrios y comunidades de la zona norte del país.
El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, expresó que la ciudad crece en población y economía, y que ello exige mayor seguridad, por lo cual alabó la investidura de las nuevas fuerzas policiales.
Sin embargo, omite mencionar que esta iniciativa se enmarca en las reformas a la Constitución Política promovidas por Ortega y Murillo, que establece la institucionalización de grupos paramilitares para reprimir a la población en general, ya sea a opositores del régimen como también a sus mismos seguidores sandinistas que se atrevan a criticar la gestión de la dictadura.
En particular, el artículo 97 de la Constitución reformada legitima la creación de la Policía Voluntaria, la cual se define como un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional.
A simple vista, esta figura buscaría incrementar la “colaboración ciudadana”; pero en la práctica, facilita la institucionalización de las fuerzas paramilitares.
De esta manera, el aparato de seguridad del régimen se expande de forma legal, amparado en recientes reformas constitucionales que otorgan a Ortega y Murillo el poder de militarizar la vida civil y mantener un férreo control político.
La ceremonia de juramentación, encabezada por el Director General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, y el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, dejó en claro el mensaje oficial.
“La paz que se disfruta en Nicaragua debe mantenerse y protegerse”, dijo Díaz. No obstante, la “paz” a la que alude el consuegro de los dictadores Ortega y Murillo se traduce en un clima de temor generalizado, con la consolidación de fuerzas de choque y un aparato represivo que se infiltra en todas las esferas de la sociedad.
«Policías voluntarios» enmascarados
En la plaza Domingo Gadea, los nuevos policías voluntarios aparecieron con camiseta blanca y pantalón negro o azul. Sin embargo, a diferencia de lo que dicta la narrativa oficial sobre “ganarse la confianza de las personas”, muchos de estos elementos cubrían sus rostros con pasamontañas, revelando únicamente sus ojos.
«Su labor incluye velar por los derechos de las familias, ganarse su confianza y atender las problemáticas que puedan surgir en sus sectores», indica la publicación del medio oficialista TN8.
La aparición de individuos enmascarados en un acto que pretende exhibir cercanía con la población evidencia la real intención del régimen sandinista que es mantener en la sombra las identidades de quienes, de facto, fungirán como brazos armados al servicio de la dictadura.
A estos nuevos grupos se les atribuirá la facultad de “atender las problemáticas que puedan surgir en sus sectores”, lo que supone el riesgo de que ejerzan funciones de control social y espionaje a favor del régimen.
Régimen sandinista juramentará a paramilitares como «policías voluntarios»
Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, y con mayor fuerza tras las protestas de 2018, la represión gubernamental se ha intensificado. Las fuerzas paramilitares, hasta ahora operando en la sombra, han sido acusadas de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y torturas, acciones que organizaciones locales e internacionales han documentado ampliamente.
Con estas modificaciones legales a la Constitución Política, el régimen logra que esa estructura paralela se fusione de manera oficial con la Policía Nacional, diluyendo las líneas que separan la autoridad legítima del uso arbitrario de la fuerza.
Este acto confirma la estrategia de Ortega y Murillo de consolidar su poder mediante la perpetuación de un entorno de intimidación y miedo, sustentado en la coacción de fuerzas leales que operan bajo el amparo de la ley, pero con métodos similares a los de grupos paramilitares.
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